Tras dos años de investigación, el fiscal especializado en Delitos Complejos de tercer turno, Alejandro Machado, decidió el archivo de la causa sobre la entrega del pasaporte a Sebastián Marset cuando se encontraba preso en Dubái, en noviembre de 2021. La causa no puede ser reexaminada por otro fiscal porque fue iniciada de oficio por iniciativa del entonces fiscal de Corte, Juan Gómez, y el derecho a reexaminar los casos por otra fiscalía está reservado a las causas iniciadas por denunciantes.
En diálogo con la diaria, el abogado de la cónsul Fiorella Prado, Eduardo Sassón, dijo que la sentencia muestra “claramente” que la cónsul uruguaya en Abu Dabi “obró siempre dentro del marco de la legalidad y dentro de su rol consular, procurando siempre obtener directrices”, y lamentó las declaraciones del exfiscal de Corte Jorge Díaz, abogado de la exsubsecretaria Carolina Ache, quien “pretendió, de forma ligera y simplista, deslizar algún tipo de responsabilidad” sobre Prado. En la conferencia a la que hace referencia Sassón, Díaz calificó de “una película de terror en el medio de una película cómica” la publicación del audio en el que Prado dice haber podido modificar remotamente el estado del trámite en Bolivia para proceder a la entrega del pasaporte a Marset, algo que la investigación penal comprobó que no hizo.
En el documento de archivo, Machado analizó nueve puntos que surgieron de la investigación y de los planteos realizados por los senadores del Frente Amplio que el 6 de setiembre presentaron una ampliación de la denuncia: la detención de Marset, su derecho a recibir una constancia de que estaba apto para recibir un pasaporte, el derecho a recibir un pasaporte, la incidencia de la entrega del pasaporte en la absolución de la Justicia emiratí, el tiempo en que se tramitó el pasaporte, la actuación del subdirector nacional de Identificación Civil para acelerar el trámite, la entrega en mano del pasaporte de Marset al abogado Carlos Balbi, los chats entre Ache y el exsubsecretario del Interior Guillermo Maciel, y la reunión entre Balbi y Ache en la oficina de la exsubsecretaria.
La detención de Marset
En cuanto a la detención de Marset, ocurrida el 10 de setiembre de 2021, en la ciudad de Dubái, Machado señaló que ocurrió porque Marset llegó tarde al vuelo que debía tomar hacia Atenas, y cuando le fueron a cambiar el sello de salida notaron que el pasaporte paraguayo que presentó era falso y que había sido utilizado varias veces para entrar y salir de Emiratos Árabes Unidos (EUA) entre abril y setiembre de 2021. A partir de la detención, el abogado de Marset, Alejandro Balbi, pidió al consulado la confección de una nota que certificara que Marset estaba en condiciones de recibir un pasaporte legal uruguayo, aduciendo que eso facilitaría su situación procesal en EAU. Machado señaló que la confección de esa nota, que no aseguraba que el pasaporte fuera a ser otorgado, se encuentra dentro de las funciones consulares de asistencia a los uruguayos y fue realizada por Prado “bajo las instrucciones de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, así como del Departamento de Documentación de Viaje”.
El derecho de Marset a obtener el pasaporte
Machado señala en su resolución que Marset cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 27 del Decreto 129/2014, que regulaba el procedimiento para otorgar pasaporte a uruguayos en el exterior, donde se pide como requisito la Información de Antecedentes Judiciales en Uruguay, y destacó que en los momentos en que Marset no cumplía con los requisitos “el pasaporte le fue denegado o resultó suspendida su tramitación”, en referencia a solicitudes hechas por Marset desde Paraguay y Bolivia.
Machado entiende que el caso no está amparado en la situación prevista por el artículo 48 del decreto, que plantea que los casos “no previstos” serán resueltos “de acuerdo a sus competencias conforme el espíritu de las normas que regulan la expedición de documentos a las personas físicas”. Para Machado, esa disposición “únicamente debe aplicarse cuando la situación no se encuentre prevista”, y, en el caso de Marset, Machado entiende que está dentro de las situaciones definidas por el artículo 27. “No hay discrecionalidad posible dentro del marco normativo”, afirmó.
