Plan Nacional de Seguridad: expertos destacan fortalezas y limitaciones de la nueva estrategia del gobierno

El presidente, Yamandú Orsi, y el ministro del Interior, Carlos Negro, presentaron la semana pasada el Plan Nacional de Seguridad, con el que se busca impulsar una política de Estado en la materia y trascender la actual administración. El proceso comenzó un año atrás con un diagnóstico e instancias de diálogo con múltiples actores vinculados a la temática, que derivó en la construcción de este plan, que contiene 79 acciones, 130 medidas y diversas modificaciones normativas.

Luis Eduardo Morás, doctor en Sociología y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, destacó en diálogo con la diaria que el “gran mérito” del plan “posiblemente resida en haber promovido una participación controlada de diversos actores, transmitiendo un mensaje muy importante hacia la sociedad sobre la necesidad de densidad conceptual, complejidad, interseccionalidad y participación ciudadana si se pretende construir un modelo moderno de seguridad pública”.

Asimismo, señaló que la propia existencia de un plan “elude la tentación del simple gesto autoritario, tanto el fetichismo legal de ampliar las normas y los montos de las penas como el fascinante atractivo que tiene el discurso de la cruzada antichorro; ambos recursos tan redituables políticamente para sus promotores como estrepitosamente fracasados en términos de mejorar la seguridad pública”.

En la misma línea, Edward Hoffman, experto en seguridad y crimen organizado, señaló como virtud la “visión de sistema” del plan, en el entendido de que no solo se centra en el accionar de la policía, sino que “intervienen otros actores y otras dimensiones, como la prevención, la justicia, las cárceles, la reinserción”. “Esto es un concepto correcto y está alineado con los estándares internacionales”, valoró.

Otro de los puntos que destacó Hoffman es que el plan reconoce la fragmentación del Estado. “Es honesto, porque en definitiva habla de que hay descoordinación entre la propia policía y todos los organismos que están involucrados” y eso redunda en una “baja eficiencia o bajos resultados”, con “respuestas dispersas”, señaló. Asimismo, consideró que el plan introduce “la lógica de la evidencia, la evaluación, el monitoreo y el ajuste; todo está alineado con esta lógica de la evidencia para que se pueda concretar un plan de seguridad que puedas medir”.

Sin embargo, tanto Morás como Hoffman entienden que el plan tiene sus limitaciones. En el caso de Morás, apuntó que el plan “no atiende, porque probablemente en forma realista se entiende que no puede hacerlo, algunos de los pilares más gravitantes de la violencia actual. El principal de ellos radica en las persistentes desigualdades socioterritoriales con el impacto en subjetividades que acumulan resentimiento y construyen identidades que solo se compensan por la apelación a la violencia interpersonal”.

“En suma, presenta el discreto encanto de un producto tecnocrático bien elaborado que, si bien supera ampliamente en su diseño y factura todo lo intentado hasta el momento como planes de seguridad, no resulta un estímulo carismático y convocante con un perfil que pueda caracterizarse como una alternativa de izquierda”, apuntó.

Para Hoffman, el plan es “impecable en el papel”, pero parece “débil en la ejecución”. “¿Quién hace, quién piensa, quién define con claridad la parte operativa, con qué recursos se realiza, en qué tiempo? Porque no se establecen tiempos ni tampoco metas. No resuelve la capacidad real que tiene el Estado para enfrentar el crimen”, apuntó.

De todas formas, el principal problema que ve Hoffman sobre el plan es que, a pesar de la participación de diversos actores, falta “la parte más importante, que es la oposición, que es la parte política”. “Sin [el apoyo de la] oposición no podés hacer un plan de seguridad, por más que el plan sea precioso, porque después los que levantan las manos y te habilitan a contratar más policías o a tener otras herramientas son los políticos”, apuntó.

Una mirada sobre lo propuesto en materia de narcotráfico

En materia de narcotráfico, el plan propone reducir de “forma sostenida la violencia asociada a los mercados de drogas” a través de “una estrategia que combine la contención territorial, la desarticulación de redes y la reducción de daños en una sola arquitectura de gestión”.

