La defensa de la familia Basso informó a la jueza de Crimen Organizado de 2° turno, Diovanet Olivera, la existencia de conversaciones de Whatsapp en las que tres damnificados conversan en un grupo, intentando averiguar dónde estudian los hijos de Agustina Basso y su pareja, Alfredo Rava, ambos investigados en la causa Conexión Ganadera.
En dos escritos presentados a la Justicia, los abogados de la familia piden que sean convocados los tres damnificados para que declaren sobre el contexto en que se dan esas averiguaciones y con qué objetivo. A su vez reclaman que se advierta a los abogados de las víctimas en función de lo planteado en el punto 3.6 del Código de Ética del Colegio de Abogados del Uruguay, que plantea que el abogado debe “velar porque sus clientes guarden respeto a los magistrados y funcionarios, a la contraparte, a sus abogados y a los terceros que intervengan en el asunto”. “Si el cliente persiste en su actitud, el abogado debe renunciar al patrocinio y comunicar reservadamente tal circunstancia a su Colegio profesional”, agrega el código.
“¿Cómo se sentiría una persona si tuviera que defenderse de gravísimas imputaciones, mientras toma conocimiento de que quienes lo denuncian están averiguando a qué colegio van sus hijos? ¿Con qué objetivo se realiza semejante intromisión a la intimidad, afectando nuestra paz psíquica y la de niños menores de edad? ¿Qué se planea con ello?”, plantea el escrito presentado a la jueza de garantías.
En las conversaciones que fueron entregadas a la jueza, los damnificados conversan sobre el lugar donde vive la familia y la forma de averiguar el lugar donde estudian los niños, compartiendo la página web de una de las instituciones en la que suponen que estudian, pero no cuentan con mayor información sobre el contexto de la conversación o el objetivo de las averiguaciones. Ante eso, piden a la sede que los convoque a declarar y evalúe si se entiende que se trata de hechos susceptibles de ser investigados penalmente.