En febrero de 2013, en el marco de una protesta asociado al traslado de jueces penales que investigaban crímenes de lesa humanidad, varias personas resultaron condenadas por “hechos violentos”. Una de ellas fue Irma Leites. A diez años de esta protesta, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó la condena a Leites por atentado. La sentencia fue unámime y llegó a la conclusión de que no fue una manifestación pacífica, sino que hubo violencia y amenazas, según informó Búsqueda.
Además de Leites, fueron condenados Aníbal Varela y Álvaro, Diego y Eduardo Jaume. También el fallecido Jorge Zabalza.
La defensa de Leites presentó un recurso de casación, último paso del proceso penal, que fue rechazado porque se consideró que existe plena prueba de que hubo hechos violentos. Se plantea que los condenados provocaron un “desorden generalizado” que llevó a postergar el acto protocolar del Poder Judicial. Según la sentencia de la SCJ compartida por el mismo medio, a la Policía le llevó tres horas lograr la “disponibilidad” del edificio. También se sostuvo que no se recuerdan ceremonias de juramento en que “la dignidad, decoro y apacibilidad de la sede mayor del Poder Judicial y sus integrantes haya sido tan menoscabados”.
Para la SCJ, el derecho a la protesta está asegurado salvo cuando se cometen abusos o delitos, como entienden que sucedió en este caso. Descartaron el reclamo de los denunciantes, que afirmaron que fueron víctimas de una “persecución selectiva”. En la sentencia se sostiene que son afirmaciones “carentes de respaldo probatorio” y que en este caso quedó acreditado que el delito por el que fueron condenados se cometió.