El abogado Juan Fagúndez, quien representa a la parte denunciante en la causa contra el intendente de Tacuarembó Wilson Ezquerra, realizó una conferencia de prensa junto al periodista de radio La Kandela, Sebastián Ríos, para explicar en detalle la denuncia por conjunción de interés público y privado en la venta de un campo de 14 hectáreas que pertenece al intendente. 

Fagúndez dijo que cualquier funcionario público puede vender su propiedad, pero el delito se comete cuando “el funcionario público realiza negocios con personas que necesitan el aval del lugar donde el funcionario ejerce su cargo público”.

“Existe en la ley el mandato de que el funcionario público tiene el deber de no inmiscuirse con su patrimonio privado. En este caso, [fue] con un particular cuyo negocio depende de una intervención de la intendencia, que no es una intervención nimia”, agregó. 

El abogado señaló que en el proceso intervinieron varios departamentos de la Intendencia, con la participación del intendente en varios pasos de ese trámite. Fagúndez descartó intencionalidad política y reivindicó la seriedad de lo denunciado.

“El intendente tiene todo el derecho a dar su opinión. La denuncia es una denuncia fundada, no es un tiro por elevación ni un tema político, ni un tema para complicarle la vida a nadie”, señaló. 

Fagúndez señaló que el reciente cambio de fiscal en la causa implicará que la fiscalía tenga que volver a estudiar el expediente. “Capaz que este fiscal dice 'yo con esto puedo empezar a citar gente'; el estilo de los fiscales es de cada fiscal”, comentó.

En cuanto a las posibles penas que podrían llegarle a caber al intendente si fuera imputado y condenado, Fagúndez descartó en principio que pudiera tener consecuencias de prisión, más tratándose de un primario, pero advirtió que podría ser inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. 

“Él puede postularse, salir nuevamente intendente y la investigación estar en curso. Lo que no tiene es una inmunidad absoluta”, señaló. Por otra parte, afirmó que el intendente fue avisado sobre la posibilidad de incurrir en ilegalidades si concretaba el negocio.

El 31 de mayo, la intendencia envió a la Junta Departamental la declaración de interés de un proyecto maderero de capitales brasileños que se instalará en la zona y pidió la recategorización del padrón, para que pase de rural a suburbano industrial. 

En la denuncia, Ríos plantea que ese mismo día Ezquerra concretó la venta de su campo a la empresa Ballintoy SAS, que busca instalar una planta industrial de madera de pino, por 210.000 dólares, cuando el predio había sido comprado por el intendente en 2007, por 32.000 dólares, y había sido declarado en 2022 ante la Junta de Transparencia y Ética Pública por un valor de 45.150 dólares.

“Mientras sos intendente, esto no lo podés hacer. Es tan sencillo como eso. No entremos a hablar en latín, que el delito y el tipo penal, y la antijuricidad y la pena... Si vos sos funcionario público, no te podés involucrar en un negocio con un particular que va a necesitar que los papeles pasen por donde vos. Sos funcionario; además, es el jerarca máximo. 'Yo no firme nada', pero sos el jerarca del director este y este que firmaron todo”, agregó.