En cuanto a la incidencia de la entrega del pasaporte para la absolución de Marset por parte de la Justicia emiratí, Machado señaló que en la sentencia del tribunal que lo absolvió el elemento determinante fue la falta de dolo y dar por veraz la declaración de Marset en cuanto a que desconocía que su pasaporte era falso. “La Justicia de Emiratos Árabes Unidos no absolvió a Sebastián Marset debido a la entrega del pasaporte que, en definitiva, acreditaba su identidad”, concluyó.
La incidencia de Balbi en Identificación Civil
Otro punto analizado por el fiscal Machado fue si el proceso de impresión del pasaporte fue acelerado indebidamente por las gestiones del abogado Alejandro Balbi ante el subdirector de Identificación Nacional Civil, Alberto Lacoste, a quien conocía. Machado señala que el procedimiento para acelerar la expedición de un pasaporte permite adelantar el trámite de 48 a 24 horas y que es un procedimiento instalado desde hace años en esa oficina del Ministerio del Interior que cuenta, además de la comunicación oficial, con dos instancias de registro informal, en un cuaderno donde se anota quién hace el pedido y los motivos, y en un grupo de Whatsapp en el que Lacoste transmitió el pedido de Balbi. Machado señaló que en el caso de Marset el pasaporte estaba en condiciones de ser expedido en 24 horas, pero como el certificado de antecedentes judiciales llegó fuera del horario de oficina, el pedido de Balbi no tuvo efecto y se imprimió al día siguiente.
“Si hubiera existido alguna intención espuria en el trámite de la libreta de pasaporte de Sebastián Marset por parte del doctor Alberto Lacoste, bastaba con que este les ordenara a sus funcionarios que imprimieran la misma fuera de hora, lo cual en definitiva no sucedió”, agregó.
La entrega del pasaporte en las manos de Carlos Balbi y los chats entre Maciel y Ache
Tras perder la valija diplomática para el envío del pasaporte a EAU, Balbi tramitó una nota para que Marset habilitara al abogado Carlos Andrés Balbi a retirar personalmente su pasaporte en la sede de la cancillería. Machado sostiene que todos los declarantes coincidieron en que se trata de un procedimiento excepcional, pero señaló que al estar Marset en prisión “lógicamente se encontraba impedido de retirar él mismo dicho documento de viaje”. En cuanto a las conversaciones entre Ache y Maciel, en la que el subsecretario le advierte a Ache que Marset es “un narco peligroso y pesado”. Machado planteó que cuando se concretó ese diálogo en noviembre de 2021, Marset aún no había empezado a tramitar su pasaporte y es por eso que no hay referencias al trámite y que las primeras huellas digitales, se le tomaron a Marset a con la finalidad de identificarlo y no de tramitar su pasaporte.
La reunión entre Balbi y Ache
Uno de los puntos que Machado no pudo cerrar fue el contenido de la reunión entre Balbi y Machado el 24 de noviembre en la oficina de Ache, dado que ninguno de los dos quiso dar explicaciones al respecto y no surgió evidencia del relevamiento de sus teléfonos. “Este Ministerio Público no encuentra sustento evidencial que otorgue credibilidad a la versión brindada por ambos imputados”, sostiene el fiscal en referencia a que Balbi no le dijo que su cliente era Marset y que Ache no relacionó el caso con el detenido en Dubái, y añadió que la teoría de la fiscalía es que Balbi quiso reunirse para pedirle que postergaran el envío de la valija diplomática a Dubái para llegar con el pasaporte de Marset, pero no pudo confirmarla.
La mentira de los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo
Si bien el fiscal concluyó que no hay reproche penal posible sobre los imputados, afirmó que los ministros y subsecretarios mintieron a la ciudadanía durante la interpelación celebrada el 22 de agosto de 2022, que fue lo que motivó el inicio de la investigación penal.
“Una vez finalizada esta indagatoria, estamos en condiciones de concluir que los ministros de Estado, así como sus respectivos subsecretarios, faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y, en definitiva, a la ciudadanía”, expresó el fiscal. “A modo de ejemplo puede señalarse claramente el acuerdo existente entre los representantes ministeriales para ocultarles a los senadores de la República el tenor de las comunicaciones cursadas entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y la vicecanciller, Carolina Ache, en las cuales se daba cuenta de que Sebastián Marset era un narcotraficante uruguayo muy peligroso y pesado, y que a su vez sería terrible que fuera liberado”.