El exsenador frenteamplista Charles Carrera anunció este viernes desde sus redes sociales que iniciará “acciones legales a nivel internacional” para denunciar un “lawfare” en su contra, en referencia a la causa que lleva adelante la fiscal Silvia Porteiro, que pidió su desafuero hace casi ocho meses, pero todavía no formalizó la investigación.

Carrera contrató al estudio jurídico IHR Legal, con sede en Washington y Suiza, que presentará su caso como una “vulneración de derechos de un ciudadano y legislador” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El estudio IHR Legal lo integran los abogados Ignacio Álvarez, exrelator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH; Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo tanto de la CIDH como del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, y Walter Albán, exdecano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Según un primer informe que elaboró este equipo de abogados el 30 de abril, la decisión de presentar una denuncia ante la CIDH está fundamentada en que en este caso se “vulneraron los derechos humanos” del exsenador Carrera. En concreto, mencionan cuatro artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que habrían sido violentados durante el proceso que comenzó en 2022.

El primero es el derecho a las garantías judiciales (artículo 8), que establece que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal con las debidas garantías “y dentro de un plazo razonable”. También mencionaron el artículo 13 (“derecho a la libertad de expresión”) y lo comparan con un caso que analizó la Corte IDH (Viteri Ungaretti y otros versus Ecuador) en que se falló a favor de un militar ecuatoriano que denunció actos de corrupción y sufrió sanciones y persecuciones.

El estudio jurídico IHR Legal también apeló a un apartado sobre derechos políticos (artículo 23) y las “oportunidades” al momento de ejercerlos. Aquí ponen como referencia un fallo de la Corte IDH a favor de integrantes de la Unión Patriótica de Colombia, que lograron demostrar que el Estado de ese país había emprendido “una serie de acciones (incluyendo violencia y estigmatización) dirigidas a eliminarlos de la escena política”. En este caso, Carrera apelará al impedimento de ejercer su banca en el Senado, ya que claramente habría sido reelecto si no fuera por el pedido de desafuero.

Finamente, los abogados mencionaron el derecho a la protección de la honra y la reputación (artículo 11 de la Convención), con ejemplos de otros casos en los que las autoridades “emitieron declaraciones públicas sobre casos no resueltos” con el objetivo de “manipular la percepción pública y afectar los derechos de los individuos”. “En suma, y sujeto a una revisión más detallada de los antecedentes, consideramos que probablemente existen varios fundamentos para presentar una petición individual en nombre del Sr. Carrera ante la CIDH”, concluyeron los abogados.

En paralelo a estas acciones a nivel internacional, Carrera presentó un informe político de 138 páginas sobre su caso ante tres órganos de dirección del Frente Amplio –secretariado ejecutivo, mesa política y plenario nacional–, según informó este sábado El Observador y confirmó la diaria.

En el escrito, el exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior dice ser “víctima” de una acción de “represalia” en su contra como consecuencia de su denuncia por la “entrega” del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie. En su opinión, la investigación penal iniciada en 2022 estuvo viciada “desde el día uno”, ya que la pesquisa la llevó adelante la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, una unidad que actúa bajo las órdenes del ministro. “Esto rompió la objetividad que debe regir en toda investigación penal. No se puede confiar en una pesquisa impulsada por quien tiene un interés político en el caso, y (el exministro del Interior) Luis Alberto Heber la tenía”, escribió Carrera en su informe ante los órganos frenteamplistas.

El exsenador también apuntó contra el equipo de la fiscal Porteiro, integrado por las fiscales adscriptas Giuliana Realini y Mariana González. Según su punto de vista, la sede de Delitos Económicos y Complejos de 2° turno actuó “de forma irregular” y llevó adelante una pesquisa que ha estado “viciada y flechada desde el inicio”.

La fiscal Porteiro, según dijo, pidió su desafuero hace casi ocho meses “solamente” para tomarle declaración, pero generó la consecuencia de “despojarlo de la banca de senador, que legítimamente hubiera obtenido”. Carrera ya había solicitado que Porteiro fuera apartada del caso y en los próximos días le pedirá a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que disponga de un nuevo equipo fiscal “que brinde garantías”.

Carrera señaló la “doble vara” de Porteiro, a quien responsabilizó por “no investigar a fondo la denuncia penal vinculada al puerto de Montevideo por el acuerdo con la empresa Katoen Natie”. “Esta doble vara revela a las claras que no existe imparcialidad por parte de Porteiro, quien claramente se está manejando con intencionalidad política”, agregó.

La causa judicial que involucra a Carrera comenzó en agosto de 2022 con una denuncia que presentaron las autoridades del Ministerio del Interior, en aquel momento a cargo de Heber. El proceso tuvo un momento crucial a finales de setiembre de 2024 cuando la fiscal Porteiro pidió su desafuero para indagarlo sobre un presunto delito de abuso de funciones. El senador no se amparó en la inmunidad parlamentaria y la Cámara de Senadores aprobó su renuncia en una sesión extraordinaria. Todo indicaba que luego de esos episodios la formalización de la investigación sería inminente, pero casi ocho meses después todavía sigue sin concretarse.

En medio de eso, la defensa de Carrera pidió el archivo de la causa en dos oportunidades, sin éxito. Además, el abogado del exlegislador entregó a la fiscalía la opinión experta de los abogados Gonzalo Fernández, Álvaro Richino, Jorge Barrera, Carlos Delpiazzo, Gabriel Valentín, José Korzeniak y Miguel Pezzutti. En su informe ante los órganos del FA, Carrera remarcó que “la academia ha sido contundente” al plantear que su actuación en este caso “se ajustó a derecho”.

El exsenador también mencionó la opinión que emitió sobre su caso el exministro de Educación y Cultura Leonardo Guzmán, que ejerció ese cargo durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005). “Nadie puede afirmar que el doctor Guzmán sea frenteamplista o simpatice conmigo. Sin embargo, se expresó negativamente respecto de mi proceso de desafuero y la posterior congelación de mi causa en un editorial publicado en el diario El País”, añadió Carrera.