La Justicia Civil habilitó a la intendencia de Maldonado (IDM) a ceder a privados ocho hectáreas de terreno en la zona de El Chorro, informó la periodista Mónica Robaina en su artículo “Tanto remar”, publicado en el semanario Brecha. En los padrones 10.108 y 10.109, de un valor estimado de cinco millones de dólares, se construirá el residencial La Orilla-Punta del Este, propuesta que fue presentada al Ministerio de Ambiente para que evalúe el impacto ambiental.

El litigio entre la Intendencia Departamental de Maldonado y la familia Segredo por la propiedad de esos terrenos comenzó en 2012 por la vía administrativa, durante el período de gobierno de Óscar de los Santos.

La disputa continuó por la vía judicial, en 2016, cuando integrantes de la familia y las sociedades panameñas Kalin Assets SA y Arwen Inc. -que pretendían adquirir los predios- presentaron una acción de jactancia, señaló la periodista. En primera instancia el intendente Enrique Antía hizo una demanda en la que declaró los terrenos como públicos, pero luego optó por el camino contrario.

Con el objetivo de llegar a un acuerdo extrajudicial, el intendente apartó a los abogados que habían manejado el asunto hasta el momento y eligió a la directora general de Asuntos Legales de la IDM, Adriana Graziuzo, y a la subdirectora de esa cartera, Daniela Trotta, para continuar con las negociaciones por la vía administrativa.

En 2018, la JDM falló a favor del acuerdo entre la intendencia que permitía declarar la propiedad de los predios a los accionistas panameños Pablo Reynal y Álvaro Cayol de Kalin Assets SA y Arwen Inc., así como a accionistas de la panamaña Lenore SA. La moción contó con los votos favorables de los ediles blancos y colorados, mientras que ediles del FA la rechazaron.

Los privados, por su parte, aceptaron el dominio público de la faja costera y cedieron un terreno baldío sin empadronar, entre Manantiales y Balneario Buenos Aires, de un valor inferior al de los padrones disputados en El Chorro, según estimó la bancada del FA.

A pedido de los ediles de la oposición, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó en el período pasado un informe en el que dispuso que los padrones 10.108 y 10.109 correspondían a tierras fiscales y en el que acusan a las autoridades departamentes de un “eventual delito de fraude procesal”.

A pesar de la apelación de los abogados del MEF, la jueza letrada de 5º turno de Maldonado, Claudia Valetti, decidió aprobar la renuncia a la propiedad de las tierras por parte de la IDM con el decreto 4244/2018.

Pero la contienda no culminó ahí. El caso pasó a las manos de la jueza Alejandra Sánchez Altieri, quien anuló el decreto y decidió continuar con las actuaciones. Antía, sin embargo, presentó nuevos recursos en su defensa sin esperar la resolución de la jueza y en marzo de 2020 autorizó los planos de La Orilla-Punta del Este y la apertura de siete calles de acceso a la playa.

En abril, Altieri ratificó el permiso al MEF para defender los terrenos y consiguió el respaldo del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Quinto Turno, según informó Brecha. En respuesta, la directora general de Asuntos Legales envió un escrito en el que solicitó que se archiven las actuaciones. Nada de eso sirvió ya que el 1º de setiembre una tercera jueza, Gabriela Tuberosa, aceptó el desistimiento de la IDM y cerró el proceso.

El 21 de setiembre de 2021, la bancada del Frente Amplio (FA) elevó una nota al MEF, a las cámaras de diputados y senadores, al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en la que denuncian el hecho como “un regalo multimillonario en dólares”.

Según afirma, el gobierno departamental beneficia a “ciertos particulares, sin fundamento jurídico”, lo cual implica “un ataque irrespetuoso al papel que debe cumplir la justicia -que ya ha motivado una denuncia de fraude procesal- y un daño económico patrimonial a todos los que compraron terrenos en el Balneario Buenos Aires”.

Los ediles del FA apelan a resoluciones administrativas que sirven de antecedente para la defensa de la propiedad de los lotes. Entre ellas la Nº 1313, Nº 2155 y EE 2009-88-01-12436 de la Dirección General de Hacienda. Por otra parte, la nota señala que existe “una larga lista de actuaciones jurisdiccionales”, tanto de la Justicia Civil como del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que no tienen una sentencia definitiva.

Los ediles de la oposición indican que el TCA se había pronunciado a favor de la conservación de las tierras como fiscales, cuando De los Santos estaba al frente de la IDM. También señalan que en 1938, “las hermanas Píriz” aceptaron “expresamente la naturaleza fiscal de las tierras”, durante la compraventa celebrada con Víctor Sagredo.

Según la nota de la bancada del FA, de la escritura de 1938 “emerge inequívocamente que las hermanas Píriz se desprendieron de las fracciones más australes de los padrones 6012 y 6013, que hoy se pretenden reclamar como privadas identificadas con los números de padrón 10.108 y 10.109” y agregan que “las enajenantes aceptaron expresamente la naturaleza fiscal de las tierras comprendidas entre la rambla costanera y la línea superior de la ribera”.

No obstante, los planos de 1951 y 1959 de la rambla costanera sur que realizó el agrimensor Plada y que ingresó en Catastro, introdujeron un entrecomillado en la sentencia que ignoró el dominio fiscal de los padrones. Los ediles manifestaron, en cambio, que la inscripción en los planos no puede modificar la categoría de las tierras como públicas.

“Pese a la rotundidad demoledora de aquella sentencia del TCA, la doctora Graziuso y el Intendente Antía la ignoran olímpicamente y han buscado todos los vericuetos judiciales posibles, junto con los particulares interesados en quedarse con los terrenos, para evitar que el juicio original de la IDM prosiga y la Justicia se pronuncia sobre el fondo del asunto: transacciones, prórrogas, desistimientos, todo lo cual de hecho confirma que también ellos suponen que si la Justicia sigue su proceso, el pronunciamiento será similar al ya conocido en el caso de los mismos padrones, y determinará el carácter fiscal de esa franja costera”.

Por las razones expuestas en la nota, los ediles del FA propusieron a la Comisión de Legislación que la JDM reclame la presencia de Graziuzo para que asista en régimen de Comisión General. Durante la sesión del martes de la JDM, el edil frenteamplistas Federico Martínez expresó que la comuna está “sometida a ataques de intereses especulativos y millonarios” y anunció que habrá movilizaciones.