En el marco de la presentación de datos de delitos del primer semestre de 2025, el Ministerio del Interior (MI) también dio a conocer un informe sobre el delito de estafa en Uruguay que expone su evolución, características y desafíos que presenta.

En primer lugar, el informe realizado por el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), Diego Sanjurjo, y el subdirector de la División de Estadísticas y Análisis Estratégico, Edgardo García Velázquez, indica que en el contexto internacional, con base en registros administrativos, datos de victimización y estudios científicos, hay una coincidencia en que “las estafas han aumentado notablemente en las últimas décadas a nivel mundial, tanto en volumen como en los métodos empleados para llevarlas a cabo”.

Según señalan, el aumento y la diversificación se dan “en el marco de cambios sociales y avances tecnológicos que ofrecen oportunidades delictivas nuevas, dando lugar a conductas delictivas omnipresentes que suponen una amenaza global para individuos, empresas y organismos públicos”. Algunas de las estafas más comunes son las de inversión, pago por anticipado, de carácter sentimental en línea y fraude por correo electrónico dirigido a empresas a través de la suplantación de identidad.

El delito por estafa pasó de estar décimo a tercero en el ranking de delitos más denunciados

Los datos muestran que entre 2013 y 2024 hubo un crecimiento “de forma sostenida y acelerada” de las denuncias por estafa. En 2013, se contabilizaban 37,7 denuncias por cada 100.000 habitantes, y en 2024 esta tasa ascendió a 870,5, lo que significa un “incremento superior al 2.000%”.

En 2016 se “intensificó notoriamente” el aumento de denuncias, y se apunta que este crecimiento se vincula “probablemente” con el auge de las tecnologías de comunicación, el uso de redes sociales, plataformas digitales de compraventa y canales electrónicos de pago, que “ampliaron las oportunidades para estafas remotas o automatizadas”. Además, señalan a la pandemia del covid-19 como un probable “catalizador” de la tendencia, ya que en ese período “se aceleró la comunicación y digitalización de los servicios en línea, provocando un incremento de las oportunidades para cometer actividades cibernéticas maliciosas a nivel global”.

A su vez, subrayan que el crecimiento sostenido no sólo está reflejado en la tasa de denuncias, sino que también en su posición relativa respecto a otros delitos. Por ejemplo, en 2013, en el ranking de los diez delitos más denunciados del país, el de estafa estaba en el último lugar, mientras que para 2024 este ascendió al tercer lugar.

Hay aumento de denuncias de estafas en todo el país; MI llama a interpretar datos con “cautela”

En cuanto a la dimensión territorial, el reporte marca que el delito tiene una distribución generalizada en todo el país y, por lo tanto, un incremento de denuncias en todos los departamentos desde 2020. De todas formas, en algunos departamentos, el fenómeno creció más que en otros: Rivera, Maldonado, Salto y Canelones “se destacan por el mayor crecimiento relativo de sus tasas”, señalan. Por otro lado, en Durazno, Montevideo, Rocha, Maldonado, Paysandú y Río Negro se ven “tasas persistentemente altas durante casi todo el período”, con Rocha como el “perfil más crítico”, ya que tuvo la tasa más elevada del país en todos los años analizados.

Sin embargo, el AECA del MI precisa que, a diferencia de delitos de contacto directo, las estafas “suelen involucrar interacciones remotas, donde autor y víctima pueden encontrarse en distintos departamentos o incluso en países diferentes”. Por lo tanto, llaman a interpretar las tasas departamentales con “cautela”, ya que “más que reflejar dinámicas locales delictivas, pueden estar influenciadas por variaciones en estos factores”.

Aun así, subrayan, si bien la ubicación donde se realizan las estafas no refleja el lugar de ocurrencia, “sí permite detectar brechas, patrones de exposición, fallas institucionales o necesidades específicas, tanto para prevenir como para mejorar la respuesta del sistema”.

Asimismo, el informe reveló que las tasas más altas de victimización por estafa están en el tramo de edad de 26 y 55 años. En ese sentido, los grupos de 26 a 35, de 36 a 45 y de 46 a 55 “superaron las 1.000 víctimas cada 100.000 habitantes”. Entre 2019 y 2024, el promedio de edad de las víctimas en Montevideo “es sistemáticamente superior al del interior del país, alcanzando entre 45 y 48 años, frente a promedios de entre 41 y 45 en el resto del país”.

Si se desagrega por sexo, se indica que “las mujeres presentan consistentemente tasas de victimización más altas que los hombres”, lo que puede estar asociado, apuntan, a “diferencias en los canales de contacto, los patrones de consumo o la disposición a denunciar”.

Respuesta penal y limitaciones

Por último, se expone que hay una “brecha persistente y creciente” en la relación entre denuncias de estafa y las imputaciones penales a medida que aumentan las denuncias. En 2024, se registraron 1,5 imputaciones por cada 100 personas; este dato “sugiere una respuesta penal limitada frente al crecimiento del fenómeno”. “El bajo nivel puede explicarse por la complejidad investigativa del delito, la dispersión de víctimas, la posible dimensión transnacional de los casos y la sobrecarga del sistema fiscal, que no ha crecido al ritmo de las denuncias”, detalla.

35,7% de las personas imputadas fueron mujeres, lo cual es “un porcentaje significativamente más alto que aquel del promedio general delictivo”, que es de 11%, y de delitos violentos, como la rapiña, que es de 5%. “Esta característica es consistente con estudios internacionales que destacan una mayor presencia de mujeres en delitos vinculados a la estafa, el fraude, la apropiación indebida y otras formas de criminalidad económica o relacional”, agrega.

El promedio de edad de los imputados se ubica entre 31 y 33 años, que “contrasta con el promedio de edad de las víctimas, especialmente en Montevideo, donde estas superan los 45 años”.

El informe resalta que los datos del módulo de victimización de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística sugieren que “el nivel de subregistro es alto”, y que las estadísticas oficiales “capturan apenas una fracción del fenómeno real”, por lo que la “cifra oculta” es “considerable”. En esa línea, plantean la necesidad de “diseñar estrategias de prevención, educación y fortalecimiento de canales de denuncia, adaptadas a la naturaleza particular de este delito”.

Otra de las limitaciones es que en el 20% de los casos denunciados “no se identifica a una persona física como víctima”, por lo que “limita la posibilidad de caracterizar su perfil”. A su vez, reporta que los sistemas actuales “no registran información clave sobre el perfil de los ofensores, las modalidades de estafa, los instrumentos utilizados, los canales de contacto ni el uso de la tecnología”.

Estos obstáculos, según indica el AECA, “reducen la capacidad de análisis estratégico y obstaculizan la formulación de políticas públicas ajustadas a la realidad delictiva”.