La causa del exsenador nacionalista Gustavo Penadés, imputado por 22 delitos sexuales en octubre de 2023, ha tenido múltiples ramificaciones. Además de la que lleva adelante la fiscal Alicia Ghione contra el exlegislador, se han abierto varias investigaciones por diversos motivos, que van desde amenazas de muerte hasta la omisión de funcionarios públicos a denunciar delitos.

La última denuncia presentada ante la fiscalía en torno a la causa Penadés fue la expuesta por la fiscal Ghione y el equipo integrado por Lucía Castro y Federico Fascioli por amenazas de muerte contra el equipo fiscal, que implicaría una red integrada por personas privadas de libertad y funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación. Paralelamente, la abogada Sandra Colman, que representa a la víctima Jonathan Mastropierro, presentó en la Policía una denuncia por amenazas de muerte contra su defendido, que apunta a Mariana Penadés como la responsable de financiar el plan.

Según supo la diaria, la denuncia —que no excede la hoja de extensión— relata una serie de amenazas recibidas por el equipo fiscal en las que se menciona a Mariana Penadés y otras personas vinculadas al exsenador, como el profesor de Historia Sebastián Mauvezín, imputado por su rol de intermediario entre Penadés y las víctimas. También se habla de la posición de Romina Celeste Papasso, además de Mastropierro y su abogada. En principio, la denuncia no apunta a las personas condenadas por su responsabilidad en la trama montada por el exdirector del Comcar Carlos Taroco para generar evidencia a favor de Penadés, pero sí menciona otras personas vinculadas al sistema carcelario.

Esta semana, el juez en lo penal de 43° turno, Matías Porciúncula, declaró la reserva total del expediente, lo que incluye a los denunciantes y a los propios indagados en la causa, una excepción prevista en el artículo 259.3 del Código de Proceso Penal que establece que “el fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos permanezcan en reserva respecto del imputado, su defensor y demás intervinientes, toda vez que lo considere necesario para asegurar la eficacia de la investigación”.

La decisión, que en principio estará vigente por 40 días, pero puede ser prorrogada, fue tomada a pedido del fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3° turno, Gilberto Rodríguez, quien pidió la reserva de las actuaciones en función de la complejidad del caso, que tiene acusaciones cruzadas y un perfil técnico importante, requerido para establecer el origen de las amenazas.

Si bien la investigación penal avanzó en varias diligencias, por las cuales se logró identificar a otras personas que podrían estar involucradas, cierta inconsistencia entre los datos obtenidos y lo que surge de la denuncia plantea la necesidad de fortalecer el equipo de investigación con un perfil vinculado a la persecución del ciberdelito, con apoyo de inteligencia policial.

Hasta el momento, la fiscalía no encontró elementos objetivos contra la hermana del exsenador Penadés que ameriten su citación, pero la investigación recién está comenzando. Uno de los puntos señalados por los investigados es que la denuncia es una estrategia para fortalecer la posición de la fiscalía, ante cuestionamientos recibidos por parte de Papasso sobre la veracidad de las denuncias en la causa contra Penadés y justificar el mantenimiento de las medidas cautelares.

La denuncia realizada por Papasso a mediados de abril, que acusó a los abogados del consultorio jurídico de la Universidad de la República (Udelar) y la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la Nación de “armar” la causa contra el exlegislador, también quedó en manos del fiscal Rodríguez, que recibió el pedido de los abogados de Penadés de convocar a Papasso a declarar ante la fiscalía.

Según informaron a la diaria fuentes judiciales, este lunes Papasso ratificó su denuncia ante el fiscal Rodríguez y se dispusieron varias diligencias policiales para analizar posibles indagatorias.

“Lo de Penadés yo vi cómo lo armaron todo y me usaron. Yo puse todo escrito, subí las capturas. Yo sé los nombres de todos y Penadés no. Yo vi cómo les decían lo que tenían que decir antes de ir a la pericia. Una locura. [...] La mayoría de las denuncias contra Penadés son falsas”, dijo en entrevista con Montevideo Portal.

