Tras la formalización del proceso contra los socios de Conexión Ganadera Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda del socio fundador fallecido Gustavo Basso, se abre una nueva etapa en la causa, en la que se investigan varios delitos que aún no fueron imputados y personas que participaron en la operativa de la maniobra que dejó a 4.300 damnificados, con un pasivo estimado en 250 millones de dólares.

La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, imputó a Carrasco por un delito de estafa y lavado de activos disponiendo 180 días de prisión preventiva, mientras que Iewdiukow y Cabral fueron imputados por un delito continuado de estafa en calidad de autoras, con prisión domiciliaria como medida cautelar.

En la solicitud de formalización, el fiscal Rodríguez señaló la responsabilidad de los tres investigados en la operativa de Conexión Ganadera. “Carrasco junto con su socio Basso eran los líderes y verdaderos alma máter del negocio y de las empresas involucradas; fueron ellos los que entablaron relación hace más de dos décadas y fueron ellos los que idearon, emprendieron y promocionaron la operativa comercial”.

El fiscal señaló que, si bien Iewdiukow y Cabral tuvieron al principio “una participación accionaria mínima”, del 5% y luego del 31 de mayo de 2024 del 25%, “indudablemente tuvieron participación en varios aspectos de la actividad comercial”. En el caso de Cabral, Rodríguez la señaló como responsable del libramiento de cheques y tareas vinculadas a la verificación de pagos, además de la firma de los contratos de Conexión Ganadera en representación de la tomadora de ganado, Don Coraje.

En el caso de Iewdiukow, el fiscal dijo que su participación estaba concentrada en la administración de los campos de Hernandarias XIII, antes y luego de ser arrendados, pero “también tenía una participación en la cría y explotación del ganado, dada su condición de ingeniera agrónoma”, y subscribía los contratos en representación de Hernandarias XIII.

“Los tres imputados tenían participación directa en la administración y gestión de la empresa, aunque tuvieran asignados distintos roles, eran socios, dueños de Conexión Ganadera y por lo tanto responsables de su funcionamiento, no siendo suficiente, como se intentó, alegar que no estaban al tanto de la parte financiera. Son los tres que ya enterados de la situación de debacle económica seguían captando clientes y firmando contratos para continuar con el giro sin advertir a los inversores de la grave posición económica de Conexión Ganadera y a sabiendas de que sus créditos podrían resultar incobrables”, agregó el fiscal.

Además de la formalización, la jueza admitió el embargo por 16 millones de dólares por bienes detectados por la investigación penal, que fueron adquiridos con cuentas que provenían de Conexión Ganadera y que integraban el grupo económico, entre ellos, diez inmuebles y campos en Río Negro, Florida, Durazno, Lavalleja y Montevideo, un inmueble en Madrid, 700.000 dólares provenientes de una venta de un inmueble en Punta del Este, el dinero incautado en los allanamientos a las oficinas de Conexión Ganadera, por 33.000 dólares, los paquetes accionarios de las empresas panameñas Tango y Conga y más de una decena de vehículos. Además de los bienes embargados a terceros, familiares de Basso y Carrasco, entre ellos un inmueble en Punta Carretas, por 395.000 dólares; dos padrones en Durazno por 1,5 millones de dólares y otro por 480.000 dólares en la localidad de Pintado; y dos padrones en Lavalleja, por 750.000 dólares.

¿Cómo continúa el proceso penal?

A partir de la formalización, comienza a correr el plazo de un año que tiene la fiscalía para presentar la acusación contra los tres imputados, aunque el artículo 265 del Código del Proceso Penal prevé que ese plazo pueda extenderse a dos años para casos complejos.

A las dificultades propias de la magnitud de la maniobra y la cantidad de víctimas se suma la falta de recursos que sufre la fiscalía para investigar, una situación que se agravó luego de la decisión de la fiscal Mónica Ferrero de reducir las horas de la contadora Carina Liguori como asesora en la fiscalía especializada en Lavado de Activos, para brindar horas a la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Sandra Fleitas.

Entre la formalización y la presentación de la acusación por parte la fiscalía, el fiscal puede pedir la modificación tanto de los delitos imputados como de las medidas cautelares. En la audiencia, si bien existieron críticas por parte de algunos abogados por entender que existía evidencia suficiente para imputar otros delitos a Iewdiukow y Cabral, la mayoría de los abogados de las víctimas, que no son parte en el proceso, expresaron su conformidad con el trabajo del fiscal Rodríguez, señalando que la formalización se trata de una primera etapa y confiando en que a medida que se vaya procesando nueva evidencia se pueda concretar una ampliación de la formalización.

