La jueza de Ejecución Sandra Silveira Benítez dio por cumplida la condena a dos años de prisión con suspensión de la pena, por parte de José Peirano, en la causa que lo investigó por un delito de lesión de confianza, en el marco de la caída de los Fondos Mutuos Banalemán, según informó el diario ABC.

En diálogo con la diaria el abogado de Peirano, Pablo Donnángelo, recordó que Peirano alcanzó esa condena a través de un acuerdo abreviado y, al constatarse el cumplimiento de la pena, queda extinguida. Donnángelo señaló que con esta resolución Peirano ya no tiene más causas abiertas en Paraguay dado que en la otra causa por la que fue extraditado, la que investigó maniobras fraudulentas en el Banco Alemán, también fue cumplida la pena en octubre de 2025.

Donnángelo señaló que se logró pagar a todos los querellantes en la causa y planteó que por eso el dinero sobrante —no reclamado por los damnificados— fue donado a diferentes organizaciones sociales, como parte de la pena acordada con la Justicia paraguaya.

Peirano Basso fue extraditado a Paraguay en mayo de 2023 para ser juzgado en dos causas. Una iniciada por el Banco Central de Paraguay vinculada a la operativa del Grupo Velox, en la que se lo investigó por el delito de conducta indebida en situaciones de crisis por la quiebra del Banco Alemán, por unos 27 millones de dólares. El Grupo Velox, que tenía presencia en Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador, Canadá, Perú e Islas Caimán, pertenecía en un 70% a Jorge Peirano Fazio y el resto a sus hijos José, Jorge, Dante y Juan.

La segunda causa fue iniciada por los ahorristas del Fondo Banaleman, que reclamaron unos 40 millones de dólares que fueron colocados por inversores en el fondo que funcionaba en el mismo local del Banco Alemán. Para los ahorristas, el grupo llevó adelante una campaña publicitaria engañosa que daba a entender que el fondo contaba con el mismo respaldo que el banco.

Tras ser extraditado, Peirano, de 65 años, pasó unos días en prisión domiciliaria, mientras avanzaba el proceso y, en octubre de 2023, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía que implicó la aceptación de los delitos por los que lo acusó, regresó a Uruguay, para posteriormente establecerse en Buenos Aires.