El fiscal de Corte adjunto, Juan Gómez, pidió la extensión de su licencia médica por un mes más para continuar el tratamiento por una afección cardíaca, según informó Montevideo Portal y confirmó la Dirección de Comunicación de la Fiscalía General de la Nación.

Mónica Ferrero, que ejerce como fiscal de Corte subrogante, realizó una consulta al departamento de jurídica de la Fiscalía para saber si puede continuar al frente de la fiscalía y a su vez retomar su cargo en el fiscalía especializada en Estupefacientes de primer turno, que interinamente está siendo ejercido por la fiscal Angelita Romano.

Gómez pidió licencia a fines de diciembre de 2023 para ser sometido a una intervención quirúrgica, por lo que desde ese momento quedó Ferrero a cargo de la fiscalía, por ser “la fiscal penal de Montevideo con mayor antigüedad en el cargo”, tal como dispone el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación (19.483).

La salida circunstancial de Gómez generó el regreso de la discusión parlamentaria sobre su sustitución, dado que desde el inicio del período de gobierno el oficialismo y la oposición intentan ponerse de acuerdo para nombrar un nuevo fiscal de Corte.

Desde la renuncia de Jorge Díaz, en octubre de 2021, el sistema político tiene pendiente la designación de un fiscal de Corte titular.

Gómez asumió como fiscal adjunto por designación de Díaz, en abril de 2021, y seis meses después quedó al frente de la Fiscalía, cargo que puede ejercer hasta junio de 2025, cuando deberá retirarse por cumplir 70 años, algo que está determinado en el artículo 55 de la Ley 19.483.

Una de las posibilidades que se pondrán sobre la mesa cuando se levante el receso parlamentario es sustituir al fiscal de Corte por un triunvirato, algo que fue apoyado por el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez e impulsado por su par colorado Gustavo Zubía, pero que genera reparos en tanto podría devenir en un reparto político partidario de los cargos, tal como sucede en otros organismos con conducción colectiva.

El artículo 168 de la Constitución establece que la designación del fiscal de Corte y procurador general de la Nación le corresponde al presidente de la República, con venia de tres quintos de los componentes del Senado.