Hoffman puso como ejemplo la incautación de 35 toneladas de precursores químicos la semana pasada, un cargamento que fue trasladado en dos camiones desde Fray Bentos con destino a Bolivia. “No se trata solo de acopio, tránsito y tráfico de cocaína. Ahora vos estás entrando en un círculo mucho más complejo en la logística de lo que es la droga; estás suministrando los precursores químicos para generar esa cocaína que después se vende a los mercados. Estos planes están muy bien redactados, están bien pensados, pero falta ver qué va a hacer la policía con todo esto. El tema es que si vos no tenés resultados a corto plazo, y en corto plazo te digo un año, dos años, todo esto que escribiste queda en la tinta o queda en el documento”.

Para Morás, el plan no enfrenta el “problema de fondo del narcotráfico, en tanto no innova respecto a los cimientos locales de las políticas prohibicionistas y sus trágicos efectos negativos, ni puede manejar la lógica que domina el tránsito de los grandes cargamentos internacionales con la secuela de violencia que genera”.

Las violencias territoriales

Elba Núñez, que integra el colectivo La vida vale, una red interbarrial multisocial, dijo estar conforme porque el Ministerio del Interior incorporó algunas propuestas del grupo, en particular lo que refiere a los nodos de convivencia comunitarios.

Si bien en el plan no se determina el alcance que tendrá la iniciativa, se incorporan algunos lineamientos del proyecto, valoró Núñez. En concreto, La vida vale propone que los nodos se apliquen en territorios donde existe un constructo social. “Por ejemplo, en mi municipio, el D, tenés el Sacude, el [centro cívico] Luisa Cuesta, el Cedel [centro de promoción de la actividad económica, social y cultural], la Escuela Rumania; ahí tenemos un constructo social, más instituciones potentes que ya están acompañando trayectorias. Entonces, esto sería reforzar esos acompañamientos desde equipos psicosociales potentes, conjuntamente vecinos y vecinas contratados por este nodo, que lo que haríamos sería acompañar a los pibes antes de que se caigan”. “Al acompañar a ese gurí, también vas a acompañar a esa familia y a esa comunidad donde pertenece esa familia. No se puede soltar una cosa de la otra porque todo está encadenado”, apuntó.

La integrante de La Vida Vale señaló que el abordaje que proponen “cuesta dinero” e implica una “decisión política” y señaló que el colectivo aspira a poder hacer cuatro nodos de convivencia en Montevideo y cuatro en el interior. “Para mover la aguja hay que tomar una decisión política e invertir mucha plata porque yo estoy peleando contra alguien que tiene mucha guita; estoy peleando contra el crimen organizado desde muchos lugares, no solamente con el tema del narco, porque también hay trata y hay contrabando, o sea, cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de un montón de cosas. ¿Y cómo peleamos contra eso? Peleamos cuando los gurises se entusiasman con otra cosa, cuando enamoramos a los pibes para que hagan algo que los satisfaga, cuando cambiamos un satisfactor por otro”, señaló.

Las cárceles

El plan propone, entre otras medidas, la creación de una fiscalía especializada en el ámbito penitenciario. Se establece que “su foco es superar abordajes reactivos, aumentar la certeza de sanción, reducir la impunidad intramuros y fortalecer la coordinación entre investigación penal y gestión penitenciaria. Asimismo, contribuye a mejorar la trazabilidad, la producción de indicadores y la rendición de cuentas sobre el funcionamiento del sistema penitenciario”.

Morás entiende que la creación de una “fiscalía específica puede resultar un incentivo para reducir los niveles de impunidad presentes en las prisiones, pero no hay que perder de vista que las principales violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad no son los particulares individuales, sino el propio Estado, que estructuralmente y por irracional acumulación creó un sistema que viola sistemáticamente todos los principios que deben regir el trabajo de las instituciones”. “Dadas las condiciones del sistema carcelario, lo extraño no sería que se instalara una organización criminal como ocurre en el resto de la región, sino que todavía no se haya concretado, algo que nos habla muy bien de la gestión del actual equipo de dirección del INR [Instituto Nacional de Rehabilitación]”, apuntó.

Morás hizo hincapié en que “sin medidas radicales y muy costosas en términos económicos y políticos no resulta esperanzador el horizonte que plantea un sistema carcelario sobredimensionado que, además de los niveles de violencia interna que presenta, multiplica relaciones tóxicas en las comunidades donde se recluta su clientela”. En ese sentido, Morás planteó que en los Encuentros por Seguridad se manejó la posibilidad de elaborar un proyecto para instaurar cupos carcelarios, teniendo en cuenta que actualmente son 16.500 personas las que están en las cárceles, aunque opinó que “el clima de la época probablemente hace inviable siquiera ponerlo por escrito”.