El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, archivó la denuncia presentada por Martín Mutio, condenado por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo, contra [la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y otros funcionarios que participaron en la investigación en su contra.
Mutio había denunciado a la fiscal por abuso de funciones, falsificación por ocultación de documentos y asociación ilícita con otros investigadores del caso, a los que denunció por falso testimonio. En concreto, la defensa de Mutio planteó que Ferrero ocultó información que iba en contra de la teoría del caso de la Fiscalía, que consideró que el contenedor que trasladaba la droga no pudo ser contaminado en alta mar.
Como argumento para archivar la causa, según informó la Fiscalía, Rodríguez consideró que “no amerita en esta instancia diligenciamiento de evidencias útiles” para la investigación y remarcó que la evidencia presentada por la defensa “fue apreciada por órganos jurisdiccionales, con todas las garantías”. De hecho, precisó que el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que confirmó la condena contra Mutio, organismo al que la defensa podría presentar un recurso de revisión.
Juan Raúl Williman, abogado de Mutio, dijo a la diaria que se opondrán al archivo de la denuncia dispuesto por Rodríguez, con el objetivo que otro fiscal la reexamine. El plazo para presentar la solicitud es de 30 días a partir de este martes. También adelantó que manejan la posibilidad de presentar una solicitud de revisión del caso ante la SCJ, pero están a la espera de una sentencia en Bélgica y de la posibilidad de que otro fiscal reexamine el archivo.
El video de Bélgica y la necesidad de cooperación internacional
En agosto de 2019 se encontró en el puerto de Hamburgo un contenedor con 4.200 paquetes de cocaína, colocados en 211 bolsos deportivos. La sustancia llegó a ese puerto en el marco de una exportación de 26 toneladas de soja que tenía como destino final el puerto de Amberes, en Bélgica.
La exportación se hizo en cuatro contenedores, tres de los cuales fueron cargados en la localidad canaria de Los Cerrillos, mientras que el restante, el que fue contaminado, fue cargado en la localidad de Libertad, en San José. En su teoría acerca del caso, la fiscalía liderada por Ferrero argumentó que Mutio había sido el responsable de acondicionar el contenedor con droga y que, en el momento en que las autoridades alemanas encontraron la sustancia en el puerto de Hamburgo, se constató que los precintos eran originales y estaban intactos y que el contenedor contaminado no presentaba “ninguna alteración estructural u otro tipo de particularidad”.
Sin embargo, la defensa de Mutio ha insistido en que el contenedor fue contaminado en el trayecto entre el puerto de Montevideo y el de Hamburgo. Williman dijo a la diaria que tienen conocimiento de que la Justicia de Bélgica tiene un video en el que aparecen tres personas que se llevan los contenedores en el país europeo –entre ellos, aquel donde se encontró la droga– y los devuelven horas después. “De hecho, hace un tiempo nosotros habíamos aportado un video en el que se ve cómo en Alemania se accedía al contenedor con total facilidad. Entraron, lo abrieron, sacaron la droga. Después llega a Bélgica y lo vuelven a manipular estas tres personas, que terminan incriminadas y esperan condena en ese país en relación con la misma carga”, agregó.
Williman planteó que la policía judicial aduanera de Bélgica “investiga una especie de organización criminal que contamina contenedores en puertos intermedios y luego los recupera en destino, que es un poco lo que nosotros venimos diciendo”. “Si no se cargó en Uruguay, lo contaminaron en otro puerto”, subrayó.
Esta modalidad se conoce como rip off y consiste en que el contenedor se contamina en un puerto intermedio y luego se busca la carga en el puerto de destino. Para Williman, si en Bélgica se condena a estas tres personas, va a haber dos sentencias contradictorias, lo que sería una prueba que iría en contra de la teoría del caso de la fiscalía. Sin embargo, precisó que Bélgica sólo acepta entregar el video mediante un pedido formal de cooperación penal internacional y, por lo tanto, es clave que otro fiscal solicite esas diligencias.