Cuatro personas fueron imputadas por ocho homicidios tras un incendio en el Comcar. En la celda atacada había ocho habitantes, por eso dos de estos delitos fueron imputados en grado de tentativa.

El ataque ocurrió el 28 de diciembre, cuando estas personas prendieron fuego una celda. Esto produjo un séxtuple homicidio: dos personas murieron en el lugar, otras dos en el Centro Nacional de Quemados dos días después, el quinto falleció el 9 de enero, y el sexto falleció dos días después.

La organización Familias Presentes, que nuclea a familiares de personas privadas de libertad, emitió un comunicado tras la condena.

Plantean que “la Justicia seguirá actuando, como corresponde en estos casos”. Dicen que, “sin embargo, la actuación del Estado ante hechos de esta naturaleza va más allá de la actuación de la Justicia”. “Las muertes y lesiones producidas a causa del incendio provocado suceden bajo custodia del Estado, e impactan directamente en un conjunto diverso de actores, familiares de las víctimas, las personas que se encontraban en el sector al momento de los incidentes, los funcionarios actuantes, todas las personas privadas de libertad y sus familiares”, indicaron, y agregaron que “inseguridad, miedo, desprotección, abandono, angustia, bronca, invisibilidad son los sentimientos más comunes expresados por privados de libertad y familiares ante la falta de actuación del Estado frente a los hechos sucedidos”.

Para la organización, “es urgente mejorar las paupérrimas condiciones de privación de libertad que empeoran cada día y alejan la necesaria rehabilitación”. Por eso, Familias Presentes entregó al Ministerio del Interior en enero “una serie de propuestas para contribuir a la mejora inmediata de las condiciones del módulo 4 de la Unidad 4 donde se suscitaron los trágicos acontecimientos.

“Desde el día uno nos comprometimos a mantener viva la memoria de la tragedia del 28 de diciembre”, afirmó la organización de familiares, que a dos meses de los hechos se pregunta “cuáles han sido las acciones del Estado para con las familias de las víctimas y el tratamiento de los sobrevivientes” y “cuáles han sido las acciones de emergencia que el sistema penitenciario ha instrumentado para el abatimiento del hacinamiento y mejora de las condiciones en el módulo 4”. Concluyeron planteando que han solicitado nuevamente reuniones a diferentes actores “con el objetivo de seguir exigiendo las acciones pertinentes por parte del Estado”.