Un adolescente que se encontraba bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) se suicidó a comienzos de esta semana. El hecho fue dado a conocer por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), que mediante un comunicado exigió a las autoridades una “investigación urgente, con garantías para la familia”, una revisión “profunda y urgente del modelo institucional vigente” y el cierre del centro de Breve Estadía (ex Tribal).

El INAU publicó un comunicado, firmado por todos los representantes del directorio, en el que detalla que el adolescente de 15 años no se suicidó en el centro de protección para varones, ex Tribal, sino que “se encontraba autorizado a vivir en el contexto de una familia con una referente afectiva que había sido positivamente valorada por dos equipos técnicos de diferentes instituciones”.

El organismo detalló que el joven “se encontraba asistiendo regularmente a una institución educativa, con los controles de salud vigentes, cumpliendo un conjunto de medidas previstas en un programa socioeducativo, donde además contaba con el abordaje de una profesional de la Psicología”.

Ante el suicidio del adolescente, el INAU informó que se puso en contacto con la referente del adolescente y se la acompañó durante el proceso. Asimismo, se “garantizó de forma inmediata la atención en salud mental para un amigo del adolescente fallecido que se encontraba particularmente afectado”.

El directorio del INAU advirtió que se “está tramitando la realización de una investigación de urgencia para evaluar si existieron otras responsabilidades a considerar en el marco de esta situación”.

Las denuncias en el excentro Tribal

A fines de 2023, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que trabaja bajo la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos, recomendó el cierre del centro de protección de varones adolescentes, tras constatar un “conjunto de situaciones de importante gravedad”. En ese momento, el centro atendía a 63 adolescentes, de entre 13 y 18 años. De ese total, 11 adolescentes residían en el centro, 17 se encontraban con salidas no acordadas, tres estaban hospitalizados por salud mental y 32 estaban de “licencia en contexto familiar”.

Entre marzo y setiembre, los integrantes del mecanismo hicieron cinco visitas, en las que se constató “violencia in crescendo”, que exponía “a los adolescentes residentes a situaciones de riesgo en su integridad física, psicológica y, eventualmente, su vida”. “Se relevó el temor de varios adolescentes de residir en el centro, debido a la violencia, las conductas intimidantes entre pares, así como la falta de respuesta institucional”, se detalla en el informe.

Este también dio cuenta de que en una de las visitas se constató la “ausencia de referentes adultos que brindaran contención en la atención directa, lo que aumentaba la sensación de caos en el establecimiento”, y se registró una “alta frecuencia” de salidas no acordadas, lo “que expone a los adolescentes a situaciones de extrema vulnerabilidad”.

En las recomendaciones, el MNP llamó a las autoridades a incrementar el personal, elaborar y ejecutar “un plan de abordaje integral para prevenir y evitar la repetición de situaciones de riesgo de la integridad física y psicológica de los adolescentes”, y “realizar las gestiones que permitan, en un plazo no mayor a seis meses, concretar la mudanza del centro a un establecimiento con las condiciones adecuadas de seguridad para la protección integral de los adolescentes”.

En el comunicado emitido por el INAU se señala que el directorio es “consciente” de las recomendaciones realizadas por la INDDHH “con relación a todo el sistema de protección de 24 horas en general y del Centro de Breve Estadía en particular”. Asimismo, se establece que es necesario “encontrar rápidamente alternativas que permitan que los procesos de institucionalización en Uruguay sean, efectivamente, el último recurso y por el menor tiempo posible; y para que cuando tengan que ocurrir se produzcan en condiciones dignas que permitan el ejercicio pleno de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes”.