El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios presentó una denuncia ante el Ministerio del Interior, y lo hará en las próximas semanas en el ámbito penal, para que investigue el accionar de un organismo de “inteligencia ilegal” creado en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) durante el período pasado.

En la denuncia, a la que tuvo acceso la diaria, se plantea que el 8 de marzo de 2021 se creó la Oficina de Información Táctica (OIT) mediante la resolución 555 de la Dirección del INR. Entre sus tareas, la oficina tenía la responsabilidad de “recolectar, registrar y evaluar información a nivel táctico referente al ingreso y comercialización interna de sustancias estupefacientes y otros elementos cuyo ingreso está especialmente prohibido” y “analizar la información, teniendo como objetivo el desarticular y minimizar maniobras delictivas de las unidades penitenciarias”.

El encargado de la oficina era Carlos Taroco, quien también se desempeñó como director de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) y, posteriormente, fue condenado por llevar adelante una investigación paraestatal para recabar información sobre las víctimas de abuso sexual del exsenador nacionalista Gustavo Penadés. En la oficina trabajaban tres funcionarios más.

El abogado Juan Ceretta, que patrocina al sindicato, explicó a la diaria que la directora del INR actual, Ana Juanche, les informó que esa oficina ya no funciona. Sin embargo, Ceretta explicó que al gremio le preocupa “la mera existencia de la oficina porque está fuera de las competencias del INR, sin ninguna duda, ya que hay otros espacios del Ministerio del Interior que tienen asignadas esas mismas competencias, por lo tanto, nunca se debió crear una oficina de ese tipo en el INR”.

Asimismo, por tratarse de una oficina que realizaba “espionaje ilegal”, buscan saber qué información recolectó y si se investigó de manera irregular a algún integrante del sindicato. “Nosotros aspiramos a que se revoque el decreto que la creó por una resolución del ministro”, dijo Ceretta. Además, el abogado del sindicato solicitó hora para presentar una denuncia penal en la Fiscalía.

Ceretta explicó que, entre otra información, presentarán un informe que solicitaron al estudio Delpiazzo, en el que se dan “las razones de por qué es ilegal la creación de esta oficina”. En la denuncia se cita un fragmento del informe que indica que la ley no atribuyó “de forma expresa al INR los cometidos que este órgano confirió a la Oficina de Información Táctica por la resolución dictada” y, a su vez, que “dichos cometidos no pueden considerarse un poder implícito en el INR por haber sido atribuidos expresamente a la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario”, por lo que, “en definitiva, la administración debe subsanar dicho vicio de incompetencia o, en su defecto, revocar el acto en cuestión, ya sea de oficio o a petición de parte”.

Acceso de la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres

Por otra parte, el sindicato planteó que en la anterior administración el Ministerio del Interior negó de manera tácita el acceso a la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres, creada por la Ley 11.577, para “evaluar de oficio o por petición de parte los trabajos que son perjudiciales para la salud y que tiene su sede en el Ministerio de Salud Pública”.

“El hecho de que el Ministerio del Interior no facilitara el acceso para inspeccionar cárceles a un órgano del Estado encargado de velar por la salud ocupacional de los trabajadores es un hecho irregular”, se advierte en la denuncia. Por otra parte, se señala que la omisión ha impedido que la comisión pueda “dar su dictamen sobre la insalubridad del trabajo en cárceles, lo cual ha traído como consecuencia un perjuicio a toda la colectividad de trabajadores penitenciarios y una omisión grave a los convenios de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] cuya responsabilidad debe analizarse administrativa y penalmente”.