El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, llamó por segunda vez a declarar al gerente operativo de Conexión Ganadera, Rodolfo Flores, y a Diego Quiroga, encargado de la trazabilidad y movimientos de ganado en la empresa, en el marco de la causa que investiga a los responsables del fondo ganadero por apropiación indebida, estafa y delitos de lavado de activos.

La citación se concreta luego de los allanamientos realizados la semana pasada en dependencias de Conexión Ganadera, en la sede de la empresa, en el escritorio de negocios rurales de Gustavo Basso y en la sede de la empresa administradora de ganado Hernandarias, en la ciudad de Mercedes. En los tres operativos actuaron funcionarios de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y se llevaron información de las computadoras y unos 20.000 dólares en efectivo, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso.

Quiroga y Flores declararon ante el fiscal Rodríguez a mediados de marzo, en una etapa de la investigación en la que el fiscal Rodríguez hizo hincapié en la operativa de Conexión Ganadera, por lo que la indagatoria se centró en el proceso de toma de decisiones y el conocimiento que tenía cada uno de la empresa y el recorrido del dinero que ingresaba al fondo. En la declaración, el fiscal Rodríguez pedirá ampliar y profundizar sobre alguno de los puntos tratados en esa declaración, más que nada apuntando a la operativa general del fondo ganadero y las diferentes responsabilidades que tenía cada uno.

Durante la anterior declaración, Quiroga dijo que era empleado de Conexión Ganadera y que se encargaba de la trazabilidad del ganado y que, una vez que las vacas llegaban al campo de los tomadores, él subía el registro en la División de Contralor de Semovientes y el Sistema Nacional de Información Ganadera, por lo que su actividad se centraba básicamente en Florida.

En tanto, Flores, quien fue empleado en la banca privada, declaró que trabajó en Conexión Ganadera entre 2011 y febrero de este año, y dijo que el responsable de redactar los contratos con los inversores era Pablo Carrasco, en consulta con Basso y con el abogado de la empresa, y él los llenaba a partir de los modelos creados por Carrasco e informaba a los clientes de contratos de terneros sobre vencimientos y eventuales oportunidades de reinversión.

Flores dijo que no sabe por qué Conexión Ganadera terminó siendo deudora de la tomadora del ganado Hernandarias XIII: “Antiguamente lo que se hacía era que yo pagaba equis cantidad de dólares por cuenta de Hernandarias, le pasaba la cuenta a Ana y Ana depositaba; después, en determinado momento, eso cambió”. Consultado sobre por qué se redistribuyen las cuotas de cada socio de Conexión Ganadera, Flores dijo que no tenía acceso a esa información ni participaba en las reuniones en las que se tomaba ese tipo de decisiones.

Además, Flores declaró que la empresa exportadora de ganado en pie, Glanedur, había sido administradora de ganado, algo que fue negado por el responsable de la empresa, el empresario turco Mohamed Montassar, quien denunció que su firma fue falsificada en los contratos y negó haber arrendado campos al fondo ganadero.

En marzo, la defensa de parte de las víctimas, que lleva adelante el abogado Juan Pablo Decia, presentó una ampliación de la denuncia, en un principio dirigida al socio fundador de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, y apuntó a los cargos medios del fondo ganadero, entre ellos Flores, Quiroga y el gerente general de la empresa, Martín Bartol. La ampliación de la denuncia, por asociación para delinquir y encubrimiento, se fundamenta en que, por los cargos y el lugar en la estructura del negocio que ocupaban, no podían desconocer las maniobras de Conexión Ganadera.

Según supo la diaria, los próximos convocados a declarar ante la fiscalía serán los principales denunciados, y tras esas declaraciones se evaluará un eventual pedido de formalización a la Justicia por los delitos de apropiación indebida y estafa. De los resultados del informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay podría surgir suficiente evidencia para imputar también delitos de lavado de activos como autolavado, ocultamiento, asistencia, tenencia o posesión de bienes que hayan sido adquiridos con dineros o fondos ilícitos.