La socia fundadora de Conexión Ganadera Ana Iewdiukow declaró por casi dos horas ante el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez.

Iewdiukow llegó sobre las 14.00 a la fiscalía de la calle Cerrito, conducida en un auto particular desde su casa en Parque Batlle, donde cumple prisión domiciliaria. Allí la esperaba una treintena de damnificados con pancartas en las que denunciaban la estafa y reclamaban la devolución del dinero invertido.

Durante su comparecencia, el fiscal Rodríguez pidió una ampliación de la declaración que había hecho en junio, en función de algunos puntos que surgieron de la investigación penal, en particular, de un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (BCU), que detectó movimientos bancarios por dos millones de euros hacia España.

Rodríguez apuntó a la diferencia de 800.000 euros entre el dinero girado y la compra del apartamento, que habría costado 1.200.000. El informe del BCU, que fue publicado por El Observador, da cuenta de la existencia de siete giros bancarios, entre el 28 de junio de 2022 y el 26 de febrero de 2024, desde la cuenta de Pablo Carrasco a la de Iewdiukow por dos millones de euros.

La defensa de Iewdiukow respondió que el giro se hizo en agosto de 2022, creyendo que la empresa estaba en buenas condiciones financieras, y afirmó que fue el único retiro en los 25 años de funcionamiento de la empresa. Además, alegó que no hubo intención de ocultamiento de esos movimientos porque fueron utilizadas sus cuentas personales en Uruguay y en España, y que la compra del apartamento fue informada por la familia antes de que llegara la respuesta del exhorto que la fiscalía envió a España.

En la audiencia para ampliar la formalización por un delito de lavado de activos, el fiscal Rodríguez pedirá modificar la medida cautelar a prisión preventiva, tal como exige el literal l del artículo 224 del Código del Proceso Penal. En ese debate la defensa planteará que el avance de la investigación penal y el pedido de la ampliación de la formalización son evidencia de que la prisión domiciliaria, como medida para preservar la investigación, fue efectiva, por lo que no se constata un incremento del riesgo procesal o incumplimiento.

En una rueda de prensa, uno de los damnificados, Matías Corts, dijo que esperan que se le impute lavado de activos a Iewdiukow y que se avance con los otros responsables de la maniobra. “Estamos hablando de un entramado de 30 empresas que han formado parte de esto; creemos que la misma cuantía de delitos deben ser imputados a ellos también”, planteó.

Consultado sobre la respuesta del sistema político, Corts dijo que no han tenido novedades desde que fueron recibidos por la Comisión de Hacienda del Senado y advirtió que es necesario que “los organismos de contralor también faciliten el acceso a la información, que es la base para la decisión judicial”. “Estamos convencidos de que el accionar da credibilidad al movimiento, y la gente va perdiendo el miedo a reclamar lo que legítimamente le corresponde, dado el tiempo que está pasando y que no hay medidas contundentes al respecto”, expresó.

Iewdiukow fue imputada con prisión domiciliaria hasta el 10 de febrero por un delito de estafa, al considerar que participó en la estrategia montada por Conexión Ganadera para captar capital. En su declaración, Iewdiukow admitió haber comprado un apartamento para sus hijos como una forma de asegurarles un futuro y que vendió un apartamento en Punta del Este para pagar el dinero que había recibido de la hermana de Carrasco.