Mientras cerramos la revista, las cifras de la emergencia sanitaria rompen todos los récords en Uruguay: cantidad de contagios, ocupación de camas de terapia intensiva, muertes. Para contener la enfermedad, el gobierno apuesta casi exclusivamente a la campaña de vacunación; para la gran mayoría de la población, implica inyectarse Sinovac, que, ciertamente, está muy lejos de ser la vacuna comercial con mayor capacidad de protección contra el coronavirus. Más allá de las simpatías geopolíticas de los gobernantes por algún u otro proveedor de medicamentos, lo cierto es que Covax, el mecanismo de solidaridad internacional para el reparto de vacunas, resultó tardío y escaso, por lo que desde Uruguay, como desde la mayoría de los estados nacionales, hubo que negociar en condiciones de inferioridad para la obtención de las vacunas.

Nuestra cobertura de tapa, compuesta por dos artículos, busca ilustrar acerca del rol que juegan en la elaboración de vacunas el actual sistema de patentes de medicamentos y la priorización de los beneficios de la industria farmacéutica privada. El primer artículo trata sobre un abortado proyecto de inmunización en Finlandia y el segundo recoge las opiniones de un especialista uruguayo sobre la capacidad de las instituciones científicas para producir medicamentos viables. Qué tanto pesa la investigación académica, predominantemente impulsada por organizaciones públicas, cuán significativo es el aporte de los laboratorios transnacionales y qué espacio hay para la regulación estatal son algunos de los temas sobre los que dialogan ambas notas.

Nos pareció pertinente ofrecerles voces de un país escandinavo y del nuestro porque, en definitiva, una pandemia es un problema global. Y cada vez resulta más claro para un mayor número de actores que la solución también deberá ser global. En lo que atañe a la salud, se extiende la preocupación por encontrar mecanismos que vuelvan más parejo el reparto de las vacunas entre los distintos países, no sólo por razones humanitarias sino porque, entre otras cosas, la persistencia de poblaciones sin inmunidad garantiza la evolución de nuevas variantes del virus. Mientras que los países ricos acaparan más de 85% de las vacunas producidas, la Organización Mundial de la Salud busca reimpulsar el programa Covax con la campaña #VaccinEquity, que enfatiza la necesidad global de equidad en la distribución de las vacunas.

En esta perspectiva, el asunto de la propiedad intelectual de los medicamentos y del lucro de las grandes empresas farmacéuticas se ha vuelto central. Médicos sin Fronteras estuvo entre las primeras organizaciones en solicitar la liberación de las patentes de las vacunas, que abriría el camino para su fabricación con menores costos en laboratorios de distintas partes del planeta. El reclamo ha sido replicado por actores muy diversos: desde líderes de opinión, como el papa Francisco, a gobiernos nacionales, como el de Bolivia. Sudáfrica e India, incluso, han cursado a la Organización Mundial del Comercio una solicitud de anulación del uso de esas patentes mientras dure la pandemia.

El siguiente fragmento es parte de una carta abierta dirigida al presidente de Estados Unidos, país donde están registrados la mayoría de los medicamentos: “Por favor, tome las medidas urgentes que sólo usted puede encaminar y permita que este tiempo sea recordado como la época en que elegimos poner el derecho colectivo a la seguridad por sobre los monopolios comerciales de unos pocos”. Quienes se dirigen de esta forma a Joe Biden y le solicitan la liberación temporal del uso de patentes para la fabricación de vacunas son 170 premios nobeles y exgobernantes de muchas partes del mundo. Entre los firmantes hay figuras inimputables de anticapitalismo, como Fernando Henrique Cardoso y Mauricio Macri, lo que da una idea de la urgencia del problema. La consigna “nos cuidamos entre todos” ha trascendido la esfera individual y se instaló en ámbitos globales.