La fiscal de Flagrancia de 12° turno, Sabrina Flores, pidió el sobreseimiento de los excónsules uruguayos en Rusia Stefano Di Conza y Gustavo Piegas, tras obtener evidencia que los eximía de responsabilidad en la conformación de partidas de nacimiento con datos falsos para la expedición de pasaportes uruguayos, según informó El País y confirmó la diaria.
A fines de noviembre de 2022, la entonces titular de la fiscalía, Gabriela Fossati pidió la imputación de Di Conza por 14 delitos de fraude en concurrencia fuera de la reiteración con 14 delitos de suposición de estado civil, y pidió como medida cautelar su prisión preventiva, lo que fue aceptado por el juez Fernando Islas y luego ratificado por el Tribunal de Apelaciones de tercer turno con los votos de los ministros José María Gómez y Julio Olivera. Di Conza estuvo entre el 27 de noviembre y el 3 de febrero en prisión.
Di Conza se desempeñó en el consulado uruguayo en Rusia entre 2013 y 2018. Según supo la diaria, la versión del diplomático ―al menos hasta la audiencia de formalización― es que excedía su responsabilidad verificar la autenticidad del documento y que nunca fueron advertidos desde el Ministerio del Interior de la existencia de riesgos en el trámite de expedición de pasaporte; además, negó cualquier vinculación con la organización criminal integrada por el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, el escribano Álvaro Fernández y el ruso Alexey Slivaev.
Además del trabajo consular, Di Conza estaba encargado de recibir a las autoridades políticas y al desconocer el idioma ruso, la oficial de cancillería rusa era quien se encargaba de concretar las citas con los interesados en adquirir el pasaporte, mientras que él chequeaba que estuvieran los sellos institucionales requeridos para ese trámite.
Por su parte, Piegas fue imputado en marzo de 2023 por el juez Alejandro Asteggiante por reiterados delitos de suposición de estado civil, también a pedido de la fiscal Fossati, y se le impusieron medidas limitativas como la entrega del pasaporte, fijación de domicilio, cierre de fronteras y la prohibición de comunicación con funcionarios de la embajada uruguaya en Rusia.
La defensa de Di Conza, que es llevada por el abogado Florencio Macedo, había presentado en abril de 2023 evidencias que fueron clave para su sobreseimiento, que daban cuenta de que se había utilizado su firma sin que él estuviera presente en la embajada, algo que también ocurrió con Piegas. Luego la fiscalía corroboró varias pericias caligráficas de las defensas de parte que daban cuenta de la falsificación de la firma y, tras pericias en los celulares de ambos, no se encontró ningún elemento que los vinculara a la organización dedicada a la falsificación de documentos.
“Los imputados no hablaban el idioma ruso, la oficial de cancillería, Victoria Rodríguez, es quien hablaba el idioma y español, por lo tanto oficiaba de traductora de los cónsules, era ella quien recibía la documentación presentada así como quien se comunicaba con los gestionantes que se presentaban en el consulado, y finalmente era ella quien recababa firmas, fotos y huellas dactilares”, señala el documento al que accedió la diaria.
“De diversa documentación de ambos imputados (pasaportes, registros de ingresos y egresos a Rusia, agendas del consulado, solicitud de licencias reglamentarias y certificaciones médicas, etcétera) se logró determinar que en varias oportunidades en que se gestionaron pasaportes con documentación apócrifa y con los usuarios de los cónsules, los mismos no se encontraban en el país, o bien se encontraban de licencia, por lo que no fueron ellos quienes realizaron dichos trámites”, agrega el pedido de sobreseimiento de la fiscal Flores.
La fiscal señaló que la investigación penal no pudo avanzar en cuanto a cómo eran los contactos en Moscú para llevar al consulado uruguayo a los interesados en sacar el pasaporte a partir de documentos adulterados. “El problema que se presenta en este punto es que operaron ―a criterio de la actual representación― en forma prematura las formalizaciones de ambos cónsules, sin que se haya avanzado en otro tipo de información o evidencia que permita clarificar la participación de los mismos o de otras personas”, expresó Flores, quien detalló que Moscú no respondió las consultas ni avanzó en las diligencias pedidas por la fiscalía.
Entre los puntos que había pedido la investigación uruguaya estaba la indagatoria, en calidad de testigos, de las 84 personas mayores de edad que obtuvieron el pasaporte, la retención de dichos documentos, la indagatoria en calidad de indagada de la oficial de cancillería y otros dos ciudadanos rusos, y se requirió la incautación de los celulares y pericias a efectos de obtener información que aporte a la investigación, sin obtener respuesta alguna.