El fiscal especializado en Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, pedirá la imputación del expresidente de la Junta Directiva de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, por irregularidades en el concurso de acreedores convocado por la institución médica, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso.

Las fuentes señalaron, que en los próximos días, Rodríguez pedirá a la Justicia la formalización del proceso por los delitos de insolvencia societaria fraudulenta, previsto por el artículo 5 del decreto ley 14.095 o por el delito de fraude concursal, descrito en el artículo 248 de la Ley de Concursos (18.387)

El pedido de formalización de la fiscalía está relacionado a dos órdenes de pago firmadas por Iglesias días antes del concurso de acreedores, que beneficiaban a una de las empresas que participarían en el concurso.

Sobre este punto, la defensa de Iglesias, que lleva adelante el abogado Enrique Moller, pidió al fiscal Rodríguez que cite a declarar a los abogados y contadores que participaron en la preparación del concurso y que estaban en esa reunión previa en la que Iglesias firmó el documento.

Allegados a Iglesias hicieron hincapié en que el fiscal decidió archivar las 12 denuncias realizadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), vinculadas a los delitos de estafa y apropiación indebida, y señalaron que el único punto por el que Iglesias podría ser imputado provino de una advertencia de los síndicos que participaron en el concurso y no del MSP.

Iglesias declaró este lunes por más de una hora en la sede de la Fiscalía de la calle Cerrito, y a la salida de la audiencia con el fiscal Rodríguez reiteró en rueda de prensa el argumento central de su estrategia de defensa: que la intervención y el cierre de Casa de Galicia fue una estrategia del gobierno para quedarse con los socios de la mutualista.

“Hoy queda demostrado que todo fue creado e inventado”, expresó Iglesias, y agregó que “se habían inventado esa situaciones para distraer la atención de la gente y que la gente se entretuviese con eso, mientras por otro lado desguazaban a Casa de Galicia y despojaron a la comunidad gallega de Casa de Galicia”.

Iglesias también se refirió al documento que firmó y por el que se le abrirá una causa judicial: “Yo cuando firmé, firmé de buena fe toda la documentación que me mandaron, sin saber que alguna de ellas no correspondía firmarla. Ahora hay que dejar bien en claro que yo no tuve responsabilidad”, expresó Iglesias, quien agregó que esos acreedores no cobraron porque el juez de concurso, a sugerencia de los síndicos, eliminó el acto.

La causa fue iniciada por el Ministerio de Salud Pública, el 2 de diciembre de 2021, tras el informe de los interventores estatales que concluyeron que existieron “múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares, en detrimento del patrimonio de la institución”.

En los primeros meses de investigación penal, Rodríguez no pudo avanzar por falta de congruencia entre los elementos presentados por los denunciantes y los delitos que se atribuían a la dirección de la institución médica, pero en los meses siguientes se presentaron documentos y se realizaron pericias que daban mayor solidez a la teoría de la fiscalía. En abril de 2023, Iglesias declaró ante la Fiscalía negando su responsabilidad en los hechos por los que lo acusó el Ejecutivo.

A principios de febrero, la causa tuvo otro viraje, luego de que surgieran versiones de que los veedores, que evaluaron la capacidad financiera de la mutualista para tomar un crédito por 12 millones de dólares fueron presionados por el gobierno para no otorgar el financiamiento, algo que en principio fue desestimado por la Fiscalía, tras la declaración de los implicados.