“No soy un delincuente y no soy un criminal, soy inocente. He sido víctima de una tremenda injusticia. Soy un hombre solo, sin patria, sin partido. En esta vicisitud he perdido todo, incluso a mi familia”. Así empezaron las declaraciones de Jorge Néstor Tróccoli delante de la Tercera Corte de Asís de Roma presidida por la jueza Antonella Capri. Con estas palabras intentó defenderse el exmarino uruguayo, condenado en Italia a cadena perpetua en 2021 por crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor.

Tróccoli, exmiembro del servicio de inteligencia de la Armada uruguaya, huyó de su país en 2007 para evadir la Justicia, amparado en su ciudadanía italiana. Sin embargo, la Justicia italiana lo responsabilizó por la desaparición de numerosos opositores políticos en el marco de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor, que se desplegó en América del Sur en las décadas de 1970 y 1980. Actualmente, cumple condena en la prisión de Carinola (Caserta) y enfrenta una nueva acusación por la desaparición de la pareja italoargentina Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza –cuyos restos fueron hallados en una fosa común en Asunción– y de la maestra uruguaya Elena Quinteros, militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

“Supe qué era el Plan Cóndor hace pocos años. En la época sobre la cual me están interrogando no sabía nada y estaba convencido de que no existía, que era una invención de la prensa. Nunca nadie me dijo que formábamos parte de ese plan o que debíamos actuar de cierta manera. Fue recién en 2015 cuando comencé a informarme. Después de investigar y encontrar documentación en un sitio web sobre el origen del Plan Cóndor, me convencí de que era real”, dijo Tróccoli a la Corte.

Durante sus declaraciones, largas y reivindicativas de su rol de militar, el exmarino relató sobre su posición y sus tareas en el Fusna y el funcionamientos de los organismos represivos, pero se escondió detrás del cuento de la lucha en contra del terrorismo y negó rotundamente que en el Fusna se haya torturado.

Tróccoli afirmó que todas las personas detenidas pasaron luego por un tribunal o fueron liberadas. Interrogado por la jueza sobre sus declaraciones en el libro La ira del Leviatán, donde parece admitir que torturó, respondió que allí él se refiere a lo que supo después y que eso en el Fusna no pasaba: “No se puede decir que fuéramos amables, pero no se usaba la tortura. Las personas que colaboraban lo hacían a cambio de algo. Excluyo que la gente colaborara por haber sido torturada”.

Llegó incluso a comparar los métodos utilizados por la inteligencia naval con los de Giovanni Falcone, el juez antimafia asesinado por la Cosa Nostra. Esto provocó la inmediata reacción del fiscal Erminio Amelio, quien defendió la memoria del magistrado.

Cuando se le preguntó por la motivación que lo empujó a escribir el libro respondió que lo movió su preocupación por la paz y para las futuras generaciones.

Sobre la desaparición de la pareja Filipazzi Potenza contó que efectivamente fueron llevados al Fusna y que él interrogó a la señora Filipazzi, “una mujer muy valiente y simpática que escribió una poesía”, pero relaciona la presencia de los dos en el Fusna a la búsqueda de una supuesta “novia de [el dictador paraguayo Alfredo] Stroessner” que se había fugado. Según Tróccoli, una vez aclarado que los dos no sabían nada de esa historia se procedió a su liberación. Dice no saber nada de lo que pasó después.

Interrogado sobre la detención de Elena Quinteros en la embajada de Venezuela, dijo que se enteró por la prensa y que habló luego con Juan Carlos Larcebeau y que él mismo le había relatado que el OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas] no confiaba en el Fusna y por eso llamó a participar a la Policía Nacional en la operación. “No sé nada más aparte de esto. No sé nada sobre el arresto anterior de Quinteros”, concluyó.

A propósito de los intercambios y estadía en la ESMA, en Buenos Aires, información que se deduce de su legajo, afirma que allí cumplía tareas de oficial consultor del contralmirante José Supicich y que su trabajo consistía en almorzar con él y hablar de política.

Fue una audiencia muy larga, con momentos de tensión. Tróccoli se defendió con vehemencia, negó su involucramientos en los casos, dijo que se ocupaba sólo de análisis de inteligencia, negó que el Fusna secuestraba y torturaba, y hasta llegó a discutir con Amelio y los abogados de la parte civil. En general, no se acordó de ningún nombre de conmilitones y militares con los que se cruzó durante el período examinado.

