El esquema fraudulento que encabezó la excorredora de bolsa Sara Goldring a través de su empresa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) llevó a que decenas de damnificados denunciaran pérdidas por unos 100 millones de dólares. Si bien la septuagenaria está imputada por apropiación indebida con medidas cautelares desde 2023, la causa sigue abierta y el vencimiento del plazo para que el fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez acuse formalmente es inminente, con una audiencia pautada para el 20 de este mes.

Sin embargo, la causa presentó un nuevo ribete. Patricia Regules, abogada de 140 damnificados, “en los esfuerzos de hacer presión para recuperar algo por la vía de Estados Unidos”, dijo a la diaria que este martes presentó vía mail una denuncia penal contra el Banco Central del Uruguay (BCU) y contra la Liga de Defensa Comercial (Lideco, que actúa como el liquidador) ante la Fiscalía de Lavado de Activos: “No me acusaron recibo, pero espero que eso también se mueva en paralelo”.

Según la profesional, “existen indicios que apuntan a dos cosas”. Por un lado, a que un acuerdo privado de reorganización (APR) “ya habría sido firmado por el BCU” y, por otro, a que “el BCU habría solicitado la repatriación de fondos de cuentas de Goldring en Morgan Stanley en julio de este año”, con una cifra que está “en el orden de los millones”. “Si eso es cierto, ¿a dónde fueron los fondos? ¿A qué cuentas fueron los fondos? Porque a los damnificados no fueron. Entonces esos son los dos puntos que levanto en la denuncia a presuntos hechos delictivos por parte del BCU y de Lideco”, aseveró.

Entre esos “indicios” listó qué “fue lo que declaró Goldring por escrito”, que el BCU “salió públicamente a decir que no firmó acuerdos con Goldring, pero nunca dijo que no había firmado un APR”, y que habló con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC; United States Securities and Exchange Commission) y, aunque no puede revelar el intercambio, “fue suficiente” para convencerla de presentar la denuncia penal.

Si bien presentó la denuncia a través de un correo electrónico, dijo que, por lo anterior, estará en Montevideo el 15 de diciembre para ocuparse del tema dado que le resulta “muy grave lo que está sucediendo a nivel institucional”, ya que “seguramente no acusaron recibo porque la forma de hacer una denuncia penal en el Uruguay es ir a la Policía o agendar hora en la Fiscalía y presentarla por escrito”. “Lo que me resulta difícil de entender es por qué ninguna de las tres personas que recibió el mail me acusó recibo. Capaz están muy ocupados, pero en todo caso estoy yendo a Montevideo a presentar la denuncia físicamente en la Policía, en Fiscalía, en el ministerio público y en todos lados”, acotó.

“Lo único que sé es que hasta ahora a los damnificados no se les compensó, así que me gustaría saber a dónde fue ese dinero y por qué no se le comunicó nada a nadie”, consignó en diálogo con este medio.

De forma paralela a lo anterior, Goldring había solicitado permiso al Juzgado de Crimen Organizado para viajar a Estados Unidos a mediados de enero con el objetivo de encontrarse con su hijo, informó El Observador. Sin embargo, el citado medio reportó desde la audiencia que la jueza Diovanet Olivera rechazó la solicitud este miércoles luego de ofrecerle el visto bueno si presentaba 300.000 dólares de fianza que no podían provenir del dinero ya incautado y que Goldring dijo no poseer. El plan era salir hacia Miami entre el 18 y 27 de enero con motivo del cumpleaños 50 de su hijo.

Regules confirmó lo anterior y dijo que la decisión resulta “sumamente coherente” y “muy favorable para los damnificados” dado que, según le consta, Goldring tiene “residencia en Estados Unidos y cuentas en [el banco] Jefferies, que están bloqueadas voluntariamente” por la institución. “Se estima que son 20 millones de dólares, pero no sabemos la cifra exacta, y la vamos a saber cuando le embarguen los bienes en Estados Unidos y, bueno, otras propiedades, posiblemente, que no tengo en el radar”, acotó.

Dijo que la causa “está bastante picante”. Según reconstruyó, “por un lado está el liquidador delegado del BCU tratando de que se cierre un acuerdo sí o sí”, y, por otro, “están los embargos en Estados Unidos, que están para sentencia y sale la orden de embargo formal a cuentas que ya están congeladas”.