Los expertos en seguridad y crimen organizado, Edward Hoffman, Nicolás Trajtenberg y Robert Parrado conversaron con la diaria sobre los cambios que existieron en los últimos 20 años en políticas de seguridad, la dinámica del crimen organizado y su impacto en el tejido social, el rol de Uruguay en el esquema logístico del narcotráfico.

Del “país de tránsito” al desafío del crimen organizado

“Cuando este diario imprimió sus primeras páginas hace dos décadas, Uruguay se hamacaba en la reconfortante idea de su propia excepcionalidad”, expresó el experto en seguridad y crimen organizado, Edward Hoffman, quien señaló que en los últimos 20 años “Uruguay dejó ser una excepción en materia de seguridad para convertirse en un territorio de disputas dentro de las dinámicas regionales del crimen organizado”.

Hoffman dijo que Uruguay vivió una “transformación profunda” con mayor violencia, mayor profesionalización del delito y una inserción creciente en las rutas del narcotráfico, “sin perder sus particularidades institucionales”.

“A comienzos del año 2000, el delito tenía un perfil predominantemente local, con estructuras fragmentadas y baja capacidad operativa, el narcotráfico existía, pero no condicionaba la agenda pública ni el funcionamiento del Estado. Hoy el escenario es completamente distinto, organizaciones criminales con lógica empresarial, capacidad de corrupción y conexiones transnacionales operan en el territorio con objetivos claros y planificación estratégica”, señaló.

Para Hoffman el cambio más visible fue el aumento de los homicidios vinculados a disputas entre grupos criminales. “La violencia dejó de ser esporádica, circunstancial para volverse funcional al negocio para controlar territorios, disciplinar actores y asegurar mercados”, señaló.

Hoffman agregó que el fenómeno no es aislado, sino que responde a la “penetración de organizaciones regionales que encontraron en Uruguay ventajas logísticas, institucionales y geográficas”.

“El país pasó de ser un punto marginal para consolidarse como plataforma de salida de droga hacia Europa, especialmente a través del puerto de Montevideo. La utilización de contenedores, empresas fachadas y estructuras financieras complejas evidencia un salto cualitativo en la forma de operar, ya no se trata solo de “delincuencia”, sino de economías criminales integradas al comercio global”, comentó.

“Otro cambio relevante es la profesionalización del crimen, hoy se observan perfiles con mayor capacidad logística, inteligencia previa, uso de tecnología y planificación”, agregó.

En cuanto al microtráfico, Hoffman señaló que tuvo un crecimiento paralelo y una expansión en los barrios más vulnerables, “generando fragmentación social y nuevas formas de violencia extremas. “Allí conviven economías ilegales, ausencia del Estado y una dinámica de sustitución de roles que erosiona el tejido comunitario”, señaló.

Hoffman dijo que el nuevo escenario “obliga a repensar las respuestas del Estado” y dejar de tener “modelos reactivos” como respuesta a “fenómenos que son dinámicos y esencialmente estratégicos”.

De todas formas, Hoffman advirtió que Uruguay “mantiene fortalezas clave, con instituciones relativamente sólidas, un sistema judicial operativo y fuerzas de seguridad con capacidad de adaptación”. “El desafío no es menor, hay que anticipar, coordinar y comprender que el crimen organizado no conoce fronteras ni tiempos políticos. El país no es el mismo y el crimen tampoco, entender esa transformación es el primer paso para no quedarse siempre atrás”, concluyó.

“Un deterioro sistemático en criminalidad”

El criminólogo Nicolás Trajtenberg dijo a la diaria que en las últimas cuatro décadas Uruguay “ha tenido un paulatino deterioro de los indicadores de criminalidad”, incluso comparado con los otros países de la región.

“Estamos en un continente particularmente violento como es América Latina y América del Sur, pero en ese continente, Uruguay y Montevideo solían tener un lugar privilegiado, y pasó a tener indicadores de delitos violentos comparables (con la región), e incluso peores. Hoy en día tenemos los peores niveles de homicidios, en términos de tasa”, señaló.

Trajtenberg dijo que “con todos los problemas que hay para medirlo”, “es claro cuando una mira la evidencia que hay un crecimiento y una penetración” del crimen organizado en Uruguay, que “es un fenómeno relativamente nuevo, y que está vinculado con el aumento de la violencia letal, con el aumento de la violencia no letal, con el microtráfico, con las disputas territoriales, con la capacidad de exposición de los acuerdos de silencio que se imponen en ciertas áreas, particularmente en la periferia de Montevideo”.

