La jueza de Concurso de 2° turno, Constanza Farfalla, rechazó el concurso voluntario planteado por los responsables de la empresa, por lo que ahora el juzgado deberá definir si accede al pedido de concurso necesario presentado por los acreedores del fondo ganadero.

La decisión se tomó, entre otros argumentos, porque los responsables de la empresa, Nicolás Jasidakis y Mauricio Mussio, no entregaron los estados contables y otra documentación.

En conversación con la diaria, el abogado Juan Pablo Decia señaló que una de las primeras conclusiones que deja la decisión de la Justicia es que se actuó de mala fe procesal por parte de los responsables de República Ganadera porque se omitió información “básica, si lo que realmente se busca es una reorganización empresarial genuina”.

Decia consideró que el concurso voluntario, que fue pedido en diciembre, tenía el objetivo de dilatar el proceso y continuar con el control de la empresa, mientras la Justicia lo analizaba. En esa línea, abogó por que se “decrete en el menor tiempo posible” el concurso necesario, lo que también permitiría definir un embargo por 70 millones de dólares para cubrir el pasivo de República Ganadera.

“De alguna manera ellos obstruyeron el concurso necesario con el voluntario porque las solicitudes de concurso necesario (pedidas por los acreedores) quedaron supeditadas a las resultancias de la primera solicitud. Eso persiguió un ánimo dilatorio”, expresó. *

Decia señaló que ante esta situación queda “totalmente descartado” considerar la propuesta que realizó la empresa para alcanzar un acuerdo entre privados, que implicaba la aprobación de más del 50% de los acreedores, para que los damnificados puedan acceder a una forma de repago a diez años. Según el abogado, esa opción no puede realizarse porque “no hay activos para responder a eso”. Consultado sobre los informes de la interventora en cuanto a que se está protegiendo el activo de República Ganadera, Decia señaló que los acreedores aún no tienen información oficial sobre qué ganado hay en los campos y en qué estado está.

Una vez que la Justicia defina el concurso, los denunciados pueden oponerse a la decisión, lo que podría postergar unos días el inicio del concurso, dado que la jueza deberá responder a los fundamentos de la oposición. Con el concurso, además del embargo, podrían decretarse medidas cautelares como el levantamiento del secreto de correspondencia sobre teléfonos, mails y conversaciones institucionales de las empresas o el cierre de fronteras sin límite de tiempo, mientras dure el proceso. Además, tomará control de la empresa el síndico, y se da por descontado que será la actual interventora, dado que es quien viene trabajando en el relevamiento de la información del fondo ganadero.

En tanto, en la Justicia penal, el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, avanza en la investigación sobre República Ganadera y pidió el levantamiento del secreto bancario de las cuentas asociadas al fondo ganadero y varios informes a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay y a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Rodríguez, que tomó el caso a principios de febrero, espera el resultado de esos informes, que implican el cruzamiento de información con cuentas bancarias vinculadas a los responsables del fondo para detectar maniobras delictivas y el análisis de riesgo de lavado de activos, para analizar si la conducta de los denunciados encaja en los delitos de apropiación indebida y estafa por los que están siendo investigados, en una causa en la que se continúan recibiendo ampliaciones de denuncias por parte de los damnificados.

A principios de mes, el juez de Crimen Organizado, Fernando Islas, determinó el cierre de fronteras con entrega de documento de viaje para los responsables de República Ganadera, que permanecerá vigente hasta el 22 de agosto.