La defensa de Sebastián Marset, liderada por el abogado Santiago Moratorio, trabaja en la presentación de las mociones previas al juicio, con las que buscará que la jueza de la causa, Rossie Alston Jr., desestime la acusación presentada a fines de junio por los fiscales Anthony Aminoff y Catherine Rosenberg.
Fuentes judiciales del distrito Este de Virginia explicaron a la diaria que el plazo para presentar esas mociones previas vence el 24 de agosto y una vez que son presentadas en el juzgado, la fiscalía tiene 14 días para responder las mociones. Vencido ese plazo, la defensa de Marset podría presentar por escrito una breve réplica antes de que el juez defina si acepta o no los argumentos de la defensa contra la acusación. Según supo la diaria, las mociones que presentará el equipo de abogados, compuesto también por Robert Feitel, Sandi S Rhee y Joseph Douglas King, apuntan a la ilegalidad de la detención, ocurrida el 13 de marzo en Bolivia, algo que había adelantado la defensa en su primera conferencia de prensa en el aeropuerto de Carrasco horas después de su detención.
“Nos resulta llamativo, raro, para no decir ilegal, todo lo ocurrido en Bolivia. Entendemos que hubo una vulneración de derechos, un atropello a la normativa de Bolivia, no se respetó el debido proceso, mucho menos la presunción de inocencia o derecho a defensa”, señaló Moratorio en esa oportunidad.
El punto quedó en segundo plano cuando los abogados de Marset comenzaron a trabajar con la fiscalía en un acuerdo de culpabilidad, en el que se buscaba cerrar una condena por el delito de lavado de activos con una pena de cinco años. Según informó Moratorio al diario El País, ese proceso de negociación se rompió con la nueva acusación, en la que la pena máxima pasó de 20 años a cadena perpetua.
La actual acusación integra el delito de narcoterrorismo al señalar que Marset, entre 2018 y la fecha de su detención, contribuyó con acciones desde Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, España y Uruguay al financiamiento a través de la distribución de cocaína de una organización que realiza actividades terroristas. La acusación no menciona al Primer Comando de la Capital –que fue calificada como organización terrorista extranjera–, sino al Primer Cartel Uruguayo y el atentado perpetrado contra la Brigada Antidrogas de Montevideo y la amenaza contra la fiscal Mónica Ferrero, ocurrido en mayo de 2020.
También se lo acusa de conspiración para poseer, con intención de distribuir, cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, con referencia a un hecho ocurrido el 16 de junio de 2024 en el que Marset fue acusado de participar, en altamar y fuera de la jurisdicción de cualquier Estado, en actividades de narcotráfico a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos.
El tercer delito es el de conspiración para lavado de dinero, por el que se acusa a Marset de conspirar –entre 2018 y 2023– junto a una organización para ocultar la procedencia de dinero, sabiendo que el instrumento monetario y los fondos involucrados representan el producto de una actividad ilegal y montando un esquema para “disimular la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control del producto de dicha actividad ilícita”.
El cuarto delito es el de lavado de dinero, que hace referencia a una transferencia del 18 de febrero por 31.716 dólares realizada desde el Novo Banco SA al Hongkong and Shanghai Banking Corporation, “a sabiendas de que involucraba las ganancias de una actividad ilícita” y diseñada para ocultar el carácter ilícito de su procedencia.
En las mociones que presentará, la defensa va a cuestionar la legalidad de la detención con base en que se trató de una “expulsión express” sin cumplir con la ley migratoria boliviana, que en su artículo 37 establece que el mecanismo de expulsión de extranjeros debe tener una fundamentación previa y contar con las garantías constitucionales, lo que incluye el derecho a defensa. Los abogados de Marset harán hincapié en que la expulsión de Marset y su entrega a las autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se firmó el 12 de marzo, un día antes de su detención, que se concretó sin proceso legal alguno. Marset salió de territorio boliviano seis horas después de ser detenido, cuando la ley establece un plazo de 15 días para la expulsión, en los que se dan las garantías del debido proceso. Por otra parte, al no concretar la salida a través de un juicio de extradición, los delitos por los que se lo acusa no están respaldados por el principio de especificidad, es decir, por la autorización judicial del país requerido para que el extraditado sea juzgado por determinados delitos y en relación con determinados hechos.
También atacará la legitimidad de Estados Unidos para juzgar a Marset, planteando que los delitos de los que se lo acusa no se concretaron en Estados Unidos y que las condicionantes para la extraterritorialidad –planteadas en la Ley de Reautorización del Patriota (2006), que establece que Estados Unidos puede juzgar a ciudadanos extranjeros por delitos cometidos fuera de su territorio si afectan al comercio exterior o la seguridad de Estados Unidos– no están dadas en la causa.
En cuanto a la jurisdicción de Virginia, la defensa planteará que no hay elementos de prueba para determinar que fue Marset quien hizo la transferencia del banco portugués al banco chino y que ese movimiento utilizó como intermediario un banco con sede en Richmond.
De fallar a favor de la defensa de Marset ante la presentación de las mociones previas, la Justicia puede desestimar la acusación para el caso de las mociones que cuestionan la legalidad de la detención o la jurisdicción de Estados Unidos. También puede aceptar mociones relativas al relevamiento de evidencia, por las que quedarían fuera del juicio la evidencia impugnada. El proceso de admisibilidad de la prueba y de los testigos para el juicio culminará en las semanas previas al juicio, fijado para el 11 de enero de 2027, en la etapa en que en el proceso penal uruguayo sería el fin de la audiencia de control de acusación.
Las fuentes explicaron que ese es un momento clave para la definición de posibles acuerdos con la fiscalía, dado que en ese punto ambas partes conocen a ciencia cierta qué pruebas formarán parte del juicio y pueden medir con otra certeza sus chances ante el jurado que deberá definir por unanimidad su condena o absolución.
La situación de Gianina García Troche
La defensa de la expareja de Marset, que cumple prisión preventiva en Paraguay desde mayo de 2025, trabaja en un acuerdo abreviado con el fiscal de la Operación a Ultranza, Deny Yoon Pak, según informó Moratorio al semanario Caras y Caretas. García Troche fue acusada en mayo de este año por los delitos de lavado de activos, asociación criminal y narcotráfico. Para la fiscalía, García Troche participó en el sistema montado para simular ingresos legales a través de transferencias bancarias asociadas a empresas legales, para adquirir bienes con dinero del narcotráfico, “asegurando el disfrute del patrimonio de la organización”.
El documento de acusación señala la apertura de una cuenta en el banco Visión, abierta a partir de documentación falsa, en la que García Troche habría simulado ser parte de la empresa de transporte internacional Kuarahy SRL y declaró ingresos de hasta 250.000 dólares. Además, hace referencia a la creación de la empresa San Jorge, en la que figura una inversión de 750 millones de guaraníes, unos 122.000 dólares, pese a que la defensa de García Troche señala que la empresa no llegó a operar formalmente.
Entre las evidencias que la fiscalía tiene contra García Troche se encuentran varios audios de las comunicaciones encriptadas del sistema de mensajería SKY ECC, obtenidos por la Europol, con los que el fiscal busca mostrar que ella conocía las actividades criminales de la organización.