La jueza penal de primer turno de Artigas, Carolina Olivera, condenó a la exdiputada del Partido Nacional Valentina dos Santos a seis meses de prisión que deberá cumplir en régimen de libertad a prueba, en la causa que investiga maniobras en el registro y cobro de horas extras en la Intendencia de Artigas.

La condena, que fue informada por el medio local Clic regional y confirmada por la diaria, fue alcanzada tras un acuerdo abreviado con el fiscal adscripto Federico Rodríguez, por el delito de usurpación de funciones, previsto en el artículo 166 del Código Penal, que prevé penas de entre tres y 12 meses de prisión para quien “indebidamente asumiere o ejercitare funciones públicas”. El acuerdo, que implica la admisión de los hechos que se le imputan a la condenada, permite reducir en una tercera parte la pena que le recaería en un juicio oral.

Dos Santos, que deberá cumplir dos meses de trabajo comunitario, fue signada por haber asumido funciones que no le correspondían a su cargo como primera suplente del intendente, al ordenar el registro de horas extras a funcionarios de la intendencia.

El delito por el que se condena a Dos Santos no prevé como pena accesoria la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que no forma parte de la condena acordada. De todas formas, varios expertos consultados por la diaria coincidieron en que se aplica el artículo 80 de la Constitución, que suspende la ciudadanía a todas las personas procesadas con prisión, mientras que el artículo 267 establece la ciudadanía en ejercicio como requisito para ejercer el cargo de intendenta. Para que se concrete la suspensión de la ciudadanía de Dos Santos, la Justicia debe comunicarle a la Corte Electoral, el organismo encargado de ejecutar la suspensión.

Si bien la exdiputada tenía pensado asumir el viernes como intendenta de Artigas, fuentes allegadas a la exlegisladora señalaron a la diaria que este jueves tomará una decisión sobre ese punto.

Los detalles de las maniobras con horas extras en Artigas

Stefany Severo, esposa del primo del intendente Caram, ingresó a la intendencia por designación directa en 2015. Según la acusación de la Fiscalía, a la que accedió la diaria, Severo se encargaba de registrar las horas extras del gobierno departamental y en marzo de 2020 fue ascendida a jefa de división administrativa.

En febrero de 2022, siendo su esposo secretario general de la intendencia, Severo ascendió a grado 7, saltándose un grado en la carrera funcional, “sin contar con ninguna justificación técnica, profesional o de servicio, pasando a ser una de las pocas funcionarias de la repartición de Recursos Humanos” con ese grado. Además, recibió una compensación, aprobada por el intendente, del 40% del salario, sin presentar fundamento alguno. La investigación penal reveló que sólo el 1,3% de los funcionarios perciben ese tipo de compensación.

La acusación, que aclara que los incrementos salariales dispuestos y la adjudicación del grado son resorte de las autoridades departamentales, expresa que el delito de fraude por el que fue condenada en calidad de autora junto a su esposo, como coautor, se configura en tanto modificó el registro de horas extras, incluyendo feriados, días en los que la intendencia estaba cerrada y días en los que ella estaba haciendo uso de la licencia reglamentaria.

“Haciendo uso de su función laboral, se dedicó a modificar la cantidad de horas extras que llevaba a cabo, mediante la edición de planillas en el programa informático Excel, atribuyéndose una cantidad de horas extras diarias desmesurada, superando en ocasiones las 200 horas mensuales, lo cual es, de forma notoria, humanitariamente imposible de poner en práctica”, señala la acusación del fiscal Rodríguez, que al formar parte del acuerdo abreviado describe los hechos aceptados por los implicados. En total, Severo se atribuyó, entre marzo de 2021 y diciembre de 2022, horas extras por 1.115.000 pesos y horas trabajadas en días feriados por 258.000 pesos.

En cuanto a la responsabilidad de su esposo, Rodolfo Caram, el fiscal mostró que “haciendo uso de su posición jerárquica en la Intendencia [...] constriñó” a la funcionaria responsable de llevar las planillas al sector de liquidaciones para hacer efectivos los pagos “para que esta permitiese y aprobase las liquidaciones de su pareja, razón por la cual resulta indiscutible su cooperación directa en la consumación de este ilícito”.

Además, la investigación reveló que Caram se comunicó con el Departamento de Informática para modificar el sistema, de manera que la compensación del 40% que recibía su esposa no figuraba en el sistema.

En cuanto a la responsabilidad del intendente Pablo Caram, quien también admitió los hechos incluidos en la acusación, el fiscal Rodríguez planteó que Caram “tuvo conciencia de lo que estaba sucediendo en su administración, con anterioridad a que los hechos salieran a la luz por parte de los medios de comunicación”, y si bien “no se involucró directamente en la concreción de la conducta fraudulenta, sí omitió denunciar lo que estaba aconteciendo”.

El fiscal señaló que Caram resolvió abrir una investigación administrativa sobre el caso “recién después de que se viralizó el fraude cometido por parte de su primo y la pareja”, y agregó que el intendente de Artigas “mantenía un conocimiento liso y llano de los ilícitos perpetrados, con una sensible anterioridad”.