En cuanto a la modificación de las medidas cautelares a Iewdiukow y Cabral, varios abogados consultados por la diaria plantearon que sólo podrían modificarse en caso de incumplimiento o incremento del riesgo procesal. El literal l del artículo 224 del Código del Proceso Penal obliga al fiscal a pedir prisión preventiva a las personas por las que se pide imputación por lavado.

Durante esta etapa del proceso, hasta el inicio del juicio, los tres imputados podrían alcanzar un acuerdo abreviado con la fiscalía para obtener una condena menor. Fuentes allegadas a la investigación señalaron a la diaria que hasta el momento no ha habido ninguna conversación en ese sentido, destacando que aún queda mucho por investigar. El delito de estafa prevé penas de entre seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría, mientras que el delito de lavado de activos prevé penas de entre dos y 15 años.

El abogado Santiago Alonso dijo a la diaria que el proceso no faculta a los abogados de las víctimas a cuestionar lo que se debatió en la audiencia. “No tengo ninguna objeción para realizar al respecto [...], la calificación jurídica puede mutar en cualquier momento, por lo que hacer un cuestionamiento en una etapa inicial carece de sentido”, y señaló como “cauteloso y prudente” el proceder de la fiscalía.

“Quedan decenas de testimonios por recabar, de testigos y otros imputados, las respuestas a los exhortos de otros países, de bienes y dinero que se pueda rastrear, esto recién comienza, bastante rápido fue”, respondió consultado sobre el resarcimiento a las víctimas. Alonso señaló que todo será concentrado en el proceso concursal.

El abogado Juan Pablo Decia, quien representa a unos 200 damnificados, dijo a la diaria que no tiene expectativas de que se amplíe la formalización contra Iewdiukow y Cabral, en la medida en que no se hizo en esta primera etapa, cuando a su juicio había evidencia para imputarles lavado. “Los elementos que va a tomar para ampliar la tipificación son los elementos que ya surgen en la carpeta, es dable esperar que no se amplíe la formalización”, señaló.

Decia señaló que espera que la formalización se amplíe a otros imputados con los tomadores externos de ganado y los hijos de las dos familias, “porque fueron los receptores de bienes inmuebles rurales y urbanos que se pusieron a su nombre con plata producida por una actividad ilícita”. Entre los delitos por los que podría ampliarse la investigación se encuentra el de apropiación indebida, asociación para delinquir e insolvencia societaria fraudulenta.

Además de las respuestas de los exhortos para obtener información bancaria de cuentas asociadas a Conexión Ganadera en España, Estados Unidos, Paraguay y Panamá, donde fueron creadas dos sociedades, también está pendiente la trazabilidad de transferencias de Conexión Ganadera a cuentas en Suiza, España, Estados Unidos, Reino Unido, Islas Vírgenes y Vietnam y la investigación de la falsificación de la firma del empresario tunecino Mohamed Montazel Bendeche, de la empresa dedicada a la exportación de ganado en pie Gladenur, luego de que la pericia caligráfica realizada por el Instituto Técnico Forense confirmara la versión que el empresario dio en fiscalía, en cuanto a que no fue él quien firmó los contratos con Conexión Ganadera como tomador de ganado.

Carrera contra el tiempo para proteger el activo de Conexión Ganadera

La intervención judicial de Conexión Ganadera avanza en un proceso a contrarreloj para bajar los costos operativos, que son pagados con el activo de Conexión Ganadera, en busca de lograr que el activo disminuya lo menos posible para tener más dinero para distribuir entre los acreedores. Esa tarea enfrenta varias dificultades por la magnitud de la empresa y los procesos administrativos y judiciales que cada operación debe cumplir en el marco del proceso de concurso, además de un alto costo operativo que implica el pago de salarios de unos 200 trabajadores, y costos por sanidad que superan los 200.000 dólares, además de los gastos de energía y funcionamiento de los establecimientos y costos de arrendamientos de campos por encima del valor promedio del mercado.

Si bien la sindicatura viene avanzando en el proceso de vender los animales y entregar los campos, cada venta tiene su complejidad extra. A las negociaciones habituales de cualquier venta, ya sea por remate o venta directa, se agregan otras coyunturales. En marzo, cuando se vendieron los primeros 200 animales de Conexión Ganadera, era difícil obtener la confianza de los compradores por la procedencia del ganado, pero esa dificultad se fue superando a medida que avanzaron las operaciones, que a su vez deben planificarse para obtener el mayor rédito posible para incrementar el activo.

