Los abogados de los imputados y la fiscal especializada en Delitos Sexuales de 2° turno Mariana Alfaro participaron este martes de la primera audiencia con el juez del juicio de Operación Océano, Huberto Álvarez, con quienes definieron la forma en la que se desarrollará el juicio oral de la causa que investiga delitos sexuales contra adolescentes.
Durante la audiencia, que se realizó en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, el abogado Andrés Añasco presentó la propuesta de régimen de trabajo de las defensas que fueron aceptada por el magistrado, que definió que las audiencias de juicio serán martes y jueves entre las 9.00 y las 13.00 en el juzgado de 41 turno y se estima que el juicio podría llevar cerca de dos años. Si bien la fiscalía pretendía que el juicio se realizará tres veces por semana, ninguna de las defensas, tanto de las víctimas como de los imputados, tenía disponibilidad para avanzar en ese régimen de trabajo durante tanto tiempo.
Desde el punto de vista práctico, el juicio requiere la presencia de todos los imputados y sus defensas, que deben seguir la continuidad del proceso por lo que es clave generar una dinámica de funcionamiento que les permita estar presente en todas las audiencias. Además se resolvió que las audiencias no sean habilitadas al público para proteger a las víctimas, en lo que fue una decisión que fue comunicada por el magistrado pero no tuvo debate, dado que las partes estuvieron de acuerdo en la reserva por la naturaleza de los delitos que se están debatiendo.
En la causa fueron investigadas 34 personas, de las cuales 14 fueron absueltas por la propia fiscalía y nueve acordaron su condena en procesos abreviados, quedando once personas imputadas que enfrentan acusaciones por delitos de promesa o retribución a adolescentes por actos de naturaleza sexual. Para siete de ellas se pidió una pena de seis años de penitenciaría, para otra cinco años, para dos cuatro años y para la restante tres años de penitenciaría. En uno de los casos también se acusó por un delito de almacenamiento de pornografía con menores de edad, previsto en el artículo 3 de la Ley 17.815. Las víctimas tienen entre 13 y 17 años y no está previsto que declaren en el juicio, dado que su declaración fue realizada en cámara Gesell como prueba anticipada.