La conversación entre los dirigentes del Partido Nacional Pablo Iturralde y Gustavo Penadés, en la que Iturralde se jacta de haber influido, a través de una conferencia de prensa, en la designación de la fiscal Alicia Ghione en el caso Penadés, generó indignación en el ámbito judicial, desde donde plantean que el episodio es parte de una larga trayectoria de ataques al Sistema de Justicia desde el poder político, que terminan afectando su credibilidad.

“[El fiscal de Corte Juan] Gómez entendió clarito las referencias a fiscalía en las declaraciones mías. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra porque yo hablé mil veces con Jorge Díaz que la tenía sumergida. Hay que presionarlo. Hay que empujarlo que se caga y se va”, expresó Iturralde en el chat con Penadés, difundido este jueves por el semanario Búsqueda, entre otros mensajes, en los que también insultó a la fiscal Mariana Alfaro, a quien se le había adjudicado la causa en una primera instancia.

El intercambio entre Iturralde y Penadés se dio el 30 y el 31 de marzo de 2023, cuando se estaba definiendo quién sería la fiscal del caso que investigaría a Penadés, en la causa en la que finalmente -investigado por Ghione- resultó imputado por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, violación, desacato, corrupción de menores y atentado violento al pudor.

En diálogo con la diaria, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, dijo que los ataques a la Fiscalía comenzaron a incrementarse a partir de la aplicación del nuevo código y recordó que el exministro del Interior Eduardo Bonomi adjudicó a una conducta benigna de los fiscales el incremento de las denuncias. “Cuando se inició la campaña política, Gonzalo Mujica dijo que el fiscal Luis Pacheco estaba para garantizarle una campaña tranquila al gobierno de turno, después vino lo de Manini Ríos diciendo que el fiscal [Rodrigo] Morosoli hacía los mandados y después eso tuvo su epicentro con el ministro del Interior [Luis Alberto Heber] yendo a Durazno a respaldar a policías que estaban siendo enjuiciados. Después pasamos a una andanada de salidas de la senadora [Graciela] Bianchi y el senador [Sergio] Botana. Bianchi en febrero de 2024 dijo que la Fiscalía era una construcción izquierdista para garantizar la impunidad y que había que desmantelarla y Botana dijo que Sabrina Flores era la que se estaba utilizando ahora para hacer los mandados”, recordó Rosa, quien agregó el proyecto que presentó Cabildo Abierto para tipificar prevaricato a los fiscales.

Rosa dijo que esas declaraciones “en la época en que se estaban diciendo buscaban influir en la fiscalía y en que el fiscal general de ese momento renunciara”, y agregó que ahora, con las declaraciones de Iturralde, quedó en evidencia que “hay una estrategia”.

“Lo que reconoce el interlocutor en estos chats, que nunca debieron darse la luz pública, es que hizo estas declaraciones públicas de esta contundencia a los efectos de que la fiscal que tiene el caso se retraiga y pida ser apartada y que el fiscal general se sienta acorralado y se vaya. Hay gente dentro del sistema político que cree que valiéndose de la presión mediática a la Fiscalía puede torcerle la voluntad a esta institución. Eso es lo grave”, agregó.

Además, señaló que la visión negativa que tiene el sistema político de la Fiscalía afecta concretamente a la institución y se traduce en acciones por parte del sistema político como no designar un fiscal general o dejar sin presupuesto a la Fiscalía.

Rosa señaló que objetivamente quedó demostrado que “el relato que estaba esbozando” Iturralde no tenía conexión con la realidad, dado que la fiscal Ghione “actuó severamente” en la investigación, logrando una imputación con prisión preventiva.

Mariela García, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Fiscalía del Uruguay, dijo a la diaria que la situación “es muy grave, que atenta a la democracia misma porque repercute en el sistema de Justicia y en la ciudadanía si tenemos continuamente actores políticos que están en el gobierno degradando una institución tan importante como la Fiscalía”.

