La Justicia aceptó parcialmente el hábeas corpus presentado por operadores y policías de la Unidad 5 Femenino. En el recurso pidieron que “se cese el ingreso de forma inmediata de más personas privadas de libertad” a esta unidad hasta que el hacinamiento baje a 120%, ya que la cárcel tiene 390 plazas y hay 719 mujeres. Asimismo, pidieron el ingreso de 150 funcionarios de la seguridad interna para mejorar la relación con la cantidad de personas privadas de libertad y realizar obras en infraestructura sanitaria y eléctrica.
El Ministerio del Interior (MI) fue condenado a presentar un plan en un plazo de 45 días para realojar a personas privadas de libertad del tercer piso a otros sectores hasta disminuir a 120% el nivel de hacinamiento. La Justicia dio un plazo de 120 días para tomar acciones para abordar la falta de personal para permitir el ejercicio del derecho a realizar actividades laborales, educativas y recreativas, y cesar prácticas de aislamiento prolongado. Por otro lado, se rechazó parte del hábeas corpus que incluía impedir nuevos ingresos a la unidad porque, según el juez en lo penal de 44º turno, Matías Porciúncula, se “estaría desconociendo la realidad carcelaria del país en cuanto a alojar inmediatamente a reclusas en otros centros carcelarios, a las que también probablemente se les estaría vulnerando sus derechos, apartándolas del territorio donde se ubica su familia”. El juez señaló, a su vez, que condenar al MI a incorporar una cantidad determinada de funcionarios sería inmiscuirse en sus competencias.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, manifestó estar de “acuerdo” con el recurso judicial, pero se declaró sin potestades para resolverlo. “Nosotros tenemos limitaciones. Si la Justicia se pronuncia de una manera, estaremos hablando con la ministra de Economía [Azucena Arbeleche] al respecto y con la Oficina de Planeamiento [y Presupuesto] para acelerar los tiempos” de la construcción de una cárcel de participación público-privada con 800 plazas en el predio de la Unidad 1 Punta de Rieles, también de participación público-privada, que fue anunciada en varias oportunidades.
Heber dijo que no pueden “construir una cárcel de un día para el otro”. “Me gustaría poder hacerlo, pero no lo puedo hacer”, recalcó. El MI apeló este jueves la resolución judicial que lo obliga a llevar acciones adelante en la cárcel de mujeres.
El 20 de enero de 2023 Heber aseguró que “para 2025 el gobierno habrá resuelto el hacinamiento en las cárceles”. Casi nueve meses después, volvió a referirse a ese asunto: “Yo aspiro a que en esta administración, cuando termine, hayamos resuelto el tema del hacinamiento o esté en vías de construcción la posibilidad de resolver el hacinamiento que tenemos hoy en las cárceles”. “No olvidemos que tenemos hoy 15.000 personas privadas de libertad”, concluyó.
Familias Presentes emitió un comunicado en el que manifiesta su apoyo al hábeas corpus y su resolución. La organización considera que esta medida es “un paso trascendente en el reconocimiento de la violación de Derechos Humanos en nuestras cárceles” y plantea que demuestra “la necesidad urgente de instrumentar mejoras y abatir el hacinamiento”. En este sentido, “Familias Presentes solicita a las autoridades del Ministerio del Interior, para cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de Derechos Humanos y prevención de la tortura, la mayor celeridad en el cumplimiento de la sentencia”.
Gabriela Rodríguez, presidenta de Familias Presentes, dijo a la diaria que lo que motivó su declaración pública “tiene que ver con que realmente para nosotros cada vez es más preocupante la situación de las cárceles en general, y en particular la de la cárcel de mujeres, la Unidad 5”. Detalló que llegan a esta conclusión “a partir de las observaciones que ha hecho el comisionado parlamentario penitenciario [Juan Miguel Petit], y de las muertes y las torturas que se han suscitado en el último tiempo, donde mujeres agreden a otras”. “Todo eso nos viene dando la sensación de que es muy grave y de que parece que en algunos lados el control no estuviera en manos de las autoridades”, sentenció.
Rodríguez dijo que el hecho de que haya “funcionarios ocupados y preocupados por esto que presentaran un hábeas corpus nos pareció algo muy saludable por parte del sistema”. “Conocemos que la dirección de la cárcel tiene un compromiso importante con la unidad, pero evidentemente hay condiciones edilicias, de infraestructura y, ni que hablar, de escasez de recursos humanos que inviabilizan cualquier buen funcionamiento”, resaltó la presidenta de Familias Presentes. Por eso, “vimos con muy buenos ojos que la Justicia, aunque fuera parcialmente, fallara favorablemente al recurso de hábeas corpus”. “Esto representaría una oportunidad para las autoridades, al contar con este respaldo de la Justicia que les permitiría solicitar los recursos necesarios para, con mucha urgencia, resolver al menos algunas situaciones de emergencia en esta unidad”.
Por otra parte, Stella Maris Padrón, directora de Familiares de Presos, conocido como Fam Pres, señaló en diálogo con la diaria que la resolución que tomaron fue que, en caso de que el MI apele a la resolución del hábeas corpus, van a enviar una nota al ministro Heber y otra a Presidencia, porque “no creemos que la apelación sea válida”.
La directora de Fam Pres comentó que no se está enterando de esta situación por esta denuncia. “O sea, la situación para ellos debería ser más que sabida y, en realidad, no creo que haya tiempo, y acá no se está planteando la formación de nuevas cárceles, como dijo Heber”, explicó Padrón, al tiempo que dijo que “acá lo que se está planteando es tratar de sacar el hacinamiento, que fue creado por la ley de urgente consideración [LUC]”. “A partir de que se aplicó la LUC, con [las penas para] el microtráfico, la mayor parte de las imputadas fueron mujeres y hoy tenemos esta situación”, enfatizó.
Padrón afirmó que tomó conocimiento de que “el director [de la cárcel, Alejandro Chaves] estaba visitando algunos pisos y que en celdas donde había diez mujeres privadas de libertad querían agregar camas y que esas celdas pasen a estar ocupadas por 20 mujeres”. “Lo que se me explicó es que en un piso en el que hay 50 mujeres privadas de libertad con un solo duchero y una sola cocina, a la que le funciona una sola hornalla, porque ni el horno funciona, va a pasar de haber 50 a 100, o sea que creo que vamos a complicar la situación”, sostuvo.
En cuanto a los posibles traslados a cárceles del interior, Padrón dijo que “se deberían tomar en cuenta las solicitudes de traslado por acercamiento familiar y no hacer traslados al barrer, que puede dejar a mujeres privadas de libertad alejadas de la familia, lo que complicaría más la situación”. Enfatizó en que “no se puede ahora agarrar a las privadas de libertad al barrer y trasladarlas”, porque también se generarían problemas en otras cárceles, “donde medianamente la parte de mujeres está bastante bien”.
“En realidad, no entendemos la apelación del ministro”, remarcó la directora de Fam Pres. “Creemos que no hay tiempo y que si esto llevó a estas situaciones es porque hemos presentado muchísimas veces reclamos y no nos han escuchado”, criticó, y agregó que en la Unidad 5 “hay varias denuncias que yo considero que son graves”.