La defensa del senador del Frente Amplio Charles Carrera presentó este miércoles una solicitud de archivo de la causa que lo investiga penalmente en el caso de Víctor Hernández, el hombre que quedó parapléjico luego de recibir una bala en la madrugada del 11 de noviembre de 2012, en La Paloma. Si bien no se pudo identificar a un responsable, hay evidencia de que la bala provino de la casa de enfrente, donde se estaba festejando el cumpleaños del subcomisario Marcos Martínez.

En el documento presentado ante la fiscal especializada en Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, Silvia Porteiro, el abogado de Carrera, Juan Manuel González Rossi, plantea que la denuncia presentada por el Ministerio del Interior contra el senador de la oposición no tiene ningún fundamento jurídico, dado que le atribuye la comisión de conductas que no están tipificadas.

Concretamente, el senador fue denunciado por las autoridades del ministerio por entregarle a Hernández tickets de alimentación de 20.000 pesos durante unos tres años y autorizar su atención en el Hospital Policial.

En cuanto a la atención de Hernández en el Hospital Policial, el escrito rechaza lo planteado por los denunciantes en cuanto a que se trata de una autorización informal. El senador presentó documentación que certifica que se trató de una decisión institucional respaldada en varias resoluciones de la cartera. “Esa resolución ni es informal ni es dispuesta por el Sr. Charles Carrera. Como surge de la carátula de la historia clínica del Sr. Víctor Hernández, este ingresó al hospital con una ‘Autorización Especial’ que fue concedida por el Director de Asuntos Sociales Dr. Leonardo Anzalone”, señala el documento presentado a Porteiro, que agrega que en “cada una de sus entradas y salidas del hospital volvía a recibir una nueva autorización”.

A su vez, señala que los tickets de alimentación que se le entregaron a Hernández no fueron determinados en una única resolución, sino que hubo “una multiplicidad de resoluciones concretas” que, “lejos de ser informales, fueron todas debidamente documentadas”.

El escrito también hace referencia a una ampliación de la denuncia contra Carrera por parte del Ministerio del Interior sobre el uso del Hospital Policial por parte de la expareja del senador, en la que se justificó el ingreso de ese hecho a la misma causa por considerar que se había usado el mismo “modus operandi”. “Ambos –al igual que otras miles de personas conforme las declaraciones que surgen de la investigación aportada por el propio ministerio– habrían recibido atención en el Hospital Policial sin ser usuarios. Lo único que tienen en común es que pueden utilizarse para dañar reputacionalmente a Charles Carrera. Y es ese el verdadero y único propósito del actual Ministerio del Interior”, respondió la defensa.

En el pedido de archivo, la defensa de Carrera señala que Hernández y su familia presentaron una demanda civil por daños y perjuicios contra el Ministerio del Interior y unas diez personas que se encontraban en la fiesta de cumpleaños del subcomisario, que fue desestimada por la Justicia.

El abogado González Rossi cuestionó el intento de la abogada del Ministerio del Interior Sylvia Carabajal de ingresar a la carpeta fiscal la grabación de una conversación entre Charles Carrera, Hernández y su hermano, señalando que esa grabación formaba parte del expediente en la Justicia civil, cuando en realidad el ingreso de esa prueba fue rechazado en la causa civil y fue el propio ministerio el que abogó para que no fuera tenida en cuenta.

“La referida grabación de conversación fue aportada como prueba documental conjuntamente con la demanda civil, por parte de la familia Hernández. Al contestar la demanda, el Ministerio del Interior se opuso a la agregación de tal probanza por desconocerla y desconocer a quiénes pertenecían las voces que allí podían escucharse. En línea con lo anterior, al dictar sentencia definitiva, el doctor Martínez Las Heras se pronunció sobre dicho medio probatorio, descartando su valor por el hecho de que no se había contado en autos con el reconocimiento necesario, y que por tanto no se trataba de un medio de prueba ‘válido’ en el proceso”, agregaron.

En otro pasaje del pedido de archivo, la defensa del senador alude a la “ambivalencia fraudulenta” del Ministerio de Interior, debido a que mientras que en la Justicia civil defiende la actuación de la cartera, dado que fue denunciado por la familia Hernández, ante la Justicia penal atribuye responsabilidad al ministerio, con discursos contradictorios como denunciante y denunciado ante los mismos hechos. En esa línea, subraya que “el equipo jurídico a cargo de una y otra instancia es el mismo”.

“Lo llamativo es que los escritos presentados en una sede y en la otra contienen manifestaciones no ya disímiles, sino directamente incompatibles sobre los mismos puntos”, agrega el escrito.

Entre varias contradicciones mencionadas, se destaca la respuesta del Ministerio del Interior a la demanda iniciada por la familia Hernández en la que plantea que los demandantes actúan de mala fe “al dejar entrever el tenor de su demanda, que por el solo hecho de que la administración le brinda asistencia médica al actor esto implicaría una asunción de responsabilidad por parte de mi representada. […] La conducta desplegada por mi representada se basó en razones pura y exclusivamente humanitarias, es por ello que se le prestó asistencia médica en la Dirección Nacional de Asuntos Sociales, y se le abona al accionante tickets alimentación por $ 20.000”, sostiene el ministerio, mientras que ante la Justicia penal plantea la posibilidad de imputar penalmente la actuación de Carrera.

González Rossi plantea que las declaraciones realizadas en un expediente judicial por un funcionario público, en cuanto a que la atención brindada a Hernández –incluyendo los tickets– fue producto de una decisión de gobierno basada en razones humanitarias, “fulmina toda posibilidad de persecución penal” contra los funcionarios que participaron de las decisiones por las que se concretó la atención a Hernández.

“Evidentemente, de la única manera que esta denuncia puede explicarse es por una mala fe rotunda, palmaria y –afortunadamente– grotesca. Inadmisible para cualquier sujeto procesal, pero más aún para un órgano público estatal, como es el Ministerio del Interior”, agrega el escrito.

En un comunicado, el senador planteó que el disparador de la denuncia en su contra fue la denuncia que hizo junto con el senador Mario Bergara por el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie, y dijo que entre las evidencias recolectadas a favor del archivo del caso está la argumentación del propio ministerio que calificó las acciones de la cartera inspiradas en principios “garantistas”, de “buena fe”, de “profunda solidaridad” y de “empatía” para con las víctimas.

El senador dijo que le resulta “muy doloroso haber soportado ser víctima de espionaje y persecución política de parte de autoridades que abusaron de ese poder público conferido por el soberano”, y agregó que “las versiones incompatibles sustentadas por el ministerio en los dos frentes legales constituye por sí mismo un fraude procesal”.