García señaló que desde el inicio del actual gobierno “se ha creado un relato que se repite”, en cuanto a que “hay fiscales que actúan de forma politizada” y lamentó los efectos que tiene sobre el sistema: “Al final la gente piensa que es así”. “Lo único que les falta decir es que toda la gente que trabaja aquí es corrupta”, agregó y señaló que “cada vez que hay una filtración siempre se culpa a Fiscalía”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Leonardo Méndez, dijo a la diaria que si bien en este caso la situación afectó a la Fiscalía y no al Poder Judicial, en general los ataques desde el sistema político apuntan a todo el sistema de Justicia y recordó las palabras del entonces ministro del Interior Luis Alberto Heber contra la jueza María Helena Mainard, a quien en setiembre de 2023 la calificó como “una jueza que no ayuda”.

“Bregamos por el respeto de la autonomía técnica de los operadores de Justicia y que no se genere el descrédito de los operadores, porque eso es lo que afecta al sistema judicial. Una cosa es criticar el trabajo, que eso es absolutamente válido entre el juego democrático, y otra cosa es pasar al plano personal de forma infundada, porque lo único que hace es degradar ante la ciudadanía la imagen de un sistema de Justicia que está bien valorado en las Américas”, agregó. Méndez, disculpándose por la autoreferencia, también recordó cuando la senadora Bianchi lo calificó como un “operador de la oposición que buscaba desestabilizar al gobierno”.

Cómo fue asignado el caso, cómo es el sistema y qué cambios tendrá

El 29 de marzo de 2023 el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía asignó para la causa Penadés, a la fiscal Mariana Alfaro quien estaba de turno cuando Romina Celeste Papasso publicó el primer tweet sobre el caso, en que se refería al hecho sin identificar a los denunciados ni a las víctimas.

La fiscal Alfaro, que tenía 72 horas para recurrir la decisión, entendió que el caso no correspondía a su fiscalía, dado que en esa publicación Papasso no había determinado una fecha concreta de los hechos denunciados, que incluso habían sido descritos vagamente y en referencia a terceros, por lo que entendía que debía considerarse para la designación de la fiscalía, la fecha de ingreso de la denuncia al sistema. En ese momento era Alicia Ghione la que estaba de turno. Tras la revisión, la fiscalía dio traslado a Ghione, quien aceptó los argumentos de Alfaro y tomó el caso.

La DPA, en primera instancia, clasifica por la naturaleza del hecho denunciado, si corresponde a una fiscalía de flagrancia, o a una fiscalía de homicidios, de delitos sexuales, delitos económicos, estupefacientes o adolescentes y luego en función de la fecha del hecho denunciado y, si no hay una fecha exacta, toma como referencia la fecha de ingreso de la denuncia, derivando el caso a la fiscalía que está de turno en esa fecha. Los turnos quedan establecidos para todo el año, antes de la feria judicial de diciembre.

Rosa comentó lo que implica para los fiscales las causas de interés mediático: “A veces los fiscales prefieren tener una causa de crimen organizado que involucre lavado de activos, narcotráfico, venta de órganos, trata de personas en donde capaz que hasta corre riesgo tu integridad física que tener una causa de estas de relevancia mediática que te agarran y te terminan matando, te tratan de buscar hasta si en el año 1993 vos habías cenado en un lugar que quedaba cerca del partido X, y si miraste con cierto cariño la bandera del partido tal; y a partir de eso te destrozan la vida, hay afectaciones personales, entonces obviamente cuando te llega una causa de estas, la designación, la mirás con 15 lupas”.

Consultado sobre el sistema de designación, Rosa dijo que “es habitual” que se establezcan contiendas de competencia y recordó que la fiscalía trabaja en la implementación de un nuevo sistema de designación, que fue aprobado en la Rendición de Cuentas de 2021, que plantea un proceso de elección aleatoria, que no va a poder ser controvertido.

Si bien la ley no había tomado en cuenta las especialidades -por lo que le podía tocar un hurto a una fiscalía de Homicidios- la fiscalía trabajó en un proceso de instrumentación para que primero se clasifique la naturaleza del hecho y luego se realice la designación aleatoria correspondiente.