Este lunes el Sindicato Único de Policías de Uruguay (SUPU) informó que se encuentra en preconflicto con la Jefatura de Policía de Rocha por “apropiación indebida” por el incumplimiento de un convenio vigente con la Intendencia de Rocha, que determina que “un porcentaje de las multas aplicadas deben ser atribuidas al policía, especialmente a quienes son de la Brigada de Tránsito”.
De acuerdo a lo que expresó el sindicato, este dinero “nunca fue pago”, por lo que exige “saber cuál fue el destino de ese dinero que es de los trabajadores”.
Además, en el comunicado se plantearon otras denuncias. Una de ellas tiene que ver con una orden del comando de la Jefatura de Rocha que “estaría haciendo incurrir en un delito de fuga y tráfico de información a los trabajadores policiales”. El SUPU detalló que esto tiene que ver con que hay una orden de que “cada hecho donde tiene intervención un trabajador policial”, más allá de que sea ingresado en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, debe incorporarse también “en la red social Whatsapp”.
Se aclara que se incurre en un delito porque “ningún tipo de información puede ser sacada fuera” de este sistema debido a que este “es reservado y sólo pueden acceder los funcionarios policiales y judiciales”. En este sentido, se agregó que también “se ven vulnerados los derechos y garantías de quienes realizan una denuncia o tienen algún tipo de intervención con la Policía”.
Otra situación denunciada tiene que ver con episodios de acoso laboral, en los que se ha solicitado que “la Jefatura investigue”, pero esta “ha comprendido que lo denunciado no tiene validez”. Esta falta de acción ha “dejado a una parte del personal superior a sus anchas” respecto de “tratos degradantes hacia sus subalternos”, se remarcó.
Por último, el sindicato agrega que distintas comisarías del departamento “no cuentan con las garantías básicas para cualquier trabajador”. Estas dificultades están relacionadas no sólo con la infraestructura sino también con “medios para cubrir los servicios de la ciudadanía”. “Hay dependencias que no cuentan con computadoras o tablets para tomar denuncias, o con personal para realizar patrullaje”, se apuntó.
El SUPU señala también que hay comisarías en las que “hay un trabajador policial solo”, algo que “no podía suceder” de acuerdo a lo previsto por el Ministerio del Interior. “Aun así, vemos que por parte del Ministerio de Trabajo no se le ha dado el respaldo que corresponde en relación a las denuncias de acoso laboral, y en cuanto a las inspecciones solicitadas”, se puntualizó.
“Estos hechos de acoso y tratos degradantes han llevado a los trabajadores policiales a tener graves problemas psicológicos, los cuales se ven reflejados en las desgracias ocurridas en este último tiempo. Ya que se ven no sólo desamparados por el Ministerio del Interior sino que así también por parte del Ministerio de Trabajo, quien no da las garantías correspondientes”, concluyó la comunicación.