La Justicia le otorgó el beneficio de la libertad anticipada a Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial de Luis Lacalle Pou, quien cumple condena en la Unidad 19 de Florida. Según supo la diaria, la fiscal Daniela Revello tiene un plazo de seis días para apelar la decisión de la jueza de cuarto turno del departamento, Noelia Gutiérrez, una vez notificada.
Antes de la resolución de la jueza, Revello se había opuesto a la libertad anticipada por la naturaleza de los delitos por los que Astesiano fue condenado y el hecho de que la condena fue acordada en el marco de un juicio abreviado, que implicó la admisión de los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado.
A fines de julio, la defensa de Astesiano solicitó el beneficio de la libertad anticipada dado que Astesiano estaba por cumplir la mitad de la pena, uno de los requisitos planteados en el literal C del artículo 298 del Código de Proceso Penal para solicitar la libertad anticipada.
En la resolución, la jueza Gutiérrez señaló que el informe técnico destaca que el “penado tiene buena conducta, carece de sanciones disciplinarias y realiza actividades para redimir su pena”.
Además, se destaca que Astesiano “ha tenido buen relacionamiento con sus pares, con funcionarios penitenciarios, fue alojado en un sector de confianza (anexo chacra) donde la seguridad es mínima, ha gozado de sus salidas transitorias especiales (una con pernocte) en tiempo y forma acorde a derecho y cuenta con un proyecto de egreso a futuro”, en referencia al emprendimiento Fibra Tim, un almacén mayorista en Sarandí Grande. Por estos motivos, la jueza sostiene que Astesiano reúne todos los “requisitos previstos” en el Código del Proceso Penal “para hacer lugar a la libertad anticipada en virtud del pronóstico de reinserción favorable a la sociedad”. Asimismo, se señala que el informe técnico determinó que “existen pocas probabilidades de que el penado vuelva a delinquir una vez retorne a la comunidad al haberse indicado un riesgo bajo de reincidencia que contempla el estudio de daño severo hacia terceros como hacia sí mismo”.
En el informe técnico citado por la jueza se plantea que Astesiano “se da cuenta de que su conducta es un problema e identifica elementos de riesgo que han influido en su comportamiento infractor”. Además, “se proyecta acciones para lograr cambios y su actitud es optimista frente a esto [...] no muestra intolerancia al aburrimiento y a situaciones rutinarias [...]. Es cauteloso a la hora de tomar decisiones, arrepintiéndose de decisiones tomadas en su pasado”.
En rueda de prensa, el abogado de Astesiano, Ignacio Durán, destacó la contundencia del informe técnico que habilita su salida en libertad anticipada, pero aclaró que una eventual apelación por parte de la Fiscalía tiene efectos suspensivos, por lo que, si la Fiscalía apela, la libertad no se concretaría hasta que no se pronuncie el Tribunal.
En cuanto a la posibilidad de que Astesiano dé su versión de los hechos, Durán respondió: “Con el devenir del tiempo él va a querer expresarse, va a querer contar su verdad, pero lo primero que quiere hacer es retomar el vínculo familiar con sus hijos, con sus nietos, ponerse a trabajar ya mismo con este emprendimiento que ya está para empezar. Después sí, llegado el momento y desde la tranquilidad del hogar, él va a tener la oportunidad de hablar, porque aparte es lo que él quiere hacer”.
Durán dijo que Astesiano recibió llamadas y ofrecimientos políticos “de todos lados”. “Me consta porque él me reenvía los mensajes y el espectro político está agazapado esperando que salga, que no salga, que hable, que no hable, y esto no es de un solo partido, es una persona muy buscada porque saben lo que genera y el impacto que puede llegar a tener lo que él diga”.
Consultado sobre si Astesiano habló con el presidente Lacalle Pou, respondió: “Sé que está en contacto con gente que lo rodea y gente en común, pero tengo entendido que no habló nunca directamente”.
Astesiano fue condenado en febrero de 2023 a cuatro años y medio de penitenciaría, tras haber alcanzado un acuerdo abreviado con la exfiscal Gabriela Fossati.