Además, existen obligaciones administrativas, como la solicitud de emisión de guía de propiedad y tránsito al Ministerio de Ganadería para concretar la operación, y otras diligencias a nivel judicial, dado que cada venta requiere la autorización del juez para vender el ganado en un mecanismo que admite que alguna de las partes del proceso pueda oponerse a la venta. Según supo la diaria, de las 75.000 cabezas de ganado con las que se inició el concurso, se lograron vender, aproximadamente, unas 15.000 y entregar cinco campos de los 27 que estaban implicados en la operativa de Conexión Ganadera, mientras que hay otros seis campos en proceso de entrega.

¿Cómo y cuándo se repartirá el dinero de lo que queda de Conexión Ganadera?

En diálogo con la diaria, fuentes allegadas al proceso de concurso estimaron que en agosto se conocerá el pasivo de Conexión Ganadera, lo que permitirá, a nivel de la Justicia penal, conocer el monto de la maniobra por la que fueron perjudicados los inversores.

En cuanto a la forma en la que se buscará que los damnificados recuperen al menos parte del dinero que invirtieron, existe un alto nivel de coordinación entre la Justicia de concurso y la Justicia penal y el acuerdo en que el activo que pueda detectar la investigación penal será volcado al concurso para que se distribuya equitativamente a los damnificados. Además del activo que pueda recuperarse por la administración, están los 16 millones de dólares que fueron embargados por la Justicia penal, que detectó inmuebles y vehículos de alta gama que fueron comprados desde las cuentas de Conexión Ganadera.

El activo para repartir entre los acreedores también podría crecer con el cobro de alguno de los créditos de Conexión Ganadera, como es el caso del frigorífico Casa Blanca, que tiene una deuda de 27 millones de dólares con el fondo ganadero y dinero vinculado a Conexión y a los responsables del fondo que pueda ser detectado por la investigación penal en alguna de las cuentas detectadas en el exterior.

El proceso concursal se encuentra en la etapa de análisis de la documentación presentada por los aspirantes a acreedores de Conexión Ganadera, en la que se debe analizar los documentos entregados por los damnificados para validar su condición. Si bien aún no se conoce el número definitivo de acreedores que se presentaron al concurso, de los 4.300 inversores de Conexión Ganadera, no todos están en condiciones de presentarse ante la Justicia, ya sea porque la modalidad de su inversión no tiene trazabilidad o porque no están en condiciones de justificar la procedencia del dinero.

Ese análisis para verificar los créditos legalmente tiene un plazo de 30 días para realizarse, pero en este caso no se podrá cumplir por el volumen de la causa. Para tener una idea de la complejidad del proceso de concurso, las fuentes señalaron que un expediente de concurso que se considera complejo habitualmente puede llegar a tener unas 20 piezas a 300 páginas por pieza: Conexión Ganadera ya tiene 380 piezas.

Para concretar el reparto del activo a los acreedores, se debe tener culminado el proceso de verificación de créditos –que ya comenzó– y cerrado el inventario de la masa activa, algo que puede ser impugnado por las partes ante un tribunal de apelaciones. Luego de que estén firmes las decisiones judiciales sobre quiénes son los acreedores y cuál es el activo a repartir, se puede comenzar con la distribución del dinero.

La última etapa es la calificación del concurso de Conexión Ganadera, que podría comenzar a fines de este año, en la que la Justicia determina si se trata de un concurso fortuito o culpable, es decir, si hubo responsabilidad de los responsables de Conexión Ganadera en la insolvencia del fondo ganadero. Ese proceso podría llevar varios meses, dado que hay mucha prueba para diligenciar, y a su vez podría encontrarse responsabilidad en varias personas vinculadas al negocio, además de Carrasco, Iewdiukow y Cabral. Por otra parte, la resolución sobre la calificación del concurso puede ser apelada ante un tribunal y ante la Suprema Corte de Justicia, por lo que se estima que esa resolución sobre la calificación del concurso podría quedar firme recién en 2027.

Si bien no hay interconexión entre el proceso penal y concursal, en el sentido de que la resolución de un ámbito genere obligaciones en el otro, tanto la determinación del activo como la calificación del concurso son insumos clave para la causa penal, en la que el incidente de calificación podría derivar en una imputación por insolvencia fraudulenta.