La jueza de 40º turno, Laura Sunhary, imputó el jueves pasado a un estudiante de UTU de Malvín Norte por los mensajes amenazantes que envió a una adscripta del centro educativo y dispuso la prisión preventiva por 120 días. La defensa del indagado, un joven de 34 años, a cargo de la abogada Victoria Muraña, solicitará que se le realice una nueva pericia psiquiátrica para determinar si es inimputable.

Durante la audiencia, a cuyo audio accedió la diaria, el equipo de la Fiscalía de noveno turno, a cargo de Fernando Romano, informó que había constatado que el indagado había sido autor de mensajes amenazantes a otras personas durante los últimos tres años, pero que esas denuncias nunca fueron asignadas a otros fiscales, por lo que se terminaron unificando en la causa.

En febrero de 2024, la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior hizo una denuncia por una serie de correos electrónicos que habían comenzado en 2022 y se habían mantenido, en forma reiterada, hasta el año pasado, en los que el imputado se refería a los policías de la Seccional 15ª y de la Zona Operacional 2 como “corruptos”, “sanguijuelas” y “coimeros”, entre otros insultos.

Cuando lo notificaron de la citación a raíz de la denuncia, en abril del año pasado, el hombre envió un mail a la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el que dirigía múltiples agravios y se centraba, en particular, en la policía mujer que concurrió a su domicilio para notificarlo. A partir de estos mensajes, la Policía hizo una segunda denuncia.

El tercer hecho fue contra los funcionarios del Consejo de Capacitación Profesional (Cocap), un centro de estudios que capacita a trabajadores, al que el joven asistió en 2017. El denunciado se anotó a un curso de electricidad y no lo aprobó porque no presentó el proyecto final.

En ese marco, en marzo del año pasado comenzó a enviar mensajes por Whatsapp a los funcionarios y a publicar en las redes sociales de la organización. En los mensajes, según narró la fiscal adscripta María Paysalian, había “amenazas de muerte” y otros en los que manifestaba su intención de “incendiar la institución, atacar a los hijos de los responsables y cuestiones de connotación sexual, amenazando con un secuestro y una violación”.

La última denuncia, previa a la amenaza en la UTU, data de diciembre de 2024. El joven concurrió a hacerse un tratamiento odontológico y, a los meses, sufrió una infección. El imputado entendió que había sido como consecuencia del trabajo realizado en el consultorio, en el que trabajaban dos odontólogas, a quienes les envió mensajes insultándolas y amenazándolas. “[Quiero] mi dinero brujas hijas de puta o les prendo fuego el consultorio para que aprendan. Parásitos”, dice uno de los mensajes que fueron leídos en la audiencia por la fiscal.

La solicitud de una nueva pericia psiquiátrica

La fiscalía informó que se hizo una pericia psiquiátrica con carácter urgente al joven, pero el perito psiquiatra sólo contó con información sobre el último caso y determinó que el denunciado era capaz de comprender el carácter ilícito de los hechos y de autodeterminarse.

En diálogo con la diaria, Muraña precisó que presentará la historia clínica de su defendido a un nuevo perito para que se haga una pericia ampliatoria. El objetivo, además, es que se incluyan todos los hechos anteriores a la amenaza a la adscripta de la UTU. La defensora pública señaló que tiene muchas dudas sobre su imputabilidad.

Durante la audiencia, el fiscal Romano señaló que iba a acompañar el pedido de la defensa de realizar una nueva pericia psiquiátrica, en caso de que lo entendiera pertinente, para que “incorporaran todas las novedades” que no se incluyeron en la pericia anterior y para poder ahondar en la personalidad del indagado.

Las medidas cautelares

En su argumentación a favor de la prisión preventiva como medida cautelar, que es de “última ratio”, la fiscal Paysalian señaló que es la única que puede “neutralizar los riesgos” procesales. En particular, mencionó la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, porque existe una multiplicidad de personas que deberán concurrir a declarar tanto en calidad de víctimas como de testigos. Por otra parte, indicó que existe un “riesgo clarísimo” para las víctimas, en particular para una de ellas, que vive a 100 metros del domicilio del indagado.

En la audiencia, la abogada del indagado precisó que no tenía otro domicilio para poder fijar como alternativa. También dijo que se trata de una persona primaria y que ingresarla al sistema penal sería “demasiado perjudicial”. Por ese motivo, pidió ir de “menos a más” e intentar una medida menos gravosa, como la prisión domiciliaria con tobillera, mientras durara la investigación. También pidió que la medida cautelar fuera por 60 días.

La jueza, sin embargo, compartió el planteo de la fiscalía y señaló que se trata de hechos que “sucedieron en 2022, sin interrupción, prácticamente, cambiando sólo el foco de a quién se amenaza de muerte, con violarla, siempre mujeres, además. Los delitos que estamos imputando son delitos graves, hay semiplena prueba de eso, y tengo que ponderar en esta instancia el estado de inocencia del imputado y la seguridad de las víctimas, que recibieron una cantidad de amenazas e insultos muy preocupantes”.

También señaló que si bien hasta ahora “no ha pasado nada”, ella no podía definir la medida cautelar pensando en eso, porque la víctima vive a 100 metros del indagado y la Dirección de Monitoreo Electrónico necesita una distancia de 1.000 a 1.500 metros para que la tobillera electrónica pueda funcionar.

En cuanto a las dudas sobre la pericia psiquiátrica que se realizó, la jueza señaló que el indagado es imputable porque eso decía el informe. “No me puedo apartar y decir ‘debe estar loco’. Para mí es imputable y sabe lo que está haciendo; puede haber otra vez una pericia distinta, [pero] estos son los elementos que tengo hoy y manejo”.