El juez especializado en Crimen Organizado de primer turno, Fernando Isla, extendió las medidas cautelares contra los socios de República Ganadera Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio hasta junio, mientras continúa la investigación, a cargo del fiscal especializado en Delitos Económicos Alejandro Machado.

Sin fijar audiencia, Isla definió la extensión de las medidas cautelares de los socios del fondo ganadero, que tienen cierre de fronteras y retención de pasaporte. Según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes allegadas a la causa, el fiscal Machado esperará los informes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado, para definir sobre la formalización del proceso contra Jasidakis y Mussio, quienes son investigados desde noviembre de 2024 por apropiación indebida y estafa por unos 80 millones de dólares. También está pendiente un informe de un equipo multidisciplinario, integrado por el Ministerio del Interior, la Dirección General Impositiva, la Unidad de Información y Análisis Financiero y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En su última declaración ante el fiscal Machado, los socios expresaron que no pudieron prever la situación deficitaria del fondo y estuvieron hasta último momento intentando evitar el concurso de acreedores. Sin embargo, el fiscal e integrantes de las defensas de las víctimas apuntan a que varios meses antes de la caída existían elementos que permitían prever la situación y, aun así, se continuó intentando captar inversores para el fondo. Además, rechazan uno de los principales argumentos de Mussio y Jasidakis, que buscan enmarcar la caída de República Ganadera en un “efecto dominó” que tuvo lugar en el sector a partir de la caída del Grupo Larrarte, en agosto de 2024.

También señalaron que varios meses antes de la caída comenzaron a circular rumores sobre la situación del fondo ganadero, afectado por el impacto de la sequía en 2022 y 2023, lo que también llevó al retiro de inversionistas y a que no se renovaran contratos.

En noviembre de 2024 República Ganadera llamó a un proceso de concurso voluntario al no poder asumir sus obligaciones con los acreedores, tras 14 años de actividad. “Somos conscientes de los desafíos económicos que han afectado al sector ganadero en los últimos años, incluyendo la histórica sequía de 2022-2023 y las consecuencias derivadas de la crisis de confianza en el mercado”, señaló la empresa en el comunicado en el que anunció el cierre.

A fines de noviembre, un día antes del suicidio de Gustavo Basso, Conexión Ganadera, emitió un comunicado en el que informaba sobre la posibilidad de absorber ese fondo ganadero.

Según las declaraciones de Jasidakis ante el fiscal Machado, Basso lo contactó para ofrecerle el apoyo de Conexión Ganadera, planteando un producto para los inversores que implicaba un contrato a 12 años con un 7% de interés.

El 27 de noviembre acordaron con Basso la comunicación para anunciar el apoyo de Conexión Ganadera. “Hemos aceptado la convocatoria a colaborar en la búsqueda de soluciones para la empresa República Ganadera”, señalaba el mail en el que informaba que habían diseñado “un plan maestro para la reestructura de la gestión” y advertían que Conexión Ganadera se enfocaría en la gestión productiva para recuperar el patrimonio de República Ganadera.

Jasidakis dijo ante el fiscal Machado que el número no le cerraba, sobre todo por la posibilidad de recuperar el faltante de ganado en 12 años a partir de ese producto.

“El miércoles habíamos quedado con el señor Basso en que íbamos a sacar una comunicación. Conexión Ganadera salió a decir que iban a hacer una evaluación. El jueves de mañana me levanto con la noticia de que había fallecido Basso. Ahí se me cayó el mundo”, declaró Jasidakis ante Machado, según publicó El Observador.

En declaraciones a la diaria, Juan Pablo Decia, abogado de varias víctimas, señaló que el viernes pasado se reunió con el equipo fiscal para transmitirle su preocupación porque se habían extendido las medidas cautelares, sin avanzar en la formalización de la investigación.

“No debe olvidarse que la investigación data de noviembre 2024, y al momento no tenemos ni una sola persona formalizada en una maniobra delictiva que superó los 90.000.000 de dólares y arrastró a más de 1.500 víctimas”, señaló Decia, quien entiende que “hace rato” que hay evidencia para formalizar.

Decia indicó que desde la fiscalía se considera “determinante” el informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) para avanzar en una imputación por lavado, “y con ello el fundamento necesario para solicitar la prisión efectiva de los directores de República Ganadera”.

“Nos consta que la Fiscalía de Delitos Económicos viene realizando una investigación muy seria y profunda, y confiamos en que de acá a junio van a estar en condiciones de formalizar la investigación penal por varias figuras delictivas, entre ella lavado de activos, con todo lo que ello implica”, agregó.