El Ministerio del Interior (MI) compareció este martes en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores para informar sobre lo actuado en los primeros dos meses de gobierno y dar lineamientos sobre el Plan Nacional de Seguridad Pública que será elaborado en consulta con todos los partidos políticos con representación parlamentaria y contará con instancias de diálogo social, con la expectativa de que su implementación trascienda el actual período de gobierno.

En diálogo con la diaria, el senador Eduardo Brenta, presidente de la comisión, dijo que el ministro presentó 170 acciones implementadas en los primeros 59 días, entre las que se encuentran diferentes operativos en todo el país, el control de la circulación de motos, las situaciones generadas por las amenazas de bomba a diferentes instituciones y hackeos a webs de organismos del Estado, entre otros temas.

Brenta destacó la disposición de los diferentes partidos a participar en el plan propuesto por el ministerio y valoró la actitud propositiva de Andrés Ojeda, que hizo varios planteos al ministro, principalmente en materia de procedimiento penal. El senador rechazó la actitud confrontativa que adoptó el senador Javier García durante la presentación del ministro, pero señaló que, con matices, entiende que el Partido Nacional participará en el proceso.

En la mañana del martes, durante su disertación en el ciclo Desayunos Útiles de Somos Uruguay, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el “fracaso estrepitoso y continuado” de la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en 1995, que basaba la política de seguridad en el carácter represivo, y señaló que esa ley fue producto de “esquemas de punitivismo, fórmulas fáciles y baratas” que privilegian la cárcel como solución.

En ese sentido, Negro recordó que la ley de urgente consideración derogó la suspensión condicional del proceso, una herramienta que utilizaba el sistema de justicia para imponer penas alternativas a la prisión en caso de delitos. Asimismo, planteó como prioridades de la gestión la reducción de los homicidios y el desarme de la población, sobre lo que señaló que Uruguay es “uno de los países que registran mayores niveles de armas de fuego distribuidas en la sociedad civil”.

Por otra parte, el ministro sostuvo que será necesario mejorar la calidad de los datos que se generan para que estén a disposición de toda la población e hizo hincapié en la necesidad de que el Plan Nacional de Seguridad Pública sea una política de Estado.

Otro punto destacado por Negro fue la sintonía que existe en el sistema político sobre el diagnóstico sobre la situación carcelaria y los principales lineamientos para encarar el problema. Al respecto, el ministro mencionó el Libro blanco de reforma penitenciaria, presentado el año pasado.

La elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública será liderada por el MI y tendrá entre sus líneas estratégicas el abordaje de los delitos complejos, los delitos contra la persona, los delitos contra la sociedad y la violencia escolar, combinando financiamiento presupuestal y de organismos multilaterales de crédito para su financiación. La implementación constará de cinco etapas que abordarán los aspectos técnicos, políticos y de construcción de legitimidad social de la política.

La primera etapa será una elaboración del diagnóstico de la situación, que ya comenzó y será el inicio para que en unos meses se abra un espacio de discusión que incluya al sistema político, el sector empresarial, la académico y la sociedad civil organizada. Como tercera etapa se elaborará una propuesta técnica en busca de la implementación de programas concretos, que serán evaluados en la fase cuatro desde el punto de vista político para considerar su viabilidad en función de la realidad económica, institucional y normativa. La quinta etapa será la consideración del documento final por parte de los diferentes actores que trabajaron en el proceso de discusión inicial.