La audiencia de control de acusación de la causa que investiga los asesinatos de Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y la desaparición forzada del militante comunista Manuel Liberoff y del militante del Movimiento de Liberación Nacional Washington Barrios comenzará el próximo miércoles 26 de junio, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso.

En esa instancia, que es el paso previo al juicio oral, la jueza en lo penal de 31 turno, Adriana Chamsarián, definirá cuáles de las evidencias que cada parte proponga ingresarán finalmente al juicio. Además, Chamsarián recibirá por parte de la defensa de los imputados, que son los militares en situación de reforma José Arab, Jorge Pajarito Silveira y el expolicía Ricardo Medina, eventuales objeciones formales sobre la acusación presentada por la Fiscalía en enero de este año, así como también recursos o pedidos de sobreseimiento. En esta instancia, las partes pueden llegar a acuerdos probatorios y dar por admitidos determinados hechos que formen parte de la investigación.

La audiencia tendrá una segunda instancia el 28 de junio, y si bien se estima que el juicio oral comenzará después de la feria judicial de julio, la posibilidad de las defensas de presentar apelaciones ante tribunales superiores podría postergar la realización del juicio hasta que los puntos objetados queden resueltos.

La causa también investiga otras decenas de violaciones a los derechos humanos perpetradas por represores uruguayos en Buenos Aires, entre ellas, la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo, y la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni.

En la acusación, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, responsable de la investigación penal del caso, pidió una condena de 30 años para Arab, por 12 delitos de homicidio, dos delitos de desaparición forzada, dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, cuatro delitos de rapiña y reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves.

También pidió la condena a 22 años de penitenciaría de Silveira por dos delitos de homicidio, dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, reiterados delitos de privación de libertad y abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves y la condena de Medina a diez años y seis meses de penitenciaría por dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, un delito de rapiña, nueve delitos de privación de libertad, dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y dos delitos de lesiones graves.

Las pruebas que propondrá la Fiscalía

La Fiscalía propondrá decenas de evidencias documentales, periciales y testimoniales durante el juicio oral, entre ellas las declaraciones de Jorge Vázquez, el expresidente de la Senaclaft Ricardo Gil Iribarne, el exintegrante del escuadrón de la muerte Mario Benítez, Juan Raúl Ferreira, Daniel Olesker, Lucas Mansilla, Antonio Viana, Efraín Martínez Platero, Fernando Butazzoni, María Ángeles Michelena, Oscar Bonilla, Julio César Abreu –quien fue detenido junto a las víctimas de los fusilamientos de Soca–, Benjamín Liberoff, Esteban y Gabriela Schroeder y decenas de familiares y víctimas del Plan Cóndor.

También los periodistas Ivonne Trías, Paula Barquet, Fabián Kovacic, Walter Pernas y Roger Rodríguez, y la declaración del profesor Álvaro Rico, la integrante del Equipo de Investigadores de Historia de la Secretaría de Presidencia Fabiana Larrobla, el investigador estadounidense de la Operación Cóndor John Dinges y el profesor Hugo Rodríguez Almada.

El juicio tendrá las declaraciones anticipadas de los exmilitantes del Movimiento de Liberación Nacional, Mauricio Rosencoff, Jorge Martínez Platero y Walter González, de Carlos Antonio Rodríguez Coronel, víctima del terrorismo de Estado en Argentina, y de Matilde Rodríguez Larreta.

Además de los testimonios de víctimas y expertos, también forman parte de la evidencia que la fiscalía intentará ingresar al juicio decenas de expedientes de causas por violaciones a los derechos humanos en Uruguay y Argentina, más allá de los legajos de 14 militares que formaron parte del Plan Cóndor y documentos oficiales extranjeros, entre ellos varios archivos desclasificados de Estados Unidos en los que los servicios secretos dan cuenta de las acciones de las dictaduras en la región.