La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la acción presentada por el exsenador Charles Carrera, quien denunció espionaje ilegal y persecución política en su contra, como consecuencia de la denuncia penal que realizó contra el exministro de Transporte Luis Alberto Heber y otros jerarcas del anterior gobierno para que investiguen el acuerdo entre el Estado y la empresa belga Katoen Natie para la concesión de la terminal especializada en contenedores hasta 2081.

La denuncia fue presentada por Carrera en agosto de 2022 y en ella señala que pocos días después de concretar la denuncia contra el Estado por el acuerdo portuario, se comenzó a poner en la agenda la causa en su contra por la entrega de tickets de alimentación y la atención en el Hospital Policial de Víctor Hernández, quien fue víctima de una bala perdida, presuntamente disparada desde la casa de un funcionario policial en La Paloma, en noviembre de 2012, cuando Carrera era director general del Ministerio del Interior.

En octubre de 2023, Carrera amplió la demanda integrando la imputación por cohecho del exgerente de Vertical Skies, Marcelo Acuña, quien luego fue condenado tras admitir haber estado involucrado en la elaboración de fichas personales de los denunciantes de la causa Katoen Natie, Carrera y Mario Bergara, tal como surgió de los chats del exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, divulgados por la diaria, en donde le pedían información personal para que “retiren la denuncia de Katoen Natie”.

En la comunicación de la CIDH al Estado uruguayo, se informa que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene cuatro meses para responder la demanda y señala que “en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solicitud de las partes, la CIDH se pondrá a disposición de la parte peticionaria y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana, la Declaración Americana u otros instrumentos aplicables”.

“Que la CIDH haya aceptado el caso no es una sentencia, pero sí es una decisión muy relevante. Significa que el organismo entiende que hay elementos serios para un análisis internacional y que el Estado uruguayo - Fiscalía General de la Nación deberá responder y dar explicaciones ante el sistema interamericano de derechos humanos”, publicó Carrera en sus redes y destacó la importancia del hecho, “porque rompe el aislamiento de quienes denuncian abusos de poder, y reafirma un principio básico: cuando las respuestas no llegan a nivel interno, la protección internacional se activa”.

“Voy a seguir este proceso con la misma convicción de siempre, defendiendo la verdad, la democracia y el Estado de derecho. No se trata sólo de mi situación personal, se trata de garantizar que denunciar corrupción y defender lo público no se pague con persecución”, afirmó.