La jueza en lo penal de 33° turno, Silvia Urioste, negó varias autorizaciones para salir del país presentadas por imputados en la causa Operación Océano. Según informaron a la diaria fuentes allegadas a la causa, la decisión de Urioste será apelada por las defensas de los afectados, basándose principalmente en que la Fiscalía, que defiende el derecho de las víctimas, no se había opuesto a la autorización de las salidas.
El martes la causa retomó su actividad, luego del vencimiento de los plazos procesales dispuesto en diciembre de 2024, días antes de la llegada de la feria. Según señalaron las fuentes, el viernes varias defensas presentarán un recurso de queja para denunciar que en la presentación del auto de apertura, que es el documento por el que la jueza de garantías pasa al juez de juicio toda la información sobre el caso, no están completas las contestaciones a la acusación fiscal y sí se integró la posición de la Fiscalía en su totalidad.
Los recursos, que al tener efectos suspensivos sobre el proceso retrasan el llamado a juicio oral, serán analizados por el tribunal en lo penal de 1° turno. Una vez resuelto este punto y otras impugnaciones sobre la redacción del auto de apertura, la jueza Urioste enviará el documento al juez de juicio, Huberto Álvarez, quien tiene 90 días a partir de que recibe el auto de apertura para convocar a juicio oral.
La causa que tuvo a 34 personas investigadas llega a su etapa de juicio con 11 imputados, dado que 14 fueron sobreseídos por la propia Fiscalía y los nueve restantes condenados por acuerdo abreviado. La Operación Océano tuvo cinco jueces de garantías. Entre el inicio de la causa, mayo de 2020 y febrero de 2021, fue llevada por Adriana de los Santos. Luego estuvo a cargo de la jueza Beatriz Larrieu, quien llevó adelante la preparación de las declaraciones anticipadas a las víctimas y fue ascendida a un tribunal de apelaciones en octubre de 2021.
A partir de ese momento, la causa estuvo a cargo de María Noel Tonarelli, quien condujo las audiencias de prueba anticipada y parte de las sesiones de control de acusación. En febrero de 2024 asumió la jueza María Elena Mainard, quien avanzó sobre la confección del auto de apertura, de unas 300 páginas. Debió asumir el caso sin haber participado en las 50 sesiones de la audiencia de control de acusación en las que se definieron los elementos que integrarían el juicio. El proceso volvió a tener un cambio de juez en octubre de 2024, cuando asumió la jueza Silvia Urioste, quien provenía del viejo código de proceso.