La causa contra Alicia Ghione

A raíz de la denuncia de Papasso, el fiscal Rodríguez también asumió la investigación penal que venía llevando el fiscal de Flagrancia de 5° turno, Diego Pérez, sobre un presunto delito de omisión de denunciar delitos por parte de funcionarios públicos, previsto en el artículo 177 del Código Penal, que había sido iniciada por los abogados de Penadés el 5 de febrero.

En ese expediente, Ghione es investigada por no haber denunciado presuntos actos de abuso sexual contra menores de edad, que surgían de la pericia realizada al celular de Mastropierro, según denunció el abogado Penadés, Homero Guerrero, a principios de febrero. Concretamente, Guerrero sostiene que el celular de Mastropierro contiene varios archivos de contenido sexual con menores de edad, entre ellos un video en el que -según los denunciantes- es abusado un niño de 11 años. La situación también fue informada a la Fiscalía de Corte, que abrió una investigación administrativa por este caso.

El mismo día que fue presentada la denuncia, Mastropierro fue hasta la puerta del juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, donde se estaba discutiendo la continuidad de las medidas cautelares contra Penadés y Mauvezín, para negar las acusaciones en su contra.

“Estoy hasta la cabeza con todo lo que está pasando, no puedo más con la situación. [...] La defensa de Penadés tiene que centrarse en la realidad; sean 22 o dos, es delito. Que yo tenga antecedentes y haya tenido problemas con la Justicia no vuelve a Penadés inocente; yo sufrí persecución, hay una persona vinculada a la causa desaparecida [en referencia al expolicía Federico Rodríguez]”, expresó en rueda de prensa.

La ampliación de la formalización

Ghione tiene previsto pedir la ampliación de la formalización en contra del exsenador previo a que se venza el plazo para presentar su acusación y comiencen las audiencias preparatorias del juicio. La fiscal incluirá en la investigación los delitos cometidos contra cuatro nuevas víctimas, informó el jueves El Observador. En ese sentido, estaba previsto que la jueza de 36° turno, Marcela Vargas, le tomara la declaración anticipada el miércoles a Javier Viana, el hombre que relató abusos por parte del exsenador cuando tenía 17 en el libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder.

Sin embargo, la audiencia se suspendió porque se requiere una coordinación penal internacional con España, donde reside Viana. El abogado del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Udelar, Juan Raúl Williman, que patrocina a varias víctimas, explicó que el testimonio, para que tenga validez y sea tomado como prueba anticipada, se debe recabar en un juzgado en España y transmitirse de manera directa con un medio telemático.

También estaba prevista una audiencia el miércoles para debatir si se aceptaba como prueba anticipada el testimonio del expolicía Federico Rodríguez, condenado en diciembre de 2023 por haber participado en la investigación parapolicial dirigida por el director del Comcar, Carlos Taroco, con el objetivo de argumentar que existió una trama política contra Penadés. Sin embargo, según supo la diaria, finalmente se resolvió postergar ambos casos para una audiencia el 14 de mayo.

La declaración de Rodríguez busca profundizar la denuncia de amenazas contra su vida. El expolicía cumple su pena en régimen de libertad a prueba, por lo que debe presentarse en la seccional más cercana a su domicilio semanalmente. Sin embargo, en febrero, la fiscalía inició una búsqueda con los equipos de Delitos Complejos y Asuntos Internos ante el incumplimiento de la medida y no poder localizarlo. Finalmente, Rodríguez fijó un nuevo domicilio y presentó un escrito ante un juzgado de Ejecución en el que argumentaba que había recibido amenazas relacionadas con Taroco y con otra persona privada de libertad.

Ghione tiene tiempo para presentar su acusación contra Penadés hasta el 10 de junio. Si bien el plazo de un año de investigación se cumplió en octubre de 2024, la fiscalía pidió una prórroga que fue concedida en setiembre pasado por la jueza María Noel Odriozola. En el caso de que Ghione requiera más tiempo para investigar, podría pedir una última prórroga que no puede ir más allá del 12 de octubre, cuando se cumplan dos años de la formalización del proceso contra el exsenador.