Acerca de su fuga de Uruguay, dijo que sufrió “persecución judicial”: “Los gobiernos de izquierda cambiaron las leyes y comenzó la persecución, a pesar de que me presenté ante el juez y dije todo lo que sabía. Mi abogado me dijo que eso no era justicia, sino un pelotón de ejecución. Por eso vine a Italia, pero Italia actuó como un verdugo”.

El abogado Andrea Speranzoni rechazó estas afirmaciones: “Oír decir a Tróccoli que la autoridad judicial italiana se comportó como un verdugo es algo que rechazamos, porque Italia lo investigó, lo juzgó en tres instancias que culminaron en el Tribunal de Casación y fue condenado según las reglas del justo proceso, que son reglas del derecho penal liberal europeo. También creo que su afirmación de que sufrió persecución judicial en Uruguay es radicalmente errónea: fue investigado y no perseguido, y huyó para evitar la Justicia”.

La audiencia había empezado con un pedido de adquisición de documentación por parte de los abogados de la defensa de Tróccoli. Los dos solicitaron al tribunal que adquiriera artículos de diario y extractos del libro Los indomables, de Pablo Cohen, en particular los fragmentos con las declaraciones de Lucía Topolansky sobre falsos testimonios en los juicios de lesa humanidad que terminaron con la condena de militares por crímenes cometidos durante la última dictadura (1973-1985), con el argumento de que un tipo de situación como esta se podría haber verificado también en ese juicio. Otro libro que pidieron fue Computadora, de Álvaro Alfonso.

La Corte decidirá en la próxima audiencia, aunque hubo oposición de la Fiscalía y los abogados. El fiscal Amelio alegó que se habían entregado páginas del libro seleccionadas con criterios parciales y artículos anónimos y no específicos que tenían afirmaciones graves. El fiscal subrayó que los protagonistas de las declaraciones relatadas en el libro deberían citados directamente como testigos: “No se celebran juicios con artículos de prensa y menos con entrevistas. Es degradante para la Corte de Asís adquirir como prueba una entrevista de una persona que podría ser citada y sometida a escrutinio para permitir también a las contrapartes hacer preguntas”. “Esta documentación es, en el mejor de los casos, irrelevante y, en el peor, inadmisible”, dijo la abogada Silvia Calderoni, quien representa a la República Argentina.

Consultado por la diaria, Speranzoni dijo que la defensa está satisfecha porque Tróccoli niega pruebas documentales que ya han sido investigadas a fondo. “Nos dice que Filipazzi y Potenza fueron detenidos en un hotel, permanecieron diez días en el Fusna, viajaron escoltados desde el día en que fueron liberados y aparecieron muertos en 2016 en Paraguay, y todo porque iban a ser interrogados sobre la identidad de una supuesta novia del dictador Stroessner. Se trata de una versión irreal y grotesca de un operativo bilateral que condujo al asesinato de dos personas, una de las cuales, Potenza, era militante peronista. Tróccoli también niega el carácter político de esta operación. Admitió, en cambio, la presencia y el interrogatorio de estas dos personas en el Fusna y esto es bueno para nosotros los defensores; todo lo demás no se sostiene. En el caso de Elena Quinteros, admitió la presencia de Larcebeau en el lugar del secuestro en la embajada de Venezuela. Esto, en nuestra opinión, confirma lo que Alex Lebel declaró como testigo y confirma la implicación y el vínculo entre el OCOA y el Fusna, vínculo que Tróccoli intentó romper sin conseguirlo”.

Al final de su declaración, Tróccoli pidió dirigirse a los familiares de las víctimas: “Quiero decirles que Uruguay, como otros países latinoamericanos, sufrió una tragedia y que todos nos equivocamos. Nadie pidió perdón. Yo lo pido aunque no sea culpable de estos hechos que hoy me contestan. Lo hago para pedir que se libere a los presos políticos uruguayos, personas ancianas que están en la cárcel”.

Jorge Iturburu, que representa a los familiares de las víctimas, dijo a la diaria que escuchó lo que dijo Tróccoli, pero que los familiares quieren saber cuándo, dónde y cómo murieron sus seres queridos y quieren saber dónde están.

El próximo 13 de mayo se realizará la última audiencia, en la que las partes presentarán sus alegatos finales, y el 27 de mayo se conocerá la sentencia.