Este lunes comenzó el juicio oral y público contra Lorena Loly Suárez, integrante de la organización criminal Los Suárez, que opera en Cerro Norte, acusada de ser autora de un delito continuado de negociación de sustancias de estupefacientes prohibidas en régimen de reiteración real, con un delito de organización a las actividades de narcotráfico.

Suárez fue detenida en octubre del año pasado, luego de ocho meses de investigación policial de la brigada departamental antidrogas. Durante ese plazo, la Policía realizó videovigilancia, interceptaciones telefónicas y varios allanamientos, donde se incautaron armas y drogas, y también fue imputado un hombre que pertenece a la organización por delitos de narcotráfico y diversos atentados a funcionarios policiales y que también irá a juicio.

Este lunes, en la audiencia acusatoria, la fiscal de Estupefacientes de 2° turno, Stella LLorente, pidió ocho años de penitenciaría para Suárez y alegó que la teoría del caso se centrará en el accionar de la imputada desde abril a octubre del año pasado, cuando se tuvo que mudar por un “enfrentamiento armado”, previo a ser detenida.

El conflicto al que hizo referencia la fiscal se dio entre Los Suárez y Los Colorados, otra organización que opera en Cerro Norte, y se recrudeció en octubre del año pasado. El grupo al que pertenece Suárez está integrado también por su hermano Luis Alberto Betito Suárez y su medio hermano Ricardo Cáceres, alias Ricardito.

La fiscal contó que, en un primer momento de la investigación, que comenzó en febrero del año pasado, Suárez estaba residiendo en la zona de Villa García. El negocio de venta de droga “iba bien”, según consta en interceptaciones telefónicas de su celular, pero en octubre se tuvo que mudar al Cerro por la intensificación del conflicto con la otra organización, y allí el “perfil de venta cambió” y pasó a ser “más bajo”. No vendía droga en la puerta de su casa, sino que coordinaba previamente vía Whatsapp con los consumidores, acotó la fiscal.

Llorente sostuvo que, como parte de este nuevo perfil, comenzó a tener poca droga en ese domicilio y tenía otros lugares de acopio, “tratando de esta manera de evitar los riesgos de ser descubierta en caso de que hubiera una actuación policial”. “Pero, como se dijo, Suárez no se conformó con esta actividad, sino que quería organizar, expandir su negocio, hacer más dinero y para eso realizó otra actividad, que es la organización de actividades delictivas de narcotráfico no sólo en puntos en Montevideo, sino también en el interior del país”.

La fiscal agregó que pretenden probar la teoría del caso durante el juicio a través del diligenciamiento de los medios de prueba y adelantó que declararán los funcionarios policiales que participaron en la investigación policial y analizaron los objetos incautados durante los allanamientos.

Por su parte, la defensa de Suárez, encabezada por el abogado Sebastián Puppo, precisó que no tenían una “coartada” para su caso y, por lo tanto, se iban a dedicar durante el juicio oral y público a contraexaminar toda la prueba presentada por la Fiscalía, que, a su entender, “no es para nada objetiva”, ya que, por ejemplo, señaló que “todos los testigos” que iban a participar en las audiencias tienen “interés en la causa” porque “son todos policías que intervinieron en la investigación”.