El Ministerio del Interior (MI) culminó la primera ronda del diálogo social para el diseño del Plan Nacional de Seguridad Pública (2025-2030). Ahora analizará los aportes de los distintos sectores para luego avanzar en una segunda tanda de encuentros en setiembre, en un proceso que tiene como objetivo general profundizar el diagnóstico realizado por la cartera sobre violencia y criminalidad e identificar líneas estratégicas.

Este viernes, en la Torre Ejecutiva, el ministro del Interior, Carlos Negro, y su equipo, recibieron a representantes de los partidos políticos, entre los que se encontraban los senadores frenteamplistas Eduardo Brenta, Bettiana Díaz, Rafael Michelini, los representantes nacionalistas Enrique Antía, Luis Calabria y el colorado Gustavo Zubía, entre otros.

Tras el encuentro, el asesor del Partido Nacional, Luis Calabria, valoró la invitación del gobierno y señaló que el PN concurrió “porque había un formato apropiado, porque son los partidos políticos los que tienen la representación del interés general”. “Vamos con vocación de aportar y buscar respuestas para la gente, tenemos la humildad de saber escuchar y la firmeza en nuestras convicciones. Partimos de visiones distintas en el tema de la seguridad, pero tenemos el desafío de llegar a respuestas concretas en algunos temas como el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado y el sistema penitenciario”, señaló Calabria en declaraciones a la diaria.

Por su parte, el asesor del MI, Emiliano Rojido, destacó en rueda de prensa la importancia del diálogo con los representantes de los partidos políticos para generar políticas públicas de Estado en materia de seguridad, y señaló que “los partidos políticos de la oposición en particular tienen contribuciones para hacer”. “Apelamos a la fortaleza de nuestro sistema democrático y de la madurez que hoy el sistema político está llamado a tener”, considerando que se trata “del principal problema del país” y que todos los partidos “se han alternado en funciones de gobierno”.

“Nosotros tenemos muchas ideas, pero nos interesan las que no tenemos, y queremos llegar así a un compromiso que nos una como país ante un desafío que es muy grande”, expresó, y señaló la existencia de un consenso en torno a la importancia del tema y la necesidad de trabajar en un espacio “que debe estar blindado en la medida de lo posible de la política menor”, del intento de “aprovechar esto para tener pequeñas victorias mediáticas”.

Por otra parte, señaló que en el proceso de diálogo con la oposición se van a buscar puntos en común, pero no se van a eludir las discrepancias. “Vamos a buscar los acuerdos posibles, pero también vamos a reconocer los disensos legítimos. Lo que nosotros queríamos es poder transmitir a la ciudadanía en qué estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo decir por qué. Que todos resistamos archivos en el futuro y tengamos un disenso cualificado. El disenso nos puede ayudar a mejorar nuestros puntos de vista, no es un problema”, expresó.

La reunión con los partidos políticos fue el cierre de una instancia de diálogo que comenzó el lunes con un encuentro con los representantes de los sectores productivos, las empresas y los sindicatos vinculados con la seguridad pública, donde se conversó sobre las posibilidades de intercambio de información para fortalecer los servicios de seguridad, como por ejemplo, tener información sobre dónde están los puestos de trabajo de los 20.000 guardias de seguridad privada, información sobre las cámaras que instalan las empresas privadas y el trabajo en conjunto para afrontar nuevos fenómenos delictivos, como el crecimiento de las estafas. “Hoy es el tercer delito más denunciado y no se combate con policías en la calle o con cámaras de videovigilancia, sino que requiere innovación empresarial a partir de inteligencia artificial y de otras herramientas vinculadas con la industria del software”, señaló Rojido.

El martes recibieron a representantes de organizaciones sociales que intercambiaron sobre los problemas que enfrentan en el territorio, lo que fue valorado por Rojido como un aporte sustancial “que tiene que ser todavía reconocido por el Estado y articulado de la mejor forma posible”. “El poder público debería tratar de fortalecer el trabajo que estas organizaciones hacen, al estar muy cerca de los problemas, y al mismo tiempo exponerse a la crítica que las organizaciones sociales pueden hacer sobre las políticas públicas, que puede resultar algo incómodo en el corto plazo, pero que nos fortalece en el mediano y en el largo plazo”. El miércoles fueron recibidos representantes de organismos de los tres poderes del Estado, en un intercambio que se centró en la necesidad de articular para generar política de seguridad, teniendo como ejemplo la interacción con otras políticas públicas en los diferentes ámbitos de gobierno.

El jueves recibieron a representantes de la academia y expertos en seguridad pública. Según señaló Rojido, la academia tendrá un rol clave en el Plan Nacional de Seguridad Pública porque se busca “impulsar políticas basadas en la evidencia científica”. “La academia tiene un papel muy importante, no solamente en términos de producir investigación sobre seguridad, sino también en términos de evaluar las políticas públicas que el Estado hace. Es a partir de este tipo de evaluaciones expertas que vamos a saber qué funciona, qué no funciona y qué necesita ser ajustado”, expresó.