La bancada de ediles del Partido Nacional en Maldonado aprobó el Proceso de Actuación Integrada (PAI) del proyecto inmobiliario Marina Beach, el martes 16 de agosto en la sesión ordinaria de la Junta Departamental, sin los votos del Frente Amplio (FA) ni del Partido Colorado (PC).

Ante la decisión, la bancada del FA anunció que presentará una acción de amparo a la Justicia y llevará firmas al Parlamento para evitar que se lleve a cabo la iniciativa, ya que entiende que los terrenos donde se pretende edificar son fiscales.

Esta modificación introducida por la bancada del PN permitió categorizar la tierra de los padrones ubicados entre balneario Buenos Aires y San Vicente que figuraban como suelo rural con el atributo de potencialmente transformable a suburbano.

Según publicaron varios medios de comunicación en 2020, la iniciativa del proyecto Marina Beach fue presentada por Manantial del Sol SA, Coralview LLC y Lookview LLC, propietarios de los padrones 24.976, 24.977, 24.978 y 24.979 de la sexta sección catastral del departamento de Maldonado.

La bancada del FA señaló que el principal motivo por el cual no acompañaron este proyecto es que el expediente presenta más de 15 incumplimientos a las normativas de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible a nivel nacional y departamental.

El expediente, según señalaron desde la oposición en una conferencia de prensa, carece del documento que acredita la salida fiscal de la tierra. El edil por el FA Joaquín Garlo, quien elaboró un informe en minoría sobre este tema, sostuvo que la propia Intendencia Departamental de Maldonado “reconoció” no tener en su poder dicho documento, que acredita al terreno como propiedad privada.

Por su parte, el edil nacionalista Luis Artola, integrante de la Comisión de Obras del legislativo departamental y coordinador de la bancada del Partido Nacional, manifestó en una entrevista con FM Voces que “hay documentaciones y escrituras que acreditan la propiedad del bien”.

Además, aclaró que la tarea de verificar estos documentos es competencia de la Intendencia de Maldonado. “La Junta Departamental hace la transformación de la tierra rural a urbana y se establece una normativa de construcción. Eso no le da la posibilidad de realizar ninguna obra. Tiene que cumplir con todos los requisitos para hacer obras en ese lugar”, sostuvo.

“Según las escrituras, la tierra le pertenece desde hace bastante tiempo”, aseguró. El edil dijo que el propietario de esas hectáreas está pagando actualmente el tributo por contribución rural” y que a partir de la modificación del PAI comenzará a abonar contribución urbana, por lo cual el importe es mayor y beneficia a las “arcas municipales”.

“La Junta Departamental de Maldonado hace la categorización de la tierra, la Intendencia de Maldonado se beneficia porque es una cifra importante [de contribución]. luego se deberá presentar los proyectos correspondientes, si tienen planes de construir y las medidas por la marea y los retiros que debe tener sobre la ruta”, agregó.

El proyecto inmobiliario de Marina Beach incluye 26 casas y un hotel sobre la playa, según contó el FA. Sin embargo, Artola lo negó: “No hay ningún proyecto, ni siquiera extraoficialmente. Hubo otros propietarios en ese lugar, hay predios ahí mismo que el Estado ha rematado judicialmente, como los de Lázaro Báez. Hay antecedentes más que comprobados de que toda esa franja costera es privada”, indicó.

También subrayó que existen informes de impacto ambiental de la zona y que la decisión de la bancada nacionalista se ampara en la resolución del director nacional de Medio Ambiente, Eduardo Andrés López, quien autorizó la transformación de la tierra. “Está escrita en el expediente”.

“Puede haber discrepancias [con el FA] y son justas, pero no está bien que se agreguen cosas que no son así, no se le está dando la autorización de construir. Las partes costeras son muy cuidadas”, concluyó.

No obstante, el FA llevará adelante dos recursos legales para detener la obra. En primer lugar, presentará una acción de amparo territorial basada en el artículo 6 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y la segunda es la recolección de 1.000 firmas de los ciudadanos para “defender” la costa, que serán enviadas al Parlamento. En ese sentido, la mesa política del Frente Amplio departamental resolvió este lunes respaldar a la bancada de ediles para llevar adelante estos recursos.