La Liga de José Ignacio, vecinos de las chacras Las Portuguesas, el académico Néstor Mazzeo y la abogada ambiental María Victoria Pereira pidieron al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, que “regule de forma específica” la protección de cuerpos de agua y humedales asociados a Laguna Escondida, Laguna Blanca y Laguna del Sauce, en el departamento de Maldonado.

La petición, enviada mediante una carta a la que accedió la diaria, apunta a la calidad del agua, por tratarse de humedales de importancia ambiental si se tiene en cuenta su extensión, ubicación y relevancia ecosistémica. Además, las tres lagunas tienen una relevancia social en tanto son fuentes de agua para OSE para abastecer a parte de la población de Maldonado, y constituyen ecosistemas de alto valor en biodiversidad.

Los grupos ambientales llevan meses, en algún caso años, advirtiendo sobre las intervenciones de propietarios de padrones en la zona de humedales, abriendo tajamares o calles sin autorización del Ministerio de Ambiente (MA) y sin control de la Intendencia Departamental de Maldonado, que sí tiene normativas para proteger ese delicado entorno. A pesar de las denuncias, por las cuales se abrieron varios expedientes en diferentes direcciones ministeriales, todo continúa incambiado, señaló a la diaria Pereira, quien suscribe la petición en nombre de todas las personas y agrupaciones preocupadas por esta situación.

Uno de los aspectos más alarmantes es que existen informes de técnicos del MA y de académicos como el doctor Mazzeo, docente e investigador del Centro Universitario Regional Este (CURE), donde advierten sobre el impacto que han generado los fraccionamientos, agravado por las intervenciones humanas en los humedales.

En julio pasado, en una multitudinaria reunión realizada en La Juanita, diversos expertos y técnicos remarcaron la ausencia estatal en los controles y bajaron a tierra los resultados de las investigaciones respecto de la vulnerabilidad y los riesgos de no tomar acciones inmediatas.

Sin embargo, nada ha cambiado desde entonces. La gota que derramó el vaso y motivó la petición formal al ministro Bouvier fue el archivo “sin consecuencias” del expediente de una denuncia radicada en el MA por irregularidades en Laguna Blanca. Según Pereira, no hay ningún fundamento para archivar.

Obras ilegales

La batalla ambiental por lograr respuesta de los organismos con injerencia en el tema ha sido larga y lo más preocupante, de acuerdo a los activistas, es que los tomadores de decisión no han contemplado los diversos informes realizados por los técnicos de la cartera.

En la fundamentación de su petición, los ambientalistas repasan los resultados de “diversas obras ilegales realizadas sobre los ecosistemas que las constituyen”. Como consecuencia de una de las denuncias realizadas en 2022 en Laguna Blanca, el 28 de abril de este año los técnicos ministeriales Luis Reolón y Virginia Fernández presentaron una propuesta de protección de la calidad del agua (a través de la protección ambiental del humedal costero) para las tres lagunas.

A raíz de otra denuncia por obras ilegales en los humedales de La Escondida, el 19 de julio de este año se solicitó al MA que “gestionara de forma integral los antecedentes de los expedientes relacionados” con anteriores denuncias similares en la misma zona. Paralelamente, reclamaron al ministerio que regulara la protección de humedales y cuerpos de agua, “basándose en los antecedentes científicos y técnicos” que formaban parte de los diferentes expedientes. Hace pocos días se presentó una nueva denuncia de obras ilegales sobre humedales en la Laguna Blanca, sumando con ello mayores fundamentos.

A pesar de todo, los ambientalistas tomaron conocimiento de que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) “archivó el pasado 3 de octubre” uno de los expedientes, “no previéndose ninguna multa ni restitución del humedal de la Laguna Blanca a las condiciones existentes previas a la ejecución de la intervención ilegal”. Agregan que la Dinacea “tampoco se ha pronunciado respecto de la propuesta de protección de los humedales presentada por técnicos del propio ministerio”.

Atender a quienes saben

“Se entiende esencial que los humedales de las referidas lagunas sean expresamente declarados por parte del Poder Ejecutivo como humedales de importancia ambiental”, en base al artículo 159 del Código de Aguas, en su redacción aprobada por la Ley 19.670, plantean en el documento.

A juicio de los peticionantes, “es medular” atender las propuestas planteadas y ampliar particularmente la realizada por los técnicos Reolón y Fernández, agregando una propuesta de normativa específica. Además, mencionan otro informe realizado por la técnica Laura Mello, donde se constata el valor de estos ecosistemas ya enunciado por la bióloga Mariana Nin, también técnica del MA.

Para ejemplificar la magnitud del impacto en la zona, señalaron al ministro que pese a la enorme sequía que se registraba a mediados de este año, constataron que un tajamar abierto en el humedal de La Escondida se llenó de agua en apenas 24 horas. “Esto confirma que los humedales están insertos sobre un manantial que debe ser protegido”, remarcó Pereira a este medio.

Además de pedir a las autoridades que incluyan los reportes de los técnicos, también se solicita que se anexen a los expedientes los informes elaborados por el CURE durante el verano pasado; un trabajo realizado por convenio entre este centro de la Universidad de la República y la OSE. Una segunda investigación, también desarrollada por el CURE en un relevamiento terrestres de especies de flora y fauna de la Laguna Escondida, también debería ser considerado, opinan.

Otro de los puntos advertidos al ministro es la necesidad de abordar estas situaciones desde una óptica integral y transversal. “Esto requiere un análisis y estudio integrado de la Dinacea, Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y de la Dirección Nacional de Aguas”, enfatizó Pereira.

Crear una Comisión de Cuenca

Por otra parte, basados en el informe de Reolón, piden la creación de una Comisión de Cuenca para las lagunas Escondida y Blanca, similar a la que funciona desde hace años en Laguna del Sauce. Esto ya había sido planteado ante la Dirección Nacional de Aguas por la Liga de José Ignacio y el Instituto Saras, dedicado a investigaciones ecosistémicas desde el balneario Bella Vista en conjunto con el CURE.

“Sería conveniente que existiera un plan de acción de protección ambiental de toda la cuenca hídrica y acuíferos que son o pueden ser a futuro fuentes de agua potable para el territorio nacional. Conservar la matriz de campo natural y los humedales asociados, entre otros, surgen como componentes claves para la calidad de las aguas”, refiere la carta, en alusión al planteo de Reolón.

Por último, recuerdan el mandato constitucional de que la Política Nacional de Aguas debe basarse en la “gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general”. Paralelamente, los procesos de planificación, gestión y control de los recursos hídricos deben tener activa participación de los usuarios y de la sociedad civil.

Tras exponer sus fundamentos, los peticionantes reclaman que se dispongan “con urgencia” las recomendaciones técnicas para la “restitución de los humedales al estado previo a las obras ilegales”. “El paso del tiempo genera una mayor afectación de los humedales, y mayores consecuencias negativas sobre la calidad del agua y el ecosistema en general”, concluyen.

Pereira lamentó no sólo que las autoridades no contemplen la protección ambiental, que es su cometido, sino que tampoco observan la situación desde una perspectiva económica. “Si se afecta la biodiversidad de la laguna, eso impactará en la calidad del agua y, por ende, en las urbanizaciones cercanas. Hay una importancia económica, social y ambiental que el Estado no visualiza”, indicó.