El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció que el gobierno hará otra ampliación de la denuncia en el caso Cardama, que investiga irregularidades en la adjudicación de la construcción de dos patrullas oceánicas en el anterior período de gobierno, valuadas en 90 millones de dólares.
Entrevistado por Desayunos informales, Díaz recordó que después de presentada la denuncia penal se hizo una primera ampliación, luego de recibir el informe del notario que advirtió que el certificado notarial español que presentaron con la garantía era falso. Anunció además que se hará una nueva ampliación para agregar una pericia de Policía Científica del documento de la garantía que señala que “no hay firma digital, que la firma no es original y que hay tres documentos que tienen la misma firma calcada”, que presumiblemente se copió y pegó.
En cuanto a la rescisión del contrato, Díaz dijo que antes hay que cumplir con los procedimientos administrativos y defendió a los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardozo, que realizan las inspecciones de la obra en representación del Estado uruguayo, al tiempo que calificó de “irresponsables” los dichos del exministro de Defensa Nacional Javier García, quien dijo que esos militares son “espías”. A su vez, informó que el gobierno uruguayo se comunicó con su par español para aclarar el contexto de esas afirmaciones.
Díaz comentó que durante la interpelación a Lazo, García fue consultado por varios aspectos del proceso que no fueron respondidos: “¿Quién trajo a la empresa Cardama? ¿Por qué se eligió una empresa sin ninguna experiencia en la construcción de ese tipo de buques? ¿Por qué se le dio a la empresa tres oportunidades para modificar la oferta y a las otras no?”, cuestionó.
En cuanto al proceso administrativo, Díaz dijo que la adjudicación del contrato “tuvo todas las desprolijidades juntas”, y señaló que no se generó un expediente administrativo para la constitución de las garantías, una sola resolución de prórroga para presentar la garantía, cuando se otorgaron varias prórrogas. Señaló además que entre los argumentos para defender la elección de Cardama se planteó la celeridad con la que avanzaría en el proceso. “A la luz del derecho administrativo, no puede sustituirse un expediente por una cadena de mails”, apuntó.
“Yo no afirmo que esos hechos constituyan delito porque no tengo pruebas y eso, en definitiva, lo debe analizar un fiscal, pero sí existió un cúmulo de irregularidades administrativas muy grande, donde hay dos personas que participaron muy activamente en ese cúmulo de irregularidades administrativas, fueron funcionarios administrativos del Ministerio de Defensa y hoy están en comisión en el despacho de Javier García”, señaló Díaz.