En el inciso Fiscalía General de la Nación el proyecto de presupuesto quinquenal crea la Fiscalía especializada en Cibercrimen, para la que se disponen unos 15 millones de pesos anuales a partir de enero de 2027. El proyecto también propone la creación de una nueva fiscalía en Ciudad del Plata, con un presupuesto de unos 15 millones de pesos anuales, y una nueva Fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género en Montevideo, a partir del 1º de enero de 2027.

También se crea la Escuela de Fiscales del Uruguay, por la que se dará formación inicial a aquellos aspirantes a ingresar como fiscales, y formación permanente a los fiscales. La Escuela de Fiscales dependerá del fiscal de Corte y se dispone para su funcionamiento unos 10.700.000 pesos.

El presupuesto para la fiscalía plantea cambios en las facultades de los fiscales suplentes a quien les atribuye la potestad de suplir —antes estaba habilitado para subrogar— “con carácter específico y provisorio, cuando las necesidades del servicio así lo impongan, a los Fiscales Letrados de Montevideo, Fiscales Letrados Especializados y Fiscales Letrados Departamentales”. También dispone que el fiscal de Corte y el procurador general de la Nación queden eximidos de participar en tribunales superiores de ascensos y recursos militares y del asesoramiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Por otra parte, se dispone que el 10% del salario percibido por personas privadas de libertad sea destinado a gastos de funcionamiento para el fortalecimiento de la política de atención y protección a víctimas y testigos de los delitos.

En tanto, en el Poder Judicial se establecen varias disposiciones vinculadas a la sustitución y subrogación de los jueces, con modificaciones al sistema establecido en el artículo 209 del Código General de Proceso, que prevé los mecanismos y las responsabilidades de los magistrados ascendidos y suplentes en las diferentes etapas del proceso.

El artículo 482 dispone que cuando un funcionario del Poder Judicial sea imputado, condenado o se le haya dispuesto medidas alternativas a la prisión o cautelares “el juez de la causa dará cuenta de lo actuado, de inmediato y por escrito, a la Suprema Corte de Justicia”. En el mismo sentido se establece esa obligación para los casos de abogados que sean procesados por la Justicia.

Se crean dos juzgados especializados en violencia hacia las mujeres basada en género, para lo que se disponen unos 78 millones de pesos a partir de enero de 2027, y se crean varios cargos para el funcionamiento de los juzgados letrados, la Defensoría Pública y la Unidad I.T.F, en Ciudad del Plata.

También quita de las competencias de la Suprema Corte de Justicia, en materia penal, el actuar “en consulta, ejerciendo la superintendencia correctiva, administrativa y disciplinaria respecto de aquellas causas en las que no hubiere existido apelación”.