La jueza en lo penal de Maldonado de 11er turno, Sylvana García Noroya, condenó al médico militar José Luis Braga a 12 años de penitenciaría por reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación de libertad, en la causa que lo investigó por torturas en el Batallón de Ingenieros 4 de Laguna del Sauce, entre 1972 y 1976.

En la sentencia, a la que accedió la diaria, la jueza García señaló que existe plena prueba de los hechos que la Fiscalía especializada en Delitos de Lesa Humanidad le atribuyó al imputado, quien cumplía el rol de examinar a los detenidos de esa unidad militar para saber si podían seguir resistiendo la tortura.

“Entre 1975 y 1985, el Dr. José Luis Braga, de profesión médico, era quien se encargaba de revisar a los reclusos, realizando tanto las valoraciones médicas de rutina respecto al ingreso o traslado de un detenido, como así también los controles durante la reclusión en el batallón, teniendo pleno conocimiento de los aberrantes apremios a los cuales los detenidos eran sometidos”, señala la jueza, quien matizó respecto del rol de Braga en el Batallón. “Si bien no se comparte en un todo que este fuera una pieza clave en la represión desplegada en dicho batallón como lo pretende Fiscalía, su participación o ‘colaboración’ en los hechos denunciados, no pueden desconocerse ni descartarse”.

“Yo sabía que había algún tipo de torturas, como sabía todo el pueblo. Pero no fue que yo fuera parte de los hechos [...] no estaba en mí decirle al jefe que no lo hiciera, porque después el que iba a ir de pie era yo”, declaró el médico ante la Justicia en 2012, y señaló que integraba un equipo en el batallón con otros dos médicos y que, tras negarse a firmar un certificado de defunción, fue dado de baja.

García explicó que la relevancia de los testigos directos de las violaciones a los derechos humanos en la causa se basa en que, aun en el contexto de la dictadura, “tanto la modalidad de las detenciones como las prácticas empleadas durante los interrogatorios resultaban claramente violatorias de los mandatos constitucionales”, por lo que los “partícipes de los aberrantes hechos denunciados procuraron que quedaran escasos o nulos registros o evidencias de lo sucedido en el interior de los batallones, unidades militares y similares”.

“En consecuencia, la prueba que permite acreditar lo acontecido proviene, en su mayoría, de los testimonios de quienes lo vivenciaron, especialmente de las propias víctimas del régimen instaurado”, señala la jueza en la sentencia.

“Si bien del relato de las víctimas no surge con claridad que Braga haya participado directamente en los interrogatorios, son numerosas las declaraciones que lo señalan como la persona encargada de controlar el estado físico de los detenidos. Según dichos testimonios, Braga era quien, en función del deterioro corporal que presentaban, evaluaba si su salud permitía o no continuar con las sesiones de tortura”, agregó.

La jueza señaló que las víctimas, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 25 años que pertenecían a Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, el Movimiento Marxista, el Comité de Resistencia Anti Fascista y a la Unión de la Juventud Comunista (UJC) eran detenidas y subidas a un móvil, atadas, y eran encapuchadas durante su detención. En esas condiciones estuvieron durante meses, “hasta que fueron sometidos y procesados por la Justicia Militar, lo que evidencia no sólo que los hechos ocurrieron en un marco de absoluta ilegalidad, sino que también –y fundamentalmente– los responsables procuraban no ser vistos ni identificados”.

La jueza señaló que la mayoría de los testigos manifestaron que durante los controles médicos se les retiraba la capucha, “lo cual explica que muchas de las víctimas hayan reconocido al imputado no sólo en ese contexto, sino también tiempo después, al verlo desempeñarse en actividades públicas”.

La causa fue abierta por 19 ex presos políticos del batallón de Laguna del Sauce, en el marco de las jornadas de denuncias impulsadas por Crysol en octubre de 2011. A partir de esa denuncia, se abrió la causa que culminó con el procesamiento de Dardo Barrios, extraditado desde Paraguay en enero de 2020. Otra causa vinculada al batallón de Laguna del Sauce fue la que abrió en 2018 el exmilitante de la UJC Raúl Giorgetta, detenido junto con Claudio Invernizzi y Roque González en febrero de 1975 por pintar en un muro de Piriápolis contra la dictadura.