El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) y el exdirector de la cárcel de Punta de Rieles Luis Parodi presentaron un hábeas corpus correctivo respecto de las personas privadas de libertad alojadas en la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). El caso está en el Juzgado Letrado de primera instancia en lo penal de 31er turno, a cargo de la jueza Adriana Chamsarian.
Los denunciantes destacan que hay carencias edilicias, falta de personal y hacinamiento extremo, lo que genera un “riesgo inminente para la salud, la integridad física y la vida de la población privada de libertad”, según consta en el documento de hábeas corpus al que accedió la diaria. Sostienen que en esta cárcel, la más grande del país, se han clasificado las condiciones de reclusión como “crueles, inhumanas y degradantes”.
Señalan que es una cárcel con una población de unas 5.200 personas y que “la situación en cuanto a la violación de los derechos humanos es denunciada anualmente”. También afirman que es el complejo carcelario “más violento”, con “una de las peores condiciones de reclusión del país, “a tal grado que 40% de las muertes violentas que suceden en el sistema penitenciario” ocurren en Comcar.
Para los denunciantes, una muestra de esta violencia es el séxtuple homicidio ocurrido en diciembre de 2023 en un incendio intencional. Recuerdan que el informe del comisionado parlamentario penitenciario sobre este caso es “tajante a la hora de describir el grado de violencia” en el Comcar. Mencionan que “al día de la presentación de este escrito y en menos de un año” de los hechos antes mencionados, hubo un nuevo incidente en el Comcar asociado a un incendio intencional, que dejó varios lesionados graves.
“La situación del Comcar es crítica y se deben adoptar medidas urgentes para que el Estado vuelva a tomar el control de dicho establecimiento carcelario”, plantean en el documento de hábeas corpus, en el que describen esta cárcel y detallan pormenorizadamente las carencias existentes en cada módulo. Entre otras, destacan la falta de actividades, el hacinamiento, el uso problemático de drogas, la falta de patio, la falta de personal y la gran movilidad interna de las personas privadas de libertad. A su vez, indican que hay módulos que no cuentan con condiciones de habitabilidad, en los que falta agua, hay plaga de ratas y situaciones ante las cuales se implementan “medidas de emergencia transitorias” que “no terminan de resolver” los problemas.
En el documento también detallan las violaciones de los derechos humanos en el Comcar. Agregan que también se vulneran las Reglas Mandela, que establecen a nivel mundial cómo deben ser las condiciones de encierro.
Lo que pide el sindicato
En el hábeas corpus indican que el hecho de que el Comcar haya sido definido en los sucesivos informes del comisionado parlamentario penitenciario como una de las peores cárceles, “tanto por sus problemas edilicios, de hacinamiento y de violencia”, debería “interpelarnos como país que se jacta de ser respetuoso de los Derechos Humanos y del Estado de derecho” en cuanto a que “estamos fallando a la hora de abordar el trato con las personas privadas de libertad”.
Señalan que el Estado cae en “groseras violaciones a los Derechos Humanos” a la hora de ejecutar la política penitenciaria. Por todo esto, reclaman que se punga en práctica una serie de medidas para mejorar las condiciones de reclusión en Cel omcar “sin violar la esfera de actuación de la administración, dado que será esta la que deberá analizar sus propias carencias para posteriormente llevar a cabo las acciones pertinentes para dar cumplimiento al mandato judicial” acorde a las responsabilidades que tiene para “garantizar condiciones de reclusión mínimamente respetuosas de los Derechos Humanos”.
En este sentido, entienden que la falta de personal es “el primer gran cuello de botella a la hora de afrontar cualquier intento de aumentar cualquier tipo de actividad que contribuya a bajar los niveles de violencia”. “Sin suficientes funcionarios para garantizar la seguridad del establecimiento o para hacer evaluaciones de tratamiento o simplemente para trasladar a las personas privadas de libertad a actividades fuera de la celda”, es imposible garantizar que accedan a oportunidades. Así es que solicitan el incremento de operadores, policías, técnicos y personal de mantenimiento, para lo que piden al Consejo de Política Criminal y Penitenciaria –organismo creado por la ley de urgente consideración– que en 30 días elabore un informe técnico en el que analice la situación y determine la cantidad de funcionarios que necesita el Comcar “para garantizar un adecuado desenvolvimiento del servicio, teniendo en cuenta el ausentismo endémico del personal”.
Respecto del hacinamiento, indican que “es la peor consecuencia de no tener una política planificada de inversión en cárceles que acompañe la evolución de la población carcelaria”. Para esto, piden que se resuelva disminuir el hacinamiento a un piso mínimo de 120%, porcentaje que está por encima del aceptado por la Organización de las Naciones Unidas, que recomienda que no exceda el 110%. Indican que se solicita que esto se haga en un plazo máximo de 250 días, atacando particularmente este fenómeno en los módulos 3, 4, 8, 10 y 11, que son los peores de la cárcel, y previniendo “el desarraigo familiar de las personas privadas de libertad a ser trasladadas”.
Sobre el mantenimiento de las instalaciones, explican que “la inversión en nuevas plazas no es justificación para desatender el mantenimiento de las plazas ya existentes”, donde debe garantizarse condiciones asociadas a la dignidad humana. Según indican, “casi la totalidad de los módulos del Comcar presentan alguna carencia edilicia”, habiendo incluso módulos –como el 10 y el 11– para los que el comisionado parlamentario penitenciario pidió su clausura o reforma radical. Sobre esta base, solicitan que el Departamento de Arquitectura del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) elabore un informe técnico, en un plazo de 90 días, en el que diagnostique los principales problemas edilicios del Comcar, “haciendo énfasis en qué sectores de cada módulo tienen dificultades para el acceso al agua corriente, al saneamiento, [o presenten] problemas eléctricos, [o] malas condiciones de habilitabilidad”. Junto a esto solicitan un plan de obras a ser ejecutado en un plazo de un año para mejorar estas condiciones.
Por otra parte, el hábeas corpus pide información al INR: población total del Comcar, cantidad de personas discriminadas por módulo, cantidad de plazas planificadas para albergar a estas personas, hacinamiento total y por módulos. Lo reclamantes también pretenden saber la cantidad de personal policial, técnico, de mantenimiento y de operadores penitenciarios que se desempeñan en Comcar, teniendo en cuenta cuántos de ellos están con certificación médica. Además, quieren saber cuánto personal está adjudicado a cada subunidad [compuesta por más de un módulo] y que se especifique a qué subdirección responden [administrativa, operativa, técnica] y qué horario cumplen [matutino, vespertino, nocturno].
A su vez, piden las novedades diarias confeccionadas en los últimos 30 días, la cantidad de conducciones canceladas por falta de custodia o móvil policial y la cantidad de homicidios e incidentes violentos, entre otras cosas.