Este jueves se conoció la acusación fiscal por la que fue condenada a seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba, la exdiputada del Partido Nacional por Artigas, Valentina Dos Santos, en la causa que investigó el registro y cobro irregular de horas extras en el gobierno departamental.
Según la investigación penal, que describe los hechos que fueron admitidos por Dos Santos, la exlegisladora “mantuvo un rol protagónico en lo que concierne a la toma de ciertas decisiones importantes en la Intendencia”, cuando era legisladora. “Decidió quiénes ingresaban, en qué cargo, límites de horas extras, personas que fueron cesadas, modificaciones contractuales, entre otras resoluciones”, sostiene el documento divulgado por la Fiscalía.
El fiscal Rodríguez detalló que Dos Santos, quien fue designada por su tío como directora general de la Intendencia de Artigas entre 2015 y 2020, luego de ser electa diputada, continuó ejerciendo tareas ejecutivas en el gobierno departamental. “La diputada ejerció funciones ejecutivas dentro de la Intendencia Departamental, haciendo a un lado la independencia y autonomía con la que cuentan los gobiernos departamentales respecto del Poder Legislativo”, sostuvo Fernández.
Además, hace hincapié en el tipo de decisiones que tomaba en la Intendencia, siendo legisladora: “Las resoluciones emanadas por la acusada no se trataban de meras recomendaciones, asesoramientos, consejos, sugerencias o advertencias, sino que eran lisa y llanamente decisiones ejecutivas de relevancia, usurpando, en consecuencia, la función de intendenta”.
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Dos Santos, que fue condenada por un delito de usurpación de funciones, previsto en el artículo 166 del Código Penal, para quienes “indebidamente asumiere o ejercitare funciones públicas”, deberá realizar tareas comunitarias dos horas por semana durante dos meses, y presentarse una vez por semana a la seccional más próxima a su domicilio.
“Todo lo que he hecho ha sido trabajar por mi pueblo y por mi gente y si he hecho cosas que van más allá de mis tareas como diputada, fue simplemente con este afan de trabajar por mi pueblo”, expresó Dos Santos a la salida de la audiencia. Su abogado, Jorge Barrera, expresó que la pena que prevé el delito por la que fue condenada Dos Santos “no existe ninguna inhibición para ejercer tareas públicas” y atribuyó la causa de la comisión del delito de su defendida a un “exceso de celo, compromiso y trabajo” que “quizás la llevó a realizar tareas que no eran propiamente legislativas”.
Dos Santos, quien al renunciar a su banca el martes habilitó el proceso judicial sin necesidad de que la Justicia pidiera al Parlamento su desafuero, tenía previsto asumir este viernes como intendenta de Artigas, ante la renuncia de su tío, Pablo Caram, pero la discusión sobre la suspensión de la ciudadanía la llevó a revisar su decisión.
Si bien el delito por el que fue condenada no implica inhabilitación para ejercer cargos públicos, el artículo 80 de la Constitución suspende la ciudadanía a quienes tengan sentencia firme de prisión, y la ciudadanía en ejercicio es una de las condiciones para ejercer como intendenta. Para concretar la suspensión de la ciudadanía, el poder judicial debe enviar un oficio a la corte electoral y esta, una vez recibido el documento, concreta la inhabilitación que dura el mismo tiempo de la condena.
La investigación penal que culminó con la condena del intendente de Artigas Pablo Caram, el secretario general Rodolfo Caram y su esposa Stefany Severo reveló una trama de irregularidades en el cobro de horas extras, que acumulan entre 2020 y 2022 ocho millones de dólares. Rodolfo Caram y Severo fueron condenados por el delito de fraude, luego de que la investigación penal detectara que Severo se atribuyó y cobró 1.115.000 pesos de horas extras y horas trabajadas en días feriados por 258.000 pesos, además de una compensación del 40% de su salario que había sido expresamente borrada para que no figurara en el sistema. En cuanto al intendente, si bien no participó directamente del fraude, reconoció que “tuvo conciencia de lo que estaba sucediendo en su administración, con anterioridad a que los hechos salieran a la luz (...) y resolvió abrir una investigación administrativa sobre el caso “recién después de que se viralizó el fraude cometido por parte de su primo y la pareja”.