Consultado sobre cómo se conecta el incremento de la presencia del crimen organizado con el aumento de los niveles de violencia en el país, Trajtenberg dijo que “no es lineal” y señaló que “hay cierta evidencia de que hay por lo menos ciertos síntomas de corrupción estructural en el sistema” y la existencia de episodios graves, como el caso del atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero o la amenaza a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Trajtenberg dijo que esos síntomas, “a veces son más saludables porque indican que el sistema todavía no está del todo tomado” y advirtió que la falta de violencia no siempre es el resultado de que el gobierno hace bien las cosas. “Lo hemos visto en algunas ciudades de Colombia o en Brasil, en unos períodos, la reducción de violencia ha sido más bien porque se refuerza y se monopoliza el control del tráfico del mercado ilícito a cargo de una banda”, añadió.

Otra de las debilidades que señaló fue las condiciones del sistema penitenciario, “que en parte es una causa y está asociado al crecimiento de la violencia”. “Queremos resolver el problema de la creciente violencia, con un sistema penitenciario con las deficiencias estructurales severas que tiene, con la pobre infraestructura, con la ausencia de recursos humanos calificados, con la escasa formación y remuneración que tenemos, con la sobrepoblación, con el escaso rol o ponderación que como sociedad le damos”, advirtió.

“Una parte importante de esto ha sido el sistema político, que no ha logrado responder adecuadamente al problema, creo que por derecha y por izquierda no han tenido la capacidad de enfrentarlo, y creo que la otra pata débil, muy débil, somos los académicos, que tampoco hemos tenido un rol importante”, afirmó.

En ese sentido dijo que es importante pensar en estos veinte años, “qué rol hemos tenido” los actores del sistema político y el sistema académico, “más allá del deterioro que ha habido, más allá de distintas causas, más allá de el problema del sistema penitenciario y del problema del crimen organizado”.

Trajtenberg destacó que la forma de medir el interés del sistema político en los temas de seguridad es el nivel de inversión que se dedica en el presupuesto, más allá de los discursos, pero advirtió que aún en casos en los que ha habido inversión, la falta de evaluación de las políticas públicas impide controlar la eficiencia del gasto. “El drama de Uruguay no es que hacemos cosas que no funcionan, es que hacemos cosas que ni siquiera sabemos si funcionan, porque rara vez evaluamos rigurosamente las cosas que hacemos en materia de seguridad”, afirmó.

“Grandes transformaciones no hubo”

El especialista en seguridad Robert Parrado, quien en 2006 se desempeñaba como jefe de la secretaría administrativa y asesor del entonces subsecretario del Interior, Juan Faroppa, hizo hincapié en las transformaciones que tuvo la Policía y la incidencia del vínculo con el Ministerio del Interior para una política de seguridad exitosa. Además, señaló que la cantidad de policías se ha mantenido más o menos estable en los últimos años y señaló que entre 2009 y 2018 se mantuvieron en el orden de los 30.000 policías, entre ejecutivos y administrativos.

Consultado sobre la gestión del Ministerio del Interior durante el primer período de gobierno del Frente Amplio (2005-2010), Parrado dijo que se ordenaron “un montón de cosas” en esa gestión y resaltó “la capacidad de trabajo y experiencia” de Faroppa, además de la apertura para recibir propuestas y opiniones. “Toda inquietud siempre era bien recibida”, señaló. Parrado valoró la impronta de José Díaz en cuanto a la búsqueda de un cambio con “gradualidad” y la cercanía y el respeto en el vínculo con la policía, algo que calificó como “muy positivo”.

Parrado dijo que un debe de esa administración “que lo tienen todos los partidos” fue en materia carcelaria. Parrado dijo que la administración tuvo como buque insignia la ley de humanización de cárceles, que implicó la liberación de algunas personas privadas de libertad, pero que aún cuando “estuvo estudiado”, “faltó análisis en la transición hacia afuera”. “Si bien se crearon servicios no tuvieron la capacidad de sostener esas realidades”, agregó.

En ese sentido, señaló que lograr buenos resultados en materia de reinserción implica “un proceso interno super potente, porque tenés gente que no sabe leer y escribir”. “Esa es una mirada que la tienden a asociar a la izquierda, pero que la tienen que tener todos los partidos, porque sino es llover sobre mojado”, añadió.

Parrado señaló también la importancia de la formación policial y las definiciones políticas sobre la estructura y puso como ejemplo el caso del ministro del Interior Guillermo Stirling (1998-2004) quien planteó poner personal administrativo en las seccionales, sin advertir la importancia de la toma de la denuncia como primer dato para el inicio de una investigación policial.

“Grandes transformaciones no hubo. Cada sector o partido político tiene su mirada de qué es lo mejor para el país, pero para poder hacer algo de largo aliento tenés que tener un marco lógico, ver lo que te propusiste, cómo salió, que correcciones hay que hacer, y a nivel de la vida del país, esto debería ser constante con una mirada de gestión”, afirmó.