El fiscal especializado en Delitos Complejos de 3°, Gilberto Rodríguez, archivó la denuncia presentada por los senadores del Partido Nacional, Sergio Bottana y Graciela Bianchi, para investigar la filtración a la prensa del contenido del celular de Gustavo Penadés, incautado por la policía en agosto de 2023, cuando estaba siendo investigado por delitos sexuales contra adolescentes.
Rodríguez definió archivar la denuncia al no encontrar modo de rastrear de dónde surgió la información que fue divulgada por varios medios de prensa.
En el documento de archivo, publicado por Botana, el fiscal Rodríguez señala que tras varias diligencias formuladas a la Fiscalía de Corte, al Ministerio del Interior y a la fiscal del caso Penadés, Alicia Ghione, pudo concluirse que la información del celular fue extraída por la Unidad de Cibercrimen y que ni el Ministerio del Interior ni la fiscalía detectaron alguna irregularidad en la cadena de custodia del celular de Penadés.
“La información evidencial recabada no permite encontrar responsabilidad a persona alguna, ni concretar el tracto que pudiera permitir realizar la trazabilidad entre la información obtenida desde el celular y seguidamente el haberla proporcionado al periodista” Eduardo Preve, quien fue el primero en obtener la información. Gilberto Rodríguez menciona también el derecho a la protección de las fuentes periodísticas.
La denuncia fue presentada el 13 de junio ante la seccional 1° en junio, luego de que se divulgara el contenido de un grupo de Whatsapp de senadores del Partido Nacional, en los que discutían sobre la iniciativa de los ediles de promover un juicio político contra la entonces intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.
“Este tema debería ser postergado hasta que alguien reclame su tratamiento. Es decir, para siempre”, escribió Botana en el grupo.
“Sergio: de verdad no entiendo la diferencia de sacarnos el tema ahora. El FA lo puede usar contra nosotros en cualquier momento. Y los intendentes blancos tienen algunas ‘cositas’ que tapar. ¿Quieren que empiecen ellos con juicios políticos? No se olviden que se necesita sólo un tercio de los votos de la Junta”, respondió Bianchi.
La filtración del celular de Penadés también permitió conocer la opinión del expresidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, sobre la fiscal del caso Penadés, Alicia Ghione, a quién calificó como “nuestra” y una conversación en la que se jactaba de haber presionado al fiscal de Corte Juan Gómez -al que llamó “cagón”- para incidir en la designación del fiscal que investigaba penalmente a Penadés, lo que finalmente derivó en la renuncia de Iturralde.
Otro punto que se conoció por la filtración a la prensa fue el pedido de Gustavo Penadés al director de Fiscalización de la Dirección General de Impositiva, Pablo Chalar, para que averiguara quiénes eran los dueños de una arrendadora de autos que utilizaba Johnatan Mastropierro, uno de los denunciantes contra Penadés. La filtración generó el inicio de una investigación administrativa contra Chalar, por presunta violación del secreto tributario, que todavía está en curso.
La denuncia presentada por los senadores blancos planteaba un eventual delito de violación de correspondencia, previsto en el artículo 296 del Código Penal. También mencionaba el artículo 19 de la Ley 16.099, que establece los delitos cometidos a través de los medios de comunicación y plantea que “en caso de que se pruebe judicialmente la obtención ilícita de la información protegida y siendo dicha información conocida por quien publica, no quedaría comprendido por la libertad de información” y los delitos de revelación de documentos secretos y revelación del secreto profesional, previstos en los artículos 300 y 301 del Código Penal.