La Junta Departamental de Maldonado, con amplia mayoría nacionalista, decidió no hacer lugar al pedido de formar una comisión investigadora sobre el caso del edil colorado Luciano Fernández, quien la semana pasada había asegurado que alguien le había ofrecido una “gratificación” para que votara una autorización a la Intendencia de Maldonado para solicitar un crédito por 125 millones de dólares.

Fernández pidió la palabra al comienzo de la sesión para aclarar la situación y preservar a ediles que, según dijo, no había nombrado como partícipes del asunto.

“Lo que quiero aclarar es que cuando yo dije lo que dije en ningún momento mi intención fue arremeter contra un partido político ni contra su figura, presidente. Porque yo no sé si la persona con la cual tuve problemas actuó mandatada por alguien o actuó porque en su libre saber y entender sentía que así debía hacerlo”, indicó.

Y agregó: “Aclaro que en ningún momento se me ofreció dinero [y hago] esa aclaración para con todos los compañeros ediles, porque entiendo que se ha puesto un manto de sospecha sobre todos cuando no fue un problema con todos los ediles del Partido Nacional ni es un problema con usted tampoco, presidente”, agregó.

El edil informó que este martes había declarado ante una comisión preinvestigadora que formalmente “no tenía la potestad” de llamarlo para indagarlo. Dijo que compareció porque no tenía “nada que ocultar” y anunció que iría a declarar “todas las veces” que se lo solicitaran.

Géneros

La última sesión del legislativo tuvo varias oratorias vinculadas al 8 de marzo. Las edilas frenteamplistas presentaron una ponencia colectiva para denunciar la violencia basada en género. Las edilas blancas y coloradas mostraron matices: una legisladora nacionalista estimó que la izquierda quiere presentar el asunto como si se tratara de una “lucha de clases”.

Más tarde, el edil frenteamplista Joaquín Garlo planteó una cuestión de fueros contra el intendente Enrique Antía, quien había recomendado tomar nota de quienes no apoyaron el fideicomiso. A juicio de Garlo, el jefe comunal violó normas básicas de la vida republicana. El legislativo no